Suprema Injusticia destacó que los argumentos de 2.884 personas y 104 familias se suman a las 8.900 víctimas que respaldaron la petición de que se autorice al Fiscal Karim Khan a seguir investigando los crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en Venezuela
Transparencia Venezuela, 25 de julio 2023. Otras 2.684 víctimas individuales y 104 familias respaldaron la solicitud hecha a la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) para que se confirme la autorización al Fiscal Karim Khan para continuar investigando la situación de Venezuela, pues consideran que está “es su única y última esperanza de justicia”, y, además, pidieron que las averiguaciones se amplíen para que abarquen posibles crímenes cometidos desde julio de 2002.
De acuerdo con el portal de Suprema Injusticia, este nuevo grupo de afectados atendió la invitación de la Sala de Apelaciones a presentar “sus puntos de vista y preocupaciones sobre si la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares I del 27 de junio de 2023, autorizando la reanudación de la investigación por el Fiscal debía ser confirmada, modificada o revocada en apelación”, señala el escrito.
Los argumentos de las casi 3.000 víctimas están contenidos en correos electrónicos, formularios, y otros documentos.
Las opiniones de los afectados forman parte del proceso iniciado en la Sala de Apelaciones la CPI, después que el gobierno venezolano intentó una acción para que se revoque el reinicio de las investigaciones sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad en el país.
Suprema Injusticia destacó que estos nuevos argumentos de venezolanos que se consideran agraviados por acciones de organismos de seguridad de Estado, que fueron recogidos por la CPI en esta fase del proceso, se suman a las 8.900 víctimas que ya dieron su opinión en abril de 2023 respaldando en ese momento a Karim Khan para continuar con sus investigaciones.
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Las opiniones de las 3.000 víctimas serán consideradas por la Sala de Apelaciones de la CPI a la hora de decidir si confirma, modifica o revoca la decisión que le dio al Fiscal Khan autorización para continuar las indagaciones sobre Venezuela.
Entre otras cosas, las víctimas piden que se incluyan “también los crímenes cometidos desde el 1 de julio de 2002, cuando el Estatuto de Roma entró en vigor en Venezuela”, según se lee en el escrito.
De igual modo, solicitan que se determinen las responsabilidades “no sólo de los funcionarios que actuaron directamente en los crímenes, sino también del alto mando militar que ordenó y permitió que estos crímenes se ejecutaran en nuestros casos como en los demás”.
Otros de los planteamientos de las víctimas es que en Venezuela se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad, así como el temor a represalias y persecución, en especial en período electoral.
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