En el país abundan los casos de irregularidades cometidas por funcionarios durante los 16 años de la llamada “revolución bolivariana”. Jesús Urbina, coordinador de Transparencia Venezuela, asegura que la corrupción ocupa todos los espacios de la función pública en Venezuela
“Manos de hierro” contra la corrupción prometió el fallecido Hugo Chávez a su llegada al poder, pero una vez en el Gobierno tuvo apenas guantes de seda.
En el país abundan los casos de irregularidades cometidas por funcionarios de los poderes públicos durante los 16 años que suma la llamada “revolución bolivariana”.
Los escándalos por blanqueo de capitales, malversación de fondos y pagos de sobornos le dieron al país el primer lugar en corrupción en América Latina y salpicaron primero al gobierno de Chávez y ahora al de Nicolás Maduro.
El Índice de Percepción de Corrupción, elaborado por la organización no gubernamental (ONG) Transparencia Internacional, ubica a la nación en los últimos puestos en materia de confiabilidad.
“La corrupción está tan extendida, tan desbordada, que ocupa todos los espacios de la función pública, por eso se hizo imposible ocultarla”, asegura Jesús Urbina, coordinador de la ONG Transparencia Venezuela.
El analista asegura que en el país los delitos cometidos por personeros del poder no son descubiertos por las autoridades, sino que son denunciados o filtrados por los propios funcionarios cuando no resultan beneficiados.
“En la lucha desmedida por tener el control de los recursos, son los propios miembros de los poderes públicos quienes ventilan la información, por eso son cada vez más los casos de corrupción que se conocen”.
Agrega que no siempre el Gobierno y las autoridades investigan los casos que salen a la luz. Para Urbina, solo se hace seguimiento a los delitos cometidos por personeros de bajo rango. “El problema es que la corrupción no está solo en niveles básicos y medios, sino que está generalizada en el Alto Gobierno”.
Para la ONG Freedom House, en Venezuela existe una mezcla tóxica de corrupción y desgobierno que hizo que en dos décadas el país pasara de estar entre las mejores evaluadas a ser una de las últimas del continente.
Casos más sonados de corrupción
Caso Andorra
Tras una denuncia del Financial Crimes Enforcement Network (FinCen), la división del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que se encarga de combatir el crimen financiero, el Gobierno andorrano intervino el 11 de marzo de 2015 la Banca Privada de Andorra (BPA) para investigar una serie de transacciones que permitían que dinero procedente de la corrupción en Venezuela ingresara al torrente financiero.
La investigación llevó a las autoridades españolas a intervenir el Banco de Madrid, entidad que es 100 por ciento propiedad de la BPA.
El FinCen determinó que el banco se prestó para el lavado de dinero de empresas fantasmas. “Esta red trabajó en estrecha colaboración con funcionarios de alto rango del Gobierno en Venezuela”, precisó el informe.
La denuncia detalló que la BPA “facilitó el movimiento de cuatro mil 200 millones de dólares en transferencias relacionadas con el blanqueo de capitales venezolanos”.
Entre los investigados se encuentran el exviceministro de Energía Nervis Gerardo Villalobos, el militar Alcides Rondón, quien ocupó puestos clave de seguridad dentro del gobierno del fallecido Hugo Chávez; el exviceministro de Desarrollo Javier Alvarado; el jefe de los servicios de inteligencia, Carlos Aguilera, y los empresarios Rafael Jiménez y Omar Farías, de acuerdo con una información obtenida por el diario El Mundo de España.
Caso HSBC
Los socialistas también guardan su dinero en Suiza. Entre 2005 y 2007 funcionarios del Gobierno revolucionario depositaron miles de millones de dólares en la filial de Ginebra del banco HSBC. La información salió a relucir el mes pasado, luego de una filtración masiva de datos confidenciales de 85 mil 500 cuentas, en lo que se conoció como el SwissLeaks.
De los 14 mil 800 millones de dólares depositados en cuentas con titulares venezolanos en Suiza, 12 mil millones salieron del Gobierno, principalmente de la Tesorería Nacional y el Banco del Tesoro.
La cuenta del Banco del Tesoro fue abierta el 10 de octubre de 2005 y registra como responsable a Rodolfo Marco Torres, que para la fecha estaba al frente de esa institución y quien ahora es ministro de Economía, Finanzas y Banca Pública.
El venezolano que aparece como el mayor cliente del HSBC en Ginebra es Alejandro Andrade, exguardaespaldas y funcionario clave del gobierno del fallecido Hugo Chávez. En 2002 el entonces Presidente de la República lo nombró titular del Fondo Único Social (FUS).
En 2007 Andrade fue designado tesorero nacional, por lo que pudo consolidar una estructura que le permitió manipular instrumentos financieros, entre ellos, la compra de bonos argentinos por parte del Gobierno venezolano, denunciada por el diputado opositor Ismael García ante la Fiscalía.
Caso Parada
El 30 de enero de este año la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, anunció la detención de Gladys Parada, directora general de Mercado Interno del Ministerio de Petróleo y Minería, por la presunta comisión de delitos de peculado doloso y asociación para delinquir.
La funcionaria fue recluida en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), acusada de delitos contemplados en las leyes Contra la Corrupción y Contra la Delincuencia Organizada, por incurrir en irregularidades en los despachos de combustibles.
Parada, quien era empleada de Petróleos de Venezuela (PDVSA) pero se encontraba en comisión de servicio en la cartera ministerial de hidrocarburos, presuntamente estaba detrás de la venta de gasolina de contrabando, por autorizar envíos de millones de litros de gasolina a una estación de servicio ubicada en la Guajira, región fronteriza con Colombia, que se encontraba cerrada.
Tres días después de su detención, las autoridades retuvieron a su primo, José Luis Parada, gerente de PDVSA Exploración y Producción en Occidente, por la presunta comisión de irregularidades administrativas en la contratación de empresas para los despachos de combustibles.
Los Parada eran personal de confianza de Rafael Ramírez, quien durante años fungió como presidente de PDVSA y ministro de Petróleo y Minería.
Caso Aponte Aponte
Tras su destitución del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por su presunta relación con el narcotraficante Walid Makled, el exmagistrado Eladio Aponte Aponte salió el 2 de abril de 2012 a Costa Rica, desde donde partió a Estados Unidos.
El abogado llegó el 14 de abril a suelo norteamericano de la mano de la DEA, la dirección antinarcóticos, para cooperar con las investigaciones que adelanta el organismo por casos de narcotráfico vinculados con Venezuela.
Una vez fuera de territorio venezolano, Aponte Aponte soltó una retahíla de denuncias en contra del gobierno del presidente Hugo Chávez y el sistema judicial del cual formó parte.
Aponte Aponte acusó a la entonces presidenta del TSJ, Luisa Estela Morales, de solicitar su apoyo para la manipulación de “más de un caso” y la “asignación de jueces idóneos”.
En entrevista con el canal SoiTv, el exmagistrado puso como ejemplo el proceso que se le siguió al diputado José Sánchez (“Mazuco”). “Para ese caso se buscaron un preso, lo encapucharon y lo pusieron como testigo para que dijera que ese señor le pagó para que matara a otro hombre”.
“Sé que me van a tildar de traidor y lo asumo, pero ya también fui vilmente traicionado”, dijo el abogado sobre sus razones para revelar sus secretos, y argumentó que participó en ciertas irregularidades porque creía en “el proceso revolucionario”.
Caso Makled
El allanamiento de una finca en Carabobo, en la que se hallaron 392 kilos de cocaína, el 13 de noviembre de 2008, fue el punto de inicio de una narconovela protagonizada por decenas de funcionarios del gobierno de Hugo Chávez.
La propiedad era de los hermanos Walid, Alex, Abdalá y Basel Makled, miembros de una acaudalada familia de origen sirio.
En el procedimiento fueron detenidos Alex, Nasel y Abdalá, mientras que Walid fue arrestado el 19 de agosto de 2010 en Colombia.
Desde su arresto, Walid acusó a diversos funcionarios del Gobierno de guardar relaciones con sus negocios ilícitos y declaró tener videos y depósitos bancarios que lo demuestran.
En entrevista con Univisión, el acusado de narcotráfico reveló que las redes de producción y distribución de cocaína operan desde el sur de Venezuela, en supuesta estrecha cooperación entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército venezolano, que envía unos cinco aviones diarios desde Apure hasta Honduras, y de ahí a México, con destino final en Estados Unidos.
Entre los salpicados por sus acusaciones destacan el exdirector de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) Hugo Carvajal, el exdirector de la Dirección de Servicios de Inteligencia (Disip) Henry Rangel Silva, el excomandante de la Guardia Nacional Luis Mota Domínguez, el director de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) Néstor Reverol y el exgobernador de Carabobo, Luis Felipe Acosta Carlez.
Caso Antonini
El 4 de agosto de 2007 un maletín con 800 mil dólares decomisado a un venezolano en un aeropuerto en Buenos Aires fue el detonante de una serie de investigaciones que ocuparon a Argentina, Venezuela y Estados Unidos.
La valija llena de dólares, presuntamente enviada por el gobierno del presidente Hugo Chávez para financiar la campaña de la actual presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, fue encontrada en manos del empresario Guido Antonini Wilson, un pasajero de un vuelo privado en el que también viajaban funcionarios de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y funcionarios de la estatal argentina Enarsa.
En investigaciones realizadas en Estados Unidos sobre el caso salieron a la luz nombres de personajes favorecidos por el Gobierno, como Franklin Durán y Carlos Kauffmann, cuyas compañías recibían contratos de las empresas estatales venezolanas.
Durán y Kauffmann fueron condenados por la justicia estadounidense por haber actuado como agentes del Gobierno de Venezuela, sin registrarse, para encubrir el origen y destino de los 800 mil dólares, que se encontraban en el maletín decomisado.
Entre sus negocios más conocidos estaban varias empresas ligadas al mundo petrolero, de las que eran dueños o participaban como accionistas, tales como Perforaciones Albornoz (Perfoalca) -contratada por PDVSA para actividades relacionadas con la extracción de gas y petróleo-, Venoco y Llano Petrol.
Caso Velázquez Alvaray
Pasó de impartir justicia y ser aliado de la revolución a ser perseguido por las autoridades y señalado de corrupción por sus amigos vinculados al Gobierno.
El exmagistrado Luis Velázquez Alvaray permanece refugiado en Costa Rica desde marzo de 2006, cuando Jesse Chacón, entonces ministro de Interior y Justicia, denunció irregularidades en la compra de un edificio para el proyecto Ciudad Judicial Lebrún, promovido por el funcionario desde la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM).
Documentos de compraventa mostraron que la empresa oferente del inmueble para la construcción de la sede de los tribunales no cumplía con las condiciones jurídicas y financieras para firmar un contrato que implicó el pago de 50 millardos de bolívares (23 millones de dólares, al cambio de la fecha) por parte del Estado venezolano.
Tras su exilio en Costa Rica, Velázquez Alvaray se dedicó a ventilar decenas de casos de corrupción cometidos en el seno del Poder Judicial, que comprometen a sus excompañeros y examigos ligados al gobierno del entonces presidente Hugo Chávez.
En entrevista con el canal SoiTV, el exmagistrado reveló la existencia de la “Banda de los Enanos”, una organización conformada por jueces venezolanos dirigidos desde el Ejecutivo que opera en el sistema judicial y tiene ramificaciones en grupos criminales, a la cual señaló de estar involucrada en la muerte del fiscal Danilo Anderson.
Fuente: Mundo 24