«Es urgente la formación jurídico-ambiental en Venezuela»

Por Cristina González

¿En qué consiste la ecología política? ¿Cuál es el aporte de esta visión al sector ambiental?

—Es un campo de estudio, una perspectiva particular, que tiene un proceso de consolidación desde los años ochenta. Se analizan las desigualdades y las relaciones de poder que se expresan en las disputas por lo ambiental. La poca atención de lo ambiental es una tradición del pensamiento moderno en general; se le ha puesto mucha atención a la dinámica de los partidos y el Estado, y a lo económico. Lo que pasa en el mundo de lo ecológico y su distribución tiene poca atención. La ecología política mira eso, pero mira las relaciones de poder. Es decir, que es un asunto eminentemente político.

¿Podemos identificar una relación entre hechos de corrupción y el deterioro del medio ambiente en el país?

—Sí, complemente. El sistema venezolano y los sistemas latinoamericanos son sistemas basados en la apropiación y la explotación de la naturaleza. El enriquecimiento en Venezuela, y hoy sigue siendo un ejemplo de eso, es fundamentalmente sobre los recursos de la naturaleza. Los sistemas de poder hoy en Venezuela, inclusive los ilícitos, sea la guerrilla, sea una banda criminal; están explotando la naturaleza. Tráfico de madera, tráfico de especies, minería de coltán, minería de diamantes, minería de oro. Y el tema de la corrupción es importante porque más allá de los ilícitos, hay ilícitos ambientales, de los que se habla menos, porque es un ámbito sin voz. No es lo mismo que un sector de la población se queje, a un bosque que no tiene cómo quejarse, a menos que tenga sus dolientes que salgan a protestar.

¿Cuál es el papel de las instituciones, según lo que han podido ver en la documentación de conflictos socio-ambientales, en materia de justicia ambiental?

—Terrible, lamentablemente. Lo que pasa es que en los tiempos de Chávez la noción de justicia cambió. Era algo así como decir: “la justicia soy yo”. Lo que se podía entender como separación de Poderes, en el Estado chavista se fusionó, se volvió más vertical en torno a la figura de Chávez y del partido. ¿Qué significa eso? Este sector se está quejando de un problema ambiental acá… Por un lado: “son contrarrevolucionarios”. Por el otro lado: “compañeros, van a afectar el proceso”. Además, a Pdvsa (Petróleos de Venezuela) no se le puede discutir nada. Por ejemplo, poco se ha hablado de los enfermos por los mechurrios, gente que vive al lado de los mechurrios con enfermedades de todo tipo. Y de eso no se puede hablar porque Pdvsa no se toca.

¿Y las instancias creadas específicamente para el tema ambiental? ¿Fiscalías ambientales, por ejemplo? ¿Son actores totalmente ausentes? ¿La ciudadanía los conoce o no los conoce?

—Aquí habría que hacer un trabajo sobre cultura del derecho ambiental. Hay una relación que siempre es bueno reflejar: lo institucional también es algo dinámico. Significa que lo institucional responde a las demandas sociales. Es decir, la institución también es lo que la sociedad le demanda. Si una sociedad no tiene cultura de, por ejemplo, demanda del derecho a la información y a la consulta, la institución ni da, ni se acostumbra a una cultura de dar información. Sí hay una fiscalía ambiental, pero, por un lado, poco se usa; y, por otro lado, siempre se recurre a dilaciones.

¿En los conflictos socio-ambientales que han estudiado se han hecho denuncias formales?

Nosotros analizamos los conflictos y solo en algunos, no en la mayoría, los actores utilizan recursos judiciales. El efecto en realidad es más político que institucional.

No consiguen una sentencia, pero sí un cambio.

—Sí, pueden lograr visibilidad y tiene un efecto más en lo político que en lo procedimental. Y hay casos de casos, porque algunos toman una medida institucional que no necesariamente es jurídica. Para el Cerro La Vieja, en el caso de la minería de carbón en el Zulia, las comunidades y las organizaciones lograron, con una gestión política, que el alcalde declarara al Cerro como un patrimonio municipal.

¿Qué formación sería pertinente para las comunidades en este sentido?

—Jurídico-ambiental. Esa es una formación urgente.

De acuerdo a lo que han ido registrando, ¿cuáles serían los principales conflictos socio-ambientales en la Venezuela de hoy?

—Voy a enumerar algunas cosas, insistiendo en que debemos verlo integralmente. Hay varios problemas que podríamos mirar así en precisión. Uno es el problema del agua. El problema del acceso ciudadano al agua está relacionado con la crisis del petro-Estado, porque la institucionalidad del agua fue construida en torno a la renta petrolera. Si quitas la renta, te queda el vacío. Pero el problema de fondo es el problema de las cuencas hidrográficas, que han sido afectadas históricamente por la industria petrolera, el modelo agroindustrial, desechos industriales, y a eso se le está uniendo la coyuntura de la crisis, que ha generado una apropiación caótica de los recursos, en cierta medida ilegal y criminal. Por ejemplo, un conflicto en el Río Turbio; extracción de arena por militares, que afecta la cuenca del río. Militares desviando ríos. Corrupción. Aquí hay un problema territorial. Tenemos un nuevo feudalismo: los gobernadores, los grupos criminales o los militares de la zona hacen usufructo. Eso tiene un impacto en las cuencas hidrográficas.

¿Qué otros conflictos identifican además del problema del agua?

—El tema de la deforestación, que está relacionado con la afectación de las cuencas hidrográficas. La FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) es la que levanta esos datos. Claro, con ausencia de datos, hay unas estimaciones que indican una mayor deforestación en proporción, en tasas.

¿Esos serían los problemas más urgentes en este momento?

—Sí. Podemos mencionar también el problema de los desechos en Venezuela, con las disputas por el control de los vertederos.

Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) plantea que los Estados deben evaluar la corrupción como uno de los factores de origen de la violencia contra quienes trabajan defendiendo los derechos humanos, y considerar particularmente el riesgo agravado para defensores ambientalistas que investigan y denuncian hechos de corrupción ambiental. ¿Qué riesgos corren en este sentido las personas y comunidades que denuncian la corrupción asociada a la degradación del ambiente?

—Todos. Los riesgos son todos los posibles. Depende del nivel de confrontación que asuman esas comunidades. Lamentablemente es así. Y hay zonas más violentas que otras. Comunidades que van al sitio donde se está metiendo un proyecto minero y le salen unos encapuchados. Y son riesgos y amenazas que viven estos sectores ante poderes locales. No en vano la gente tiene miedo.

¿Qué mecanismos se podrían activar nacional e internacionalmente para proteger a estos actores que denuncian?

—Creo que primero tiene que haber cierta formación. Me refiero a una mayor concientización de lo que significa la defensa del territorio, de los bienes comunes, de los recursos, y por ende de la defensa ambiental. Que puedan entrar en ese paraguas, y luego formalizar unos vínculos entre esos defensores con recursos como medidas cautelares, y estrategias como la de la visibilización para proteger; la articulación con organizaciones internacionales de defensores ambientales, que me parece importante, porque también tiene un efecto político. Pero yo diría que la conciencia de un líder ambiental, como está en otros países, aquí hay que labrarla un poco más.

Por lo pronto, ¿cómo la ciudadanía en general puede identificar y alertar irregularidades de abuso de poder o corrupción que generan costos ambientales?

Un ejercicio de poder político ciudadano tiene que pasar por una concientización y una revisión de las legislaciones que finalmente nos protegen, que nos dan este marco de derechos, que incluyen lo ambiental. En nuestros territorios más próximos, hay una especie de ordenanzas municipales o de áreas protegidas que dan las pautas y la normativa, que luego nos permiten actuar ante una irregularidad: si vemos que empiezan a deforestar, a desviar un río o a construir en un sitio donde no se había construido. Nos podemos dar cuenta de que se está violando la normativa y el derecho a la información porque nunca nos dijeron, nunca nos avisaron.

Fotos: Mairet Chourio y archivo