(Caracas, 18.01.2016) La Contraloría General de la República infringe sistemáticamente su rol velar por la transparente administración del patrimonio público del Estado, al negarse a investigar las denuncias consignadas por Transparencia Venezuela durante el año 2015 y registradas a través de la aplicación móvil Dilo Aquí, un canal de comunicación directa dispuesto a la ciudadanía para denunciar corrupción abuso electoral.
En reiteradas oportunidades se ha enviado a la Contraloría General de la República las denuncias recibidas por hechos de corrupción, entre los que se destacan malversación de fondos en instituciones como la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, Movilnet y Venetur, o la utilización de bienes públicos para fines electorales e irregularidades en la Gran Misión Vivienda Venezuela.
Sin embargo, pese a las innumerables comunicaciones entregadas, sólo tres de ellas han recibido respuesta para inadmitir los señalamientos bajo el argumento de no poder tramitar denuncias anónimas, aun cuando las mismas contienen información suficiente para dar inicio de oficio las investigaciones tomando en cuenta la gravedad de las irregularidades que se presentan.
El 18 de agosto de 2015 Transparencia Venezuela emitió una comunicación al organismo recordando el riesgo que supone para víctimas y testigos de posibles actos de corrupción, el atreverse a denunciar e interrogando sobre el organismo del estado venezolano que atiende y protege a las víctimas, “¿Cuál es el organismo que asume la protección de lo público y hace seguimiento y control sobre las instituciones del estado?; ¿A dónde acudimos los ciudadanos a pedir apoyo ante un acto de abuso, malversación, extorsión, peculado, nepotismo, cuando tememos represalias por parte de los supuestos violadores?”.
La Ley Modelo paro Facilitar e Incentivar la Denuncia de Actos de Corrupción y Proteger a sus Denunciantes y Testigo, de OEA, aprobada en 2013, establece que los ciudadanos podrán denunciar reservándose identidad’, para la cual el estado debe «Desarrollar regulaciones y mecanismos para facilitar y promover la presentación de denuncias sobre actos de corrupción (…). La CGR, representante de Venezuela en MESICIC, ha recibido cuatro informes en estos últimos diez años, con recomendaciones muy claras en este sentido.
La comunicación tampoco recibió respuesta.
Finalmente, y no menos importante, recordamos que una de las atribuciones de la Contraloría General de la República es precisamente controlar, vigilar y fiscalizar los ingresos, gastos y bienes públicos, con amplias potestades investigativas. Es por esta razón que Transparencia Venezuela ha remitido tales denuncias con la intención de que los hechos de corrupción denunciados se investiguen y verifiquen sobre la base de los principios que rigen la Actividad de la Administración Pública tales como la transparencia, rendición de cuentas, eficiencia y responsabilidad en el manejo de los bienes y recursos de la República, como lo establece la Ley Orgánica de Administración Pública en sus artículos 10, 13 y siguientes y la Ley Contra la Corrupción en sus artículos 6, 7 y 21.