Bolívar
el oro como medio y aspiración
El estado Bolívar es el más grande de Venezuela, con una superficie de 240.528 km², lo que representa el 26,25% del territorio nacional. Sin embargo, allí solo habitan alrededor de 2 millones de habitantes, de los 28 millones que se estima hay en el país, y la mayoría se concentra en Ciudad Guayana (integrada por Puerto Ordaz y San Félix) y Ciudad Bolívar.
Esta entidad es reconocida por sus imponentes ríos, como el Orinoco y el Caroní, así como por sus valiosos parques nacionales con gran biodiversidad, su potencial hidroeléctrico y sus enormes reservas de recursos minerales y forestales. En sus tierras está el Parque Nacional Canaima, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y es allí donde se encuentra el Salto Ángel, la caída de agua más alta del mundo con 1.283 metros.
Este estado limita al norte con Monagas, Delta Amacuro, Guárico y Anzoátegui. Al sur tiene frontera con la república de Brasil y el estado venezolano Amazonas, al este con la Guayana Esequiba y al oeste: con el estado de Apure. Está dividido en 11 municipios: Cedeño, Sucre, Angostura, Piar, Gran Sabana, Caroní, Chien, El Callo, Angostura del Orinoco, Roscio y Sifontes.
En el estado Bolívar, como en otras regiones del mundo donde históricamente se han explotado minerales de gran valor económico, han ocurrido una serie de actividades ilícitas que provocan graves alteraciones en los modos de vida de sus habitantes. Pero la creación del llamado Arco Minero del Orinoco en 2016 aceleró la extracción masiva, desordenada e ilegal de los yacimientos de la entidad, y trajo consigo un impacto sin precedentes en esa zona.
Fue en febrero de 2016 cuando el presidente Nicolás Maduro firmó el decreto de creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional del Arco Minero del Orinoco, con el que autorizó la extracción de minerales en una superficie que comprende 111.843,70 kilómetros cuadrados de Bolívar. Aunque el área supone cerca de la mitad de la superficie del estado, la minería se extiende a lo largo y ancho de la entidad. “El Arco Minero del Orinoco es todo el estado Bolívar y más allá”, suelen decir sus habitantes.
Cuando se creó el Arco Minero del Orinoco, las autoridades aseguraron que el proyecto serviría para incrementar la inversión extranjera en la zona, ordenar la pequeña minería y acabar con el contrabando, sin embargo, los reportes desde el estado coinciden en que un importante porcentaje del oro y otros minerales que se extrae proviene de minas en conflicto y no ingresa a las cuentas nacionales. Gran parte de la explotación ocurre en yacimientos dominados por organizaciones criminales que someten a grupos de mineros que no están formalmente registrados, explotan en áreas no autorizadas, usan recursos prohibidos como el mercurio y carecen de equipos de seguridad personal.
Incluso en las áreas que han sido autorizadas por el Estado para que operen las llamadas alianzas estratégicas, conformadas entre compañías privadas y empresas estatales, la explotación y producción del oro es controversial. Se desconoce públicamente el alcance de los acuerdos a los que se han llegado para otorgar los permisos de explotación, no hay rendición de cuentas sobre niveles de producción y también se incumplen las medidas de seguridad laboral y ambiental que exigen las leyes nacionales y los acuerdos internacionales.
El seguimiento continuo a las dinámicas de la minería en el estado Bolívar, el rastreo de las noticias e informes que se producen en la entidad y las visitas a los pueblos mineros con entrevistas a diversas fuentes calificadas permiten corroborar que la devastación ambiental y la consolidación de las mencionadas estructuras criminales están intrínsecamente relacionados con importantes distorsiones institucionales y políticas. Además, su afianzamiento y expansión en el tiempo han contribuido a incrementar esas y otras distorsiones económicas, sociales y culturales.
Distorsiones en el estado Bolívar
institucionales
La impunidad al servicio de los criminales. La llamada fiebre del oro en el estado Bolívar ha estado caracterizada por el control de estructuras criminales que se han apoderado de importantes minas auríferas, mientras mantienen en zozobra a los habitantes de la región y a las demás personas que han llegado desde otros estados en la búsqueda de mejores ingresos económicos.
Estas organizaciones, que anteriormente se conocían como sindicatos mineros liderados por pranes y que ahora se hacen llamar El Sistema, no solo participan de la producción ilegal y el contrabando de oro, también están detrás de otros ilícitos como la extorsión a mineros, molinos y comercios, el tráfico de armas, municiones y combustible, la trata de personas y demás formas de esclavitud moderna.
En los poblados mineros son capaces de identificar fácilmente los nombres de las organizaciones criminales en control del territorio. En El Callao se sigue reportando la presencia del sistema de alias “El Totó”; en el Dorado lidera el sistema del “Negro Fabio”; y en Las Claritas y el Km 88 está la banda de “Juancho”, “El Viejo” y su equipo. Además, hay presencia de integrantes del Tren de Aragua y grupos guerrilleros, como se precisa en el informe Agentes Criminales, interacciones oscuras.
Denuncias del excomisario del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), José Gregorio Lezama y del primer teniente del Ejército Nacional, Jesús Leonardo Curvelo, presentadas ante la Asamblea Nacional refieren que fue la gobernación del estado Bolívar bajo el mandato del general Francisco Rangel Gómez la que contribuyó a la conformación de varias de estas bandas criminales.
Según Curvelo, funcionarios de la gobernación apoyaron el surgimiento y la consolidación de la banda de alias “El Juancho”. El líder de esta organización, Juan Gabriel Rivas Núñez, es un ciudadano de origen colombiano que se nacionalizó venezolano y que presuntamente consiguió que eliminaran sus datos del Sistema Integrado de Información Policial (Siipol) por homicidios cometidos en el estado Aragua, gracias al apoyo oficial.
El cambio de las autoridades regionales no parece haber impactado el poderío de “Juancho” sobre las minas. Fuentes consultadas para este informe aseguran que en 2023 el líder criminal mantiene relaciones con representantes del gobierno nacional y sigue ejerciendo gran poder sobre la zona gracias a esos apoyos y al respaldo de parte de las comunidades. Sin embargo, no ha sido posible identificar a los funcionarios o efectivos presuntamente involucrados.
El sistema del “Negro Fabio” también se ha consolidado con el respaldo de funcionarios del gobierno y efectivos de cuerpos de seguridad. Pese a que, en abril de 2021, el fiscal general de Venezuela, designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, denunció una supuesta red de trata de personas con fines de explotación sexual en la que estaría involucrado el “Negro Fabio”, las autoridades no han actuado en su contra.
El “Negro Fabio” mantiene su poder en las minas de El Dorado y es capaz de salir e ingresar al país sin inconvenientes. El proceso penal que se inició a raíz de la denuncia de Saab en el estado Bolívar debió ser trasladado a Caracas porque los acusados podían “persuadir a las instituciones para liberarse de la responsabilidad penal que pesa en su contra”, según el expediente.
Con la llamada Operación Escudo Bolivariano, desde finales de 2022 la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ha desarrollado una serie de operaciones militares en pueblos mineros del estado Bolívar que han logrado replegar a algunas organizaciones criminales como la llamada Organización R o 3R que tenía control sobre Tumeremo, pero el resto de los sistemas continúan ejerciendo su poder. La “invasión” militar, como llaman algunos locales a los operativos no ha sido general.
Hasta ahora tampoco se conoce si la justicia venezolana ha procesado o castigado alguna denuncia presentada por víctimas de las organizaciones criminales de Bolívar.
económicas
El afán por el oro. En el estado Bolívar la principal economía ilícita es la del oro, pero no se limita a su contrabando. La explotación, producción y comercialización ilegal del mineral genera los mayores ingresos para los distintos agentes involucrados en estas actividades. Durante 2022 y 2023 la producción de oro en Venezuela siguió aumentando y aunque hay un esfuerzo claro y creciente de control del negocio por parte del gobierno nacional, los porcentajes de distribución de los ingresos tienen pequeños cambios en relación con 2021.
En el estado Bolívar también hay explotación y comercio ilegal de otros minerales como diamantes, coltán y rodio, según informes internacionales, pero en porcentajes menores respecto al oro. El peso de estas actividades se analizará en la próxima entrega de Economías ilícitas bajo el manto de la impunidad.
En la visita de campo se verificó que alrededor del negocio del oro existen otros ilícitos que ayudan a incrementar los ingresos de todos los agentes involucrados: el tráfico de armas, con las que las organizaciones criminales mantienen el control de sus territorios; la venta irregular de combustible, esencial para el funcionamiento de plantas eléctricas, martillos hidráulicos, molinos y otros equipos usados para la explotación; la trata de personas, que en el estado Bolívar tiene forma de esclavitud moderna, bajo coacción por necesidades extremas; el tráfico de sustancias ilícitas como el mercurio; el tráfico de drogas, principalmente para el consumo entre trabajadores de las minas.
El registro previo realizado sobre informaciones y reportes del estado Bolívar corrobora que el tráfico ilegal de oro, trata de personas y narcotráfico son las principales economías ilícitas, tal como se describe en el siguiente gráfico:
El auge de estos ilícitos ha ido desplazando a otras actividades económicas formales, como la ganadería. En fincas del interior del estado en las que anteriormente se criaba ganado y se producía leche, quesos y otros productos, ahora se están abriendo huecos para sacar oro y otros minerales considerados como estratégicos por parte del Estado.
Ante las presiones de las organizaciones criminales y el cobro de extorsiones, muchos comerciantes han decidido cerrar sus negocios, irse del estado o dedicarse a otras actividades. El desplome de la producción de las empresas básicas, ubicadas en las principales ciudades del estado, también ha llevado a más personas a apostar por actividades ilícitas.
El oro tiene tanta relevancia en la entidad que desplazó al bolívar como moneda de intercambio. Muchas de las transacciones que se realizan tanto en los pueblos mineros del estado Bolívar como en el resto de la entidad son pagadas con puntos o gramos de oro. Desde el alquiler de una red de wifi hasta una hamburguesa se cotizan en oro. Algunas personas entrevistadas en la región aseguran que allí los precios de los productos son más altos que en el resto del país, pero no se recabaron suficientes evidencias para confirmar esto.
políticas
El respaldo al poder. Las organizaciones criminales que están detrás de las economías ilícitas que se registran en el estado Bolívar han sido vinculadas con la política por diversas vías. No solo hay reportes del respaldo de funcionarios de la gobernación de la entidad al surgimiento y la consolidación de esos grupos, también hay indicios de la ayuda de criminales a campañas electorales de algunos candidatos regionales.
En noviembre de 2019, circularon en El Callao dos comunicados atribuidos a la banda de alias “El Totó” en los que se hacían graves acusaciones contra el exalcalde de la zona, Alberto Hurtado. En los textos que presuntamente redactó el cabecilla se leía: “Te dimos (al alcalde) medio kilo de oro para tu campaña para el Congreso y ganaste. Volviste y te di 650 gramos para llegar a la alcaldía y ganaste. Nos vendiste y no hiciste nada por nosotros”. Meses antes, Hurtado también había sido vinculado con la banda criminal, pero negó que eso fuera cierto.
La Organización R también habría apoyado la candidatura de Daniel Romero, a la alcaldía del municipio Sifontes. Romero se postuló con el Partido Comunista de Venezuela (PCV) que se alejó del oficialismo y solicitó la repetición de las elecciones porque fue excluido de la votación por una renuncia que nunca emitió.
Desde entonces la Organización R siguió manifestado interés en cargos políticos. A través de la llamada Fundación 3R, una supuesta organización benéfica, empezaron a repartir ayudas económicas en Tumeremo. Repararon canchas deportivas, abastecieron centros de salud con medicinas e insumos médicos y construyeron escuelas.
La Organización R fue una de las más atacadas a finales de 2022 por la operación Escudo Bolivariano de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Fuentes consultadas en el estado Bolívar creen que los militares se afincaron en esta organización precisamente por sus aspiraciones políticas.
“Los operativos militares de finales de 2022 impactaron principalmente a la organización 3R que se tuvo que replegar. Hay indicios de que se enfocaron en ese grupo porque su líder, conocido como el Run, tenía aspiraciones políticas. Por eso uno duda de los operativos, porque pareciera que solo quieren sacar a unos que les molesta para meter a otros”, dijo una investigadora de la zona.
En 2023 casi todos los alcaldes de los municipios mineros del estado Bolívar son del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), a excepción del alcalde de El Callao, Coromoto Lugo, que ganó con la tarjeta de oposición de la Mesa de la Unidad Democrática, y los partidos Convergencia y Bolívar Joven.
No hay evidencias sólidas de que los aspirantes a un cargo público de elección popular deban pedir autorización a representantes de un grupo de crimen organizado para poder inscribirse o para poder llevar a cabo sus actividades.
culturales
Los pueblos originarios arrasados. En las minas ubicadas en la vía a San Martín de Turumbán, al margen del río Cuyuní en el municipio Sifontes, donde hacen vida distintas comunidades indígenas, se han apostado grupos guerrilleros cuya identidad no está plenamente confirmada. Estas organizaciones no solo controlan el acceso a los yacimientos auríferos de la zona y cobran vacunas, también quieren imponer sus reglas en otros aspectos de la vida como los servicios públicos y hasta la administración de las escuelas.
Estos grupos están mucho más organizados que los sistemas, dicen tener planes de expansión a largo plazo e insisten en que cuentan con el respaldo de “autoridades de Caracas”. Lucen ropas camufladas, con pañuelos, lentes oscuros y no les faltan armas de gran calibre.
Las organizaciones criminales, sistemas o guerrillas, han logrado seducir y sumar a sus filas a algunos miembros de comunidades indígenas lo que ha generado conflictos internos entre los pueblos originarios. Mientras algunos líderes son amenazados y forzados a salir de Venezuela por negarse a la destrucción ambiental en sus tierras, otros terminan por unirse a las actividades extractivistas y de presión para su gente.
“Toda esta situación atenta contra los usos y costumbres de nuestros pueblos originarios. La minería no solo está destruyendo su entorno, les produce enfermedades como la tuberculosis o la malaria, los hace enfrentarse entre ellos. En ese contexto hay muchos episodios de violencia de los que uno no siempre se entera”, añadió el representante de una organización de defensa de los pueblos indígenas.
Agrega que estos grupos criminales hacen que los jóvenes de las comunidades indígenas poco a poco se alejen de sus costumbres a cambio de drogas, teléfonos celulares y hasta armas.
Las minas como ambición Pese a la consolidación de los grupos criminales en los pueblos mineros y los reportes sobre desapariciones forzadas, auge de enfermedades y trabajo esclavo en la zona, las minas auríferas del estado Bolívar siguen siendo el destino escogido por muchos venezolanos que desean obtener mejores ingresos económicos ante la crisis.
Aunque durante 2022 se sintió una ligera recuperación económica en algunos sectores de la sociedad, en los últimos meses del año y el primer semestre de 2023 la situación solo ha empeorado lo que sigue empujando a muchas personas a las minas en la búsqueda de recursos para vivir.
“Nuestras investigaciones indican que el estado Bolívar es origen, tránsito y destino. Origen porque la gente del mismo estado migra hacia Brasil y otros lugares buscando mejores fuentes económicas. Tránsito porque aquí llegan personas del centro o norte del país que solo quieren pasar a Brasil o a Guyana. Finalmente somos destino porque hay mucha gente del mismo estado o de otras entidades que vienen es para instalarse en los pueblos mineros y explotar oro”, afirmó una investigadora de la zona.
La entrevista a mineros en los yacimientos auríferos permite confirmar estas afirmaciones. En el sector El Perú de El Callao trabaja un hombre joven proveniente del estado Anzoátegui. Pasa tres meses trabajando dentro de la mina y luego se regresa un tiempo para su casa. Ha llegado a ir a la zona hasta con su esposa y sus tres hijos, uno de ellos es apenas un bebé.
Venezolanos que quieren salir del país también optan por internarse primero en las minas con el propósito de poder reunir algo de dinero y seguir. “Todavía hay mucha gente que cree que de la noche a la mañana va a conseguir un kilo de oro y se va a hacer rico, pero eso no es así, puedes pasar días y noches llenando sacos con material y apenas conseguir unos pocos puntos de oro”, agregó la representante de una organización de la sociedad civil en Puerto Ordaz, capital del estado Bolívar.
Entre los jóvenes de las comunidades más vulnerables de Puerto Ordaz es sencillo escuchar el deseo de ir a trabajar en los yacimientos de oro. Sostienen que no hay suficientes fuentes de empleo que les resulten más atractivas. Además, deben vivir en contextos de gran pobreza, con fallas en servicios públicos como el agua, con hospitales desabastecidos, altos niveles de desnutrición y pocas alternativas para desarrollarse profesionalmente.
En ciudades como Puerto Ordaz, donde están importantes empresas básicas que otrora representaron grandes oportunidades de empleo, ahora solo se produce en niveles mínimos. Aunado a eso, muchos comercios que permanecían abiertos con bajos niveles de venta han tenido que cerrar sus puertas entre otras cosas por las elevadas tarifas que le cobra la empresa de desechos sólidos Fospuca, contratada por la alcaldía.
En la zona hay documentados casos de adolescentes que se van desde muy jóvenes a las minas. Dicen que su trabajo es ser cocineras, pero en realidad se van a prostituir en esas zonas. También hay denuncias de trata, muchachas que se van engañadas y que no pueden regresar cuando así lo desean.
Los entrevistados coinciden en que las minas de oro están presentes en todos los hogares de las poblaciones más vulnerables del estado Bolívar, incluso en las ciudades en las que no se practica la minería. Es muy común que algún integrante de las familias esté vinculado con la actividad minera porque ha explotado oro directamente o porque ha ido a vender algo a esas zonas. “Es su día a día, no ven esperanza en otra cosa”, añadió una de las fuentes.
sociales
El equilibrio de la violencia. Entre 2022 y 2023 no se han registrado episodios de extrema violencia en el contexto minero como los que ocurrieron en años anteriores cuando en un solo enfrentamiento podían morir o desaparecer decenas de personas. Las organizaciones criminales en la zona se han consolidado tanto que no tienen necesidad de provocar masacres porque ya cuentan con el reconocimiento de otros grupos, de representantes del gobierno y fuerzas de seguridad, además de algunos pobladores.
Los líderes de varias de estas organizaciones criminales han sabido ganarse el respeto y hasta la admiración de los pobladores de los municipios mineros, entre otras cosas porque los han ayudado a suplir sus necesidades más básicas en medio de la crisis nacional. Sistemas como el de “Juancho” y su equipo o el del “Negro Fabio” han desarrollado estructuras capaces de cumplir funciones similares a las que debería ejercer el gobierno nacional. Tienen programas de repartición de alimentos para las poblaciones más vulnerables, restauran y construyen escuelas, dotas los hospitales y ambulatorios y hasta organizan actividades recreacionales.
“La gente se refiere a ellos como el gobierno local porque los grupos delictivos son capaces de resolverles sus problemas. Desde conflictos con otros vecinos hasta sus necesidades básicas. Les distribuyen bolsas de comida, les garantizan que tengan ambulancias, se encargan de las actividades deportivas o recreacionales en fechas como el Día del Niño o Navidad. Llevan a sanidad para hacer despistaje de enfermedades de transmisión sexual de las mujeres. Controlan la velocidad en la que pueden circular las motos y hasta deciden cuán alto se puede escuchar la música”, agregó la representante de un reconocido centro de estudio en Bolívar.
Muestra de las “actividades sociales” de los grupos delictivos es el principal centro de salud que hay en Las Claritas. Según varias de las fuentes consultadas, el establecimiento está en mejores condiciones que muchos de los hospitales que hay en grandes ciudades de Venezuela como Caracas. El lugar cuenta con médicos a toda hora, insumos quirúrgicos, aire acondicionado operativo en las habitaciones y hasta un chef que se encarga de cocinar el desayuno, almuerzo y cena para el personal y los pacientes
“Ese centro de salud tiene hasta un horno crematorio que no hay en otros hospitales del estado. Todo está limpio y funciona”, agregó una activista de la entidad que con frecuencia hace visitas al lugar. Dijo que estas organizaciones ayudan con el pago de maestros y hasta garantizan transporte público para que los niños que viven en minas puedan llegar hasta las escuelas.
Más ejemplos de las “labores sociales” de los grupos criminales en control de yacimientos mineros se pueden conseguir en las redes sociales de la Fundación Corazón de Azúcar, creada por el “Negro Fabio”, así como en las cuentas propias del líder de la banda, Fabio González.
“Nos encontramos en las instalaciones del CDI Brisas del Cuyuní. El día de hoy estamos recibiendo una ambulancia 0 km de parte de la Fundación Corazón de Azúcar, por su representante oficial, el Sr. González (…) En la ambulancia tenemos depósito de oxígeno, silla de ruedas, tensiómetro, estetoscopio, oxímetro y algunos medicamentos para primeros auxilios”, se escucha decir a un trabajador del sector salud en un video publicado en junio de 2023 en las redes sociales del “Negro Fabio”.
En otras publicaciones también es posible ver la inauguración de una escuela en el sector Payapal, la restauración de una cancha en Los Naranjos, la repartición de bolsas de sardinas y la entrega de juguetes para niños a propósito del Día de Reyes en enero. “Este es un sueño hecho realidad gracias a la Fundación Corazón de Azúcar”, dice una de las mujeres grabada en video.
Este tipo de acciones han hecho que se produzcan importantes distorsiones sociales dentro de las comunidades mineras. Muchos pobladores sientan respeto y hasta admiración por las organizaciones criminales porque les ayudan a cubrir sus necesidades más básicas. Además, llegan a normalizar tanto las actividades ilícitas como la violencia que está presente en la zona.
Pobladores entrevistados en Bolívar aseguran que si siguen “las reglas” impuestas por el sistema, no les va a pasar nada. Aseguran que solo hay castigos para aquellas personas que no obedecen o se comen la luz.
Aunque se han reducido las masacres, la violencia y la presión de los grupos criminales sigue presente. Las organizaciones delictivas ejercen especial presión sobre niños, niñas y mujeres jóvenes, los primeros suelen ser captados para que sirvan al grupo como vigilantes o para que se metan en minas tan angostas en las que un adulto no podría entrar; las segundas suelen ser captadas con fines de explotación sexual.
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