Transparencia Venezuela, 25 de julio de 2022– ¿Es la directiva del Banco Central de Venezuela (BCV) encabezada por Calixto Ortega Sánchez o la directiva “ad hoc” nombrada por Juan Guaidó, con el respaldo de la Asamblea Nacional electa en 2015, la que puede disponer del oro venezolano que está en el Banco de Inglaterra? Esta duda será despejada a más tardar en septiembre próximo por el Tribunal Superior de Londres.
El juzgado estuvo desde el pasado 13 hasta el 18 de julio escuchando los alegatos de cada una de las partes que se disputan las 31 toneladas de oro venezolano que el BCV tiene en el Reino Unido.
Este es el segundo juicio por el oro venezolano que la justicia británica celebra desde 2020, pero en esta ocasión no se busca determinar quién es el legítimo presidente de Venezuela, a los ojos del Gobierno de Londres, sino si la junta directiva ad hoc del BCV nombrada por Guaidó fue designada en estricto apego a la ley o si la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de anular los nombramientos hechos por la Asamblea Nacional electa en 2015 debe ser tomada en consideración para dilucidar este asunto.
El 20 de diciembre de 2021 la Corte Suprema del Reino Unido ratificó que el opositor es reconocido por el Ejecutivo británico como el Jefe de Estado “interino” de Venezuela, pero no consideró si Juan Guaidó o las personas que él ha nombrado en el BCV, con el aval del parlamento de 2015, son las que pueden disponer del oro; y, por ello, le encomendó al Tribunal Superior despejar esta duda.
¿Vale la palabra del TSJ venezolano?
El 26 de mayo de 2019, la Sala Constitucional, en su sentencia número 247 , declaró “nula de nulidad absoluta” la junta directiva “ad hoc” del BCV designada por Guaidó, con el respaldo del Parlamento, y además calificó esta decisión como un “asalto al Estado de Derecho y a todos los Poderes Públicos”.
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Sin embargo, los representantes del Gobierno interino consideran que este dictamen del TSJ estuvo viciado, por cuanto el máximo juzgado no les permitió ejercer su derecho a la defensa antes de emitirlo y además porque esta instancia legal está claramente alineada con la administración de Maduro. Los 7 magistrados que integraban la Sala Constitucional del TSJ, al momento de dictar el fallo antes mencionado, tenían claros nexos con el chavismo y 4 de ellos habían militado en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) o habían desempeñado cargos en los gobiernos del fallecido Hugo Chávez y de su sucesor, Nicolás Maduro