Los ataques físicos hacia los diputados de la Asamblea Nacional han disminuido, pero el Parlamento y quienes lo integran han sido privados de sus funciones por la Constituyente impuesta de forma ilegítima por el Gobierno nacional.

Ante los numerosos ataques contra la Asamblea Nacional, un grupo de diputados denunciaron los hechos ante instituciones internacionales, en este sentido la diputada Delsa Solorzano en su intervención en la Unión Interparlamentaria Mundial (UIP) manifestó que se registraron 73 agresiones contra la Asamblea Nacional que representan directamente la violación a los derechos humanos de los diputados.

El diputado Armando Armas en su intervención en la OEA contabilizó más de 200 agresiones contra el parlamento nacional, por su parte,  El Observador Parlamentario de Transparencia Venezuela registró un total de 217 ataques (entre agresiones físicas y usurpación de funciones) contra la cámara legislativa en el año 2017.

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