Transparencia Venezuela, 30 de julio de 2021. Un gobierno abierto en Venezuela abriría el camino para tener una sociedad más justa, plena y coherente, en la que las personas puedan ejercer su ciudadanía y tener calidad de vida. Sería el inicio de la ruta hacia un mundo en el que, en lugar de pagar comisiones a gestores o funcionarios públicos para obtener un pasaporte, registrar un documento o hacer colas de hasta 12 horas para ponerse una vacuna, los trámites estarían al alcance de un clic. 

Las tecnologías digitales juegan un papel fundamental para dar solidez a las bases de esta nueva forma de gobernar y, por consiguiente, optimizar la relación entre los diversos actores que forman parte de la sociedad. No obstante, en Venezuela queda mucho camino por recorrer y son diversos los obstáculos a superar para dar el gran salto en la modernización del Estado.

Transparencia Venezuela, organización que promueve la implementación de este modelo como alternativa para la reconstrucción de las instituciones, en el marco de la lucha contra la corrupción, publica Un Gobierno Abierto para Venezuela, un estudio comparativo que determinó el nivel de aprovechamiento de las tecnologías digitales por parte del Ejecutivo nacional para garantizar el gobierno abierto, específicamente, en la prestación de servicios fundamentales y su impacto en la vida cotidiana de la gente. Para ello, se evaluaron páginas web oficiales de órganos y entes con responsabilidad en servicios seleccionados, y se construyeron indicadores que permitieron una valoración sobre los elementos objeto de estudio, en contraste con parámetros y buenas prácticas internacionales.

La investigación evidencia que los portales de servicios públicos venezolanos analizados presentan una marcada opacidad, ausencia de diseño desde la perspectiva del usuario, escaso desarrollo para realizar trámites en línea, falta de funcionalidad, bloqueo selectivo e intermitente y un palpable sesgo propagandístico. La mayoría de los portales obtuvo menos de la cuarta parte de la calificación máxima estimada por los expertos para esta evaluación, es decir, menos de 0,25 sobre 1. 

En todos los casos, los indicadores apuntan hacia una evaluación deficiente de la capacidad de prestación de los servicios mediante las web. El servicio de telecomunicaciones, aunque con la mayor puntuación —poco más de 50 % del estándar de evaluación—obtuvo resultados bastante mediocres en relación con lo esperado. Las áreas peor valoradas fueron las de salud y agua. Cada una alcanzó poco más de 10 % del valor ideal. La categoría de más alta ponderación en la medición, por su importancia en el gobierno abierto, transparencia y rendición de cuentas, es la que muestra el peor desempeño en todos los servicios evaluados con un indicador que refleja 1,7 % del estándar. 

Venezuela muestra un notable retraso en el aprovechamiento de las tecnologías para la actividad gubernamental, estancamiento que se hizo más evidente a partir de la crisis por la pandemia de COVID-19, situación que facilita la corrupción y provoca costos excesivos para ciudadanos, organizaciones, e incluso para el Estado en dinero, tiempo y bienestar. Los hallazgos coinciden con los de mediciones internacionales sobre la materia, como el Ranking Global de Gobierno Electrónico de Naciones Unidas, donde el país ocupó el último lugar de Latinoamérica (118), así como en el índice GovTech 2020, que evalúa si existe o no un ambiente propicio para generar ecosistemas equilibrados de gobierno y tecnologías, en el que se ubicó en el último escaño.

Pero, más allá de señalar el nivel de las deficiencias, el estudio pretende promover la exigibilidad de reformas a favor del aprovechamiento de las tecnologías, a través de una agenda de colaboración entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil, que incremente la capacidad de las agencias públicas de prestar servicio, en un contexto donde prevalezcan la eficiencia y la eficacia de la gestión, así como restaurar la confianza en las instituciones y la creación del valor público.

El panorama actual refleja que hay mucho por hacer. Es perentorio, en el contexto de la crisis multifactorial que atraviesa el país, que la administración pública venezolana diseñe y aplique estrategias y garantice financiamiento e inversiones para su modernización, en aras de aprovechar las ventajas de las innovaciones tecnológicas para mejorar la gestión de gobierno. Esto requiere, además, la coordinación efectiva entre todas las instancias de la administración, en donde el ciudadano sea el centro de las acciones. 

En una eventual modernización, la funcionalidad de los portales de servicios públicos y su diseño administrativo son un factor clave para democratizar el acceso a la cobertura, propiciar la participación en el desarrollo, la evaluación y mejora continua de la acción pública, fortalecer la cultura ciudadana y desarrollar las comunidades. De igual modo, es preciso incorporar sistemas anticorrupción con el apoyo de tecnologías que minimicen la impunidad y acaben con el modelo perverso en el que, ante la falta de opciones para resolver necesidades y pérdida de credibilidad en la legalidad, ciudadanos y gobernantes sólo se relacionan a través de prácticas corruptas.

La garantía de derechos, como el del acceso a la información pública, la libertad de expresión y asociación, así como la posibilidad de contar con una óptima infraestructura en telecomunicaciones y suministro de energía eléctrica para mejorar el acceso y la conectividad, son fundamentales para avanzar en la construcción de una agenda de gobierno abierto. 

Venezuela merece un gobierno abierto. Con voluntad política y una ciudadanía activa y corresponsable podremos lograrlo.