Una activista de una organización no gubernamental fue arrestada tras participar en una reunión con el funcionario de Naciones Unidas, aunque a las pocas horas fue liberada
Transparencia Venezuela, 30 de enero de 2023.- “A confesión de parte, relevo de pruebas”. De aplicar este axioma del derecho penal, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, habrá llegado a la conclusión de que la sociedad civil organizada venezolana está en serio riesgo. ¿El motivo? Durante el desarrollo de su primera visita al país, entre el 26 y el 28 de enero, una activista de una organización no gubernamental fue arrestada tras participar en una reunión con él. A las pocas horas fue liberada, señala una nota de Suprema Injusticia.
La afectada fue María Fernanda Rodríguez, profesora de la Universidad Metropolitana de Caracas (Unimet) e integrante de la asociación civil Sinergia y del programa de formación Lidera, una de las iniciativas que el diputado oficialista Diosdado Cabello señaló de recibir financiamiento del Gobierno de Estados Unidos para “desestabilizar”.
El incidente permitió a un centenar de organizaciones no gubernamentales venezolanas resaltar los riesgos a los que se exponen por ejercer sus derechos a la asociación, participación en los asuntos públicos y libertad de expresión.
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“Esperamos que toda la sociedad entienda la gravedad de lo que implica que una persona que defiende Derechos Humanos se reúna con el Alto Comisionado y que por participar en esa reunión sea detenida”, afirmó Lexys Rondón del Laboratorio de Paz, en una declaración a la prensa, realizada el pasado viernes 27 de enero.
Pero, las detenciones no es el último peligro que afrontan los activistas y las organizaciones civiles en Venezuela. El proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y Afines que, el 24 de enero de 2023, fue aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional electa en 2020, es otro riesgo que enfrentan las organizaciones no gubernamentales en Venezuela.
“El espacio cívico venezolano está en riesgo. Esta ley significa el control absoluto de las voces del país y constituir uno de los mayores retrocesos de las libertades democráticas”, agregó Lexys Rondón del Laboratorio de Paz.