«El Estado excluye a las organizaciones civiles ambientalistas de toda discusión»
Por Cristina González
En el marco de la crisis de corrupción en el país, ¿qué relación hay entre la corrupción y la degradación del ambiente?
—Eduardo Gudynas, un investigador uruguayo en temas de corrupción y minería, ha señalado que toda minería produce corrupción por naturaleza, en todas partes del mundo. Si tú tienes un negocio que produce mucho dinero, lo menos que vas a querer es que alguien te lo controle.
El Estado excluye a las organizaciones civiles ambientalistas de toda discusión
Como biólogo y activista de derechos humanos, Alejandro Álvarez Iragorry tiene más de 20 años de trayectoria en el sector ambiental venezolano.
Una de las cosas que lamenta es que el Estado venezolano no suscriba el Acuerdo de Escazú, un tratado ambiental de Latinoamérica y el Caribe, que compromete a los gobiernos a garantizar acceso a la información, participación y justicia en temas ambientales.
“Actualmente la estructura legal que se va imponiendo en el país crea su nueva participación, la participación comunal. La nueva Ley Orgánica del Agua, que ahorita se está discutiendo, incluye, en la parte de participación, solamente a la estructura del Estado comunal. El resto no existimos”.
En esta entrevista exploramos cómo la opacidad, la negligencia y el abuso de poder afectan el derecho de los venezolanos a un medio ambiente sano.
En el marco de la crisis de corrupción en el país, ¿qué relación hay entre la corrupción y la degradación del ambiente?
—Eduardo Gudynas, un investigador uruguayo en temas de corrupción y minería, ha señalado que toda minería produce corrupción por naturaleza, en todas partes del mundo. Si tú tienes un negocio que produce mucho dinero, lo menos que vas a querer es que alguien te lo controle.
¿Qué se puede hacer en este contexto?
—Lo que la sociedad civil puede hacer en este momento es convertir al tema ambiental en un gran tema político. Que todos nos demos cuenta de que la conservación ambiental no es un tema de ambientalistas o de ecólogos; es un tema de ciudadanos, de nuestra necesidad de protegernos a nosotros mismos y proteger a nuestros hijos, de tener un futuro posible.
¿Qué condiciones considera que en Venezuela abren la puerta a la corrupción en el área ambiental?
—Hay unos estándares de ética correctos que no tienen que ver con la legalidad o la ilegalidad. Una de las grandes catástrofes ambientales en América Latina fue la ruptura de un embalse con una gran cantidad de materiales extraídos de una mina, con alto contenido de cianuro. Después de unas lluvias no muy grandes, ese embalse, que ya se había informado que estaba afectado, se reventó. Un pueblo desapareció. Todo lo que estaba en un río, hasta su desembocadura en el mar, murió. A la empresa le pusieron una multa. Todos los papeles estaban en regla. Y así hay muchos ejemplos.
¿Hay un camino por recorrer en la parte legal?
—Ahorita hay una cantidad de gente en el mundo buscando presionar para crear la definición legal de ecocidio y convertirlo en crimen de lesa humanidad, para que eso sea de carácter penal y no dependa de las irregularidades de los gobiernos nacionales. Y tú desde cualquier parte del mundo puedas acusar de ecocidio al gobierno, a una empresa o a un grupo de personas y tener una base legal suficiente para hacer eso.
¿A qué se debe que el Estado venezolano aún no haya suscrito el Acuerdo de Escazú, como primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe?
—Nunca le ha interesado. El Acuerdo de Escazú nace como una propuesta de un grupo de países durante lo que se llamó Río+20 (Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 2012). Venezuela desde el principio no participó en ninguno de los elementos de discusión. Tampoco lo suscribió. Ni va a ocurrir con el actual gobierno.
¿Cuáles son los principales desafíos ambientales en la Venezuela actual?
—Vamos a ver a Venezuela geográficamente. Tiene un norte-costero, donde está la mayor parte de la población. Al sur del río Orinoco hay mucho menos población. Ahora bien, el agua no está distribuida de manera igual: al sur está más de 80% del agua potable de Venezuela. Entonces, el primer problema grave ambiental es un problema de agua. Este problema se ha incrementado por una mezcla de situaciones bien complejas. Desde hace más de 10 años hay una situación de características ambientales-meteorológicas, que los especialistas llaman sequía meteorológica. Eso significa que cada año llueve menos que el promedio de lo que se espera para ese año.
¿Y esto sólo pasa en Venezuela o en la región latinoamericana?
—No, no. Es regional. A Colombia le ha afectado muy particularmente esta sequía meteorológica. Pero adicionalmente a eso, están los fenómenos meteorológicos de El Niño y La Niña. Y el cambio climático se monta sobre todo esto. Ahora, todo esto es natural. A eso súmale la corrupción, la destrucción de la institucionalidad ambiental, la destrucción de todo el sistema de aguas del país, falta de mantenimiento, sub-financiamiento, desidia y criminalidad. Porque la corrupción, a cierto nivel, es crimen de lesa humanidad. Crearon un embalse en la zona oriental de Falcón, donde no era posible crear un embalse, porque no había ni agua suficiente ni capacidad del suelo de soportar esa agua. Esperaron un año a que lloviera mucho, se llenó el embalse, hicieron un enorme acueducto para llevar esa agua hacia Coro y hacia Paraguaná, y después nunca hubo agua para llenar eso.
Entonces el agua es el principal desafío.
—Sí, en esta zona norte del país. Los sitios extremos son los que están más al norte, donde ya existía una condición considerada como semiárida. La Península de La Guajira, Paraguaná, la zona de Araya en Sucre y Margarita cada vez tienen menor cantidad de agua disponible.
¿Y en las otras zonas del país?
—Al sur del Orinoco está ocurriendo un sistema de destrucción masiva: todo el sistema minero. Cuando Chávez en 2011 anunció la creación del Arco Minero, dijo que había que sacar las mafias que estaban destruyendo la naturaleza allí. En vez de sacarlas, las mafias agarraron cada vez más fuerza. Y sencillamente hay un sistema de saqueo de recursos. En Venezuela, el oro históricamente se conseguía, en muy poca cantidad, en el extremo oriental del estado Bolívar. En el resto de la zona había pequeñas cantidades de oro que se conseguían en los sedimentos de ríos. Indígenas colaban y sacaban pequeñas piezas de oro, con casi ningún impacto. Ese negocio se expandió con el Arco Minero y con el aumento del precio del oro a nivel internacional, como nunca antes había subido. Entonces, de lo que era la zona baja de El Callao, se fue expandiendo, y ocupó toda la cuenca del Caroní. Posteriormente la cuenca del Caura. Y después ocurrió a todo lo largo del Amazonas. En este momento en todos los grandes ríos está extrayendo oro.
¿Qué impactos ambientales hay en el centro del país?
—En la parte central del país, hay destrucción de bosques, aunque en épocas pasadas este problema ha estado más grave.
Ante este panorama, ¿qué papel desempeñan las organizaciones civiles dedicadas al área ambiental?
—Las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela tienen una particularidad que las hace diferentes con respecto a otras organizaciones de América Latina, porque una organización en Ecuador, Bolivia, o incluso Brasil, estaba en un país que necesitaba ayuda internacional. Venezuela había sido un país petrolero que no necesitaba ayuda internacional. Incluso hoy ha costado mucho entender la realidad venezolana. Entonces las organizaciones de los otros países podían recibir fondos importantes para hacer proyectos ambientales y se hicieron competitivas en la búsqueda de fondos internacionales. Pero Venezuela no podía porque no era un país para ser considerado por un donante. Dependíamos de fondos pequeños dentro del país. Las organizaciones ambientales en Venezuela se crearon como organizaciones pequeñas y dependientes del papá Estado.
Y eso cambió.
—Sí, de repente las cosas cambiaron. Ya el gobierno no te daba ni un centavo. Ahora no había dinero de adentro, ni dinero de afuera. Las organizaciones empezaron a desaparecer. Yo estuve en el comité coordinador de la red ARA, que fue la organización más importante en el país y teníamos 32 organizaciones. De esas 32, no llegan a 5 las que se mantienen activas.
¿Cuántas organizaciones hay ahora?
—Se han creado en los últimos cuatro años algunas organizaciones. Este año creamos una alianza de organizaciones por el tema del cambio climático y somos 19, pero casi todas pequeñas, nuevas, muy débiles. Se llama Alianza por la Acción Climática de Venezuela. ¿Qué estamos intentando? primero, sobrevivir; y segundo, tener relevancia: tener capacidad de decirle algo a una sociedad donde la hegemonía comunicacional es muy dura.
A pesar de que nunca han contado con grandes fondos, ¿las organizaciones civiles antes tenían mayor o menor influencia de la que tienen ahora?
—Venezuela era un país desarrollista –un país desarrollista destruye– con un bagaje ambientalista. Carlos Andrés Pérez fue un extraordinario personaje de ese tema. Fue el creador del Ministerio del Ambiente, en un modelo petrolero desarrollista. Esa contradicción fue compleja, pero funcionó de cierta manera para un país que generó controles al desarrollo hasta cierto punto. Tú no puedes ser desarrollista y ambientalista a la vez. Sin embargo, lo ambiental tuvo un peso político. Carlos Andrés Pérez creó, durante esos periodos de desarrollismo, más parques nacionales que el resto de los presidentes y creó una legislación ambiental que todavía es buena. Había una institucionalidad, con unas organizaciones que funcionaban en ese contexto. A la llegada de Chávez, esto se polariza como ocurrió en todo el país: organizaciones progresistas/pro-chavistas y el resto calificadas como de derecha. A la mayor parte de las organizaciones de la red ARA nos etiquetaron así.
¿Cómo ha sido esa relación con el Estado?
—Nos han excluido de toda discusión y actualmente la estructura legal que se va imponiendo en el país crea su nueva participación, la participación comunal. La nueva Ley Orgánica del Agua que ahorita se está discutiendo incluye, en la parte de participación, solamente a toda la estructura del Estado comunal: las mesas técnicas de agua, los consejos comunales y las ciudades comunales. El resto no existimos.
¿Cuál considera que son los desafíos de hacer contraloría ambiental?
—América Latina es el hemisferio más peligroso en el mundo para hacer defensa de Derechos Humanos ambientales. El número de asesinados es el más grande en todo el globo. Venezuela no aparece en esa estadística. ¿Porque en Venezuela es fácil? No. Porque en Venezuela la hegemonía comunicacional y el poder del Estado es tan grande que no es posible hacerlo. El número de personas que han sido afectadas, agredidas, en particular campesinos e indígenas, es enorme. Nunca salen en ninguna parte. Las organizaciones internacionales que trabajan en estas cosas callan. Entonces es un riesgo grande y complejo. Es meterse con intereses económicos muy fuertes.
Fotos: Mairet Chourio y archivo
