«Hay temor de que los proyectos turísticos sirvan para el lavado de dinero»
Por Carmen Victoria Inojosa
Las universidades de Venezuela no han sido una fuente de consulta o de asesoría para medir los efectos ambientales de la ejecución de proyectos turísticos. Según Vilisa Morón, presidenta de la Sociedad Venezolana de Ecología, no ha prevalecido la evidencia científica sino la “línea política”.
Morón advierte del daño y deterioro ambiental provocado en los últimos años con la construcción de grandes hoteles y planes turísticos en La Tortuga, Los Roques, Mochima o el Parque Nacional Canaima, como parte del llamado Motor Turismo. Pero va más allá, teme que estos negocios “solo van a enriquecer a empresas o a servir para el lavado de dinero”.
Enfatiza en que el hecho de que no se hagan estudios de impacto ambiental, o de que no exista transparencia en estos proyectos, es una forma de corrupción:
“Cuando se otorgan permisos para actividades que, en el caso de los parques nacionales, no están contempladas, eso ya es un hecho de corrupción. Dar un permiso saltando lo que dice la ley es un hecho de corrupción”.
En medio de la crisis ambiental en Venezuela, ¿cuál ha sido el rol de las universidades en esta área?
Cuando no hay transparencia ni intención por parte del Estado de utilizar la mejor evidencia científica, entonces no hay puentes entre las universidades y las instituciones. Carecemos de personas que entren a las universidades y sepan divulgar el conocimiento científico, y carecemos de personal técnico en las instituciones gubernamentales que sepan cómo buscar y cómo acercarse a las universidades. No todos los técnicos de los ministerios tienen la capacidad de consultar revistas científicas, para extraer la información ambiental y que eso les sirva para la planificación y para la toma de decisiones.
Por un lado, la desvinculación del Estado y, por otro, la pérdida de capacidad de las universidades en investigación ambiental. ¿Quién asume y hace frente a la situación?
La sociedad civil ha tenido un rol importante y capacidad de acción. Puede dar respuestas que no puede dar la universidad. Algunas empresas siguen financiando directamente proyectos, a nivel internacional, lo que ha permitido crear enlaces para que algunos proyectos se mantengan. En una documentación que hicimos con Aula Abierta, solo 40% de las líneas de investigación se mantienen vivas.
Considerando eso, ¿cuál es la situación de las estaciones experimentales y biológicas de las universidades? ¿Cuáles de las que fueron muy activas en el pasado, por ejemplo, han cerrado o no están funcionando?
La Universidad de Oriente es uno de los ejemplos más dramáticos. El barco que se usaba para la investigación de variables marinas, oceánicas, está totalmente destruido. Ya no se puede utilizar y fue un barco que prestó apoyo a toda la línea base que se levantó para la actividad petrolera. La Universidad Simón Bolívar contaba con una estación biológica que era un sitio de estadía para estudiantes y profesores. Dejó de utilizarse porque las últimas veces que asistieron a prácticas, los robaron. La Estación Biológica Rancho Grande, que está dentro del Parque Nacional Henri Pittier, nunca se concluyó su construcción, a pesar de que ha sido uno de los sitios que más han utilizado investigadores nacionales e internacionales por estar en un lugar de mucha importancia ecológica. En los dos últimos años terminaron de robarse lo último que quedaba en la estación.
Estación Biológica Rancho grande
Ante la falta de transparencia, investigar es más necesario que nunca. ¿Pero entonces cuál es la capacidad real de las universidades para levantar información sobre especies amenazadas, ríos, aguas contaminadas, explotación forestal y toda la actividad minera?
En años atrás ya se había levantado una línea base que está bastante avanzada de la situación de diferentes especies y ecosistemas. No hay que comenzar de cero. Eso es importante, porque en medio del desastre que se ve, se piensa que no se sabe nada. Tenemos que recuperar esos datos que existen. La capacidad de ahora de hacer estudios y análisis con el personal que tenemos, que ronda entre 40% y 60% de los profesores, depende del financiamiento. Se han seguido haciendo cosas, pero no se puede pretender un observatorio de derrames petroleros porque lo van a cerrar. Cuando son cosas muy llamativas, al estar bajo un régimen dictatorial, son un blanco fácil. Entonces toda la investigación se puede hacer sin hacer tanto ruido.
Usted habla de investigar “sin hacer tanto ruido”. ¿Qué tan arriesgado resulta para los investigadores hacer estudios ambientales en el país?
Con la investigación científica, existe la opción de no identificar quién fue el autor del documento. El profesor Eduardo Klein, de la Universidad Simón Bolívar, está haciendo seguimiento de los derrames petroleros, pero él está en Australia. Un profesor que esté en Venezuela no puede hacer el seguimiento porque le van a llegar a la casa. Hay que revelar la información cuando ya hay tanta evidencia que, por lo que vas a decir, no te van a meter preso. Es como tener una pared de seguridad que va a disminuir el riesgo. En Venezuela todo el que documenta sabe que está en riesgo. Sabemos que no podemos llegar a un parque y decir que vas a tomar una muestra del río para medir la contaminación. Dependiendo de quién te consigas, te pueden quitar las muestras.
Ante la ruptura entre el Estado y las universidades, ¿cuál es el nivel de incidencia de las universidades en las políticas públicas ambientales?
No ha habido ningún tipo de consulta, ni asesoría por parte de las universidades. Cuando hay asesorías, han sido puntuales con laboratorios que tienen una reconocida línea política a favor.
Es decir, no prevalece la rigurosidad de la investigación científica sino lo político.
No, no se forma un grupo de trabajo multidisciplinario, ni necesariamente con los expertos adecuados. Hasta 2012 que hubo evaluaciones de contaminación de mercurio en poblaciones indígenas y en El Callao, cuando las investigaciones arrojaron datos alarmantes, la decisión fue no mostrar datos. Cuando se ha levantado la información de forma correcta, la han ocultado. Todo lo que debería estar disponible en el Instituto Nacional de Estadística o en los diferentes ministerios no está. No ha habido solicitudes formales y la incidencia de las universidades es nula. Sobre los proyectos turísticos, lo que está ocurriendo en Los Roques, en el Parque Nacional El Ávila, San Esteban, Morrocoy, Canaima; es que están buscando utilizarlos con una visión turística diferente a la visión conservacionista que tenía el país. Ahora es una visión de grandes hoteles y quintas. Las autoridades ambientales ya no velan por su objetivo de conservar estos espacios, sino que la línea política es lo que define el accionar. No se están regulando estas actividades. Se está acomodando todo para esta nueva visión de los espacios naturales.
¿Ustedes han solicitado información al Estado, por ejemplo, sobre cómo se otorgan las licencias para la construcción de grandes hoteles en los parques y si hubo estudios de impacto ambiental?
El que otorga el permiso es el ministerio. En cuanto a los hoteles o actividades que se quieran ejecutar, tienen que entregar un estudio del impacto ambiental. Esto lo pueden pedir a consultoras o laboratorios, y el ministerio debe evaluarlo. Esas evaluaciones las hace el personal técnico y, dependiendo de la magnitud del proyecto, pueden pedir asesoría a las universidades. Tenemos el caso de un cableado que instalaron para un hotel en el Refugio de Fauna Silvestre de Cuare, en el estado Falcón. Es un humedal muy importante internacionalmente, porque pasan aves giratorias. Activistas se opusieron a esa construcción. Hicieron seguimiento de cuántos flamencos se había llevado por delante el cableado y enviaron el informe al Ministerio de Ecosocialismo. No hubo respuesta.
Entre Cuare y Morrocoy le dieron permiso a otra empresa para construir un hotel y hacer unos canales en las zonas de los manglares. Para esto también se levantaron informes técnicos que se llevaron al ministerio. Eso todavía está en discusión, pero igual siguió la construcción. No hay interés en conocer el punto de vista científico, los efectos de todas estas construcciones, ni los efectos de un turismo de alto nivel en esas zonas de gran riqueza ecológica. Entonces, uno de los grandes miedos, además de la destrucción y el deterioro ambiental, es que sean negocios que solo van a enriquecer a empresas o que van a servir también de lavado de dinero.
¿Y en qué medida ustedes como investigadores tienen un espacio para documentar o denunciar estos hechos de corrupción relacionados con el ambiente?
Al menos desde las ciencias ambientales, los investigadores no han tenido ese interés porque no es su línea. Pueden levantar la información de los impactos y prestar apoyo a las organizaciones no gubernamentales, para hacer seguimiento y estar detrás de los nombres de los dueños. Por ejemplo, la Plataforma Contra el Arco Minero hizo una denuncia en Fiscalía sobre la inconstitucionalidad de ese proyecto, porque no había pasado por la Asamblea Nacional. Aunque hicieron todo el seguimiento formal de la denuncia, no hubo respuesta. En el caso del cableado en Cuare, tampoco hubo respuesta. Sobre los derrames petroleros, hay una organización que ha hecho las denuncias formales de los derrames, de cuánto han impactado a los pueblos, y no hay respuesta. Lo que ocurre es que te aceptan el documento, inicia el proceso, pero no hay una respuesta efectiva a ese proceso que iniciaste.
¿Qué ejemplos hay de hechos de corrupción que afectan al ambiente? ¿Cómo un ciudadano puede identificar que un caso ambiental puede estar relacionado con un hecho de corrupción?
Cuando se otorgan permisos para actividades que, en el caso de los parques nacionales, no están contempladas, eso ya es un hecho de corrupción. Dar un permiso saltando lo que dice la Ley es un hecho de corrupción, porque uno se tiene que preguntar la razón de eso. En el caso de los canales de Cuare, ese permiso que se otorgó fue un proceso viciado. En el caso de las quintas del Parque Nacional de Ávila, todos dicen que tienen permiso. Dar el permiso para una actividad que no está regulada o prohibida en la Ley, indica que detrás hay un proceso de corrupción. Entonces, tal vez la autoridad no dio permiso, pero hay guardaparques y no se detiene la construcción. Hay una omisión del regulador.
Con estos daños ambientales de los últimos años, ¿cuál debería ser la respuesta de la comunidad internacional?
Cuando se habla de temas ambientales, lamentablemente se suele politizar. No ha habido una comunicación efectiva por parte de las universidades o las organizaciones ambientales hacia afuera. Por muchos años hemos dicho cosas, pero están solo en español. Para muchas cosas ambientales, necesitan una contraparte gubernamental, y en nuestro caso no la tenemos. Por ejemplo, para todos los fondos de cambio climático, todos estos grupos que destinan fondos para adaptación o para mitigación, necesitas tener una autoridad nacional. Esa oficina nacional no se ha creado. Sin embargo, ahora hay una mayor atención en lo que pasa en el país, porque organizaciones están visibilizando la problemática en otros idiomas y están ocupando espacios que antes no eran ocupados.
Ya que menciona a algunos actores, ¿quiénes han sido o son los responsables de los riesgos y casos de corrupción vinculados a los daños ambientales?
Las autoridades, tanto de Inparques (Instituto Nacional de Parques) como del Ministerio de Ecosocialismo, son los primeros responsables, al ser quienes otorgan los permisos. Es donde se inicia la corrupción. En el caso de los derrames petroleros, es Pdvsa (Petróleos de Venezuela). En el caso del Arco Minero, por un lado, tienes al Ministerio de Energía y al Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico. Pero como la minería requiere combustible y de ciertas condiciones que pueden otorgar otros agentes del Estado, como la Guardia Nacional y el Ejército, las Fuerzas Armadas. El responsable de cómo llega la gasolina a las minas son las Fuerzas Armadas. El traslado de la gasolina por los ríos, ahí tiene que estar vinculada la Naval, entonces, por omisión o por el hecho de darle permiso.
Fotos: Mairet Chourio y archivo
