La segunda entrega de “Aliados privados en control de empresas estatales” identificó 15 nuevos casos que se suman a los 33 inventariados en el estudio previo de compañías propiedad del Estado manejadas bajo un esquema de cesión de activos 

Transparencia Venezuela, 15 de marzo de 2024. Desde que se hicieron efectivas las sanciones de Estados Unidos sobre varias empresas estatales venezolanas en el año 2019 y luego de aprobada la Ley Antibloqueo en 2020, el gobierno nacional ha ensayado distintas fórmulas para ceder activos. Pese a que muchas negociaciones se han hecho de manera opaca, el seguimiento realizado por Transparencia Venezuela ha permitido identificar 48 empresas estatales que han sido cedidas a empresarios del sector privado. 

El informe Aliados privados en control de empresas estatales 2024, segunda entrega del informe publicado en 2021, presenta en detalle 15 nuevos casos de empresas del Estado venezolano que fueron creadas o expropiadas durante la gestión del presidente Hugo Chávez y que ahora están siendo manejadas por privados. Estos 15 casos se suman a los suman a los 33 inventariados previamente, para un total de 48. 

El informe revela que, a diferencia de otros países que han optado por establecer alianzas público-privadas con el objetivo de garantizar la prestación de un servicio o infraestructura gubernamental, en el caso de Venezuela esta estrategia está orientada a negociar empresas estatales que fracasaron, pero que aún ofrecen ventajas para obtener rentas.  Entre estas se mencionan las del sector alimentación que proveen los programas sociales del gobierno; las dedicadas a la extracción y procesamiento de minerales, especialmente oro; y las del sector hidrocarburos, entre otros. 

En Aliados privados en control de empresas estatales 2024 se describen los entes públicos encargados de la negociación de esos activos y, por tanto, los responsables de rendir cuentas sobre el patrimonio cedido. Además, se analizan los principales hallazgos sobre los 15 nuevos casos identificados y se aborda el caso de Sidor (Siderúrgica del Orinoco), empresa sobre la cual, según distintas fuentes consultadas para la investigación, está en marcha un proceso de negociación.  

De igual modo, el informe hace énfasis en la materialización de dos realidades en las actividades económicas en Venezuela, mientras los empresarios aliados del Estado cuentan con incentivos especiales, incluidos la confidencialidad y nulas obligaciones para rendir cuentas; el resto de los empresarios que están al margen de estas negociaciones enfrentan altos riesgos de abusos de poder de los decisores y potenciales beneficiarios de las alianzas. 

Patrones que se repiten 

Las alianzas público-privada requieren de un ente regulador que vigile que el sector privado cumpla sus obligaciones y evalúe su desempeño. En tal sentido, Aliados privados en control de empresas estatales 2024 profundiza en el rol supervisor del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP), creado en octubre de 2020 mediante un decreto constituyente. 

El portal web del CIIP indica que dispone de “un portafolio de activos transformables a proyectos de inversión en las áreas de minería, petróleo, industrias, agricultura, acuicultura, alimentación y pesca”. No obstante, no muestra información sobre las inversiones de las alianzas entre privados y empresas propiedad del Estado, ni de cómo se ha hecho seguimiento al desempeño y sus resultados. 

El informe ofrece, además, información sobre los entes de adscripción y estatus de la lista de 15 empresas estatales identificadas en los dos últimos años como parte del nuevo esquema público-privado, con el que aparentemente se busca evadir el calificativo de “privatización”, entre ellas Pescalba, Café Venezuela, Corporación Venezolana de Minería, Industrias Diana, Productos La Fina y Siderúrgica del Orinoco “Alfredo Maneiro” (Sidor), entre otras.  

Por otra parte, el estudio pone en contexto la creación de expresas mixtas como otra modalidad de ceder los activos estatales a socios privados que asumen el control operativo, como es el caso de Carbozulia y Maderas del Orinoco. Mención aparte merece el caso de la industria petrolera en el marco de la flexibilización de algunas sanciones, y el de compañías privadas ocupadas por el gobierno, como Smurfit Kappa y Kimberley Clark.   

Finalmente, examina los patrones que han caracterizado los procesos de negociación de los activos públicos. El primero de ellos es la opacidad o el secreto con el que se han manejado las operaciones, seguido de la ausencia de controles formales e informales; además de las denuncias de corrupción que han surgido en algunos casos y las de presunto incumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores de las empresas involucradas.  

 

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