Urge que el Consejo de DD HH de la ONU incorpore la corrupción en sus análisis sobre Venezuela
Transparencia Venezuela, 23 de septiembre de 2021. Cualquier análisis sobre la violación de los derechos humanos en Venezuela debe considerar el grave impacto causado por la gran corrupción enquistada en el país en las últimas décadas. En eso coinciden los ponentes del evento titulado ¿Cómo abordar la cuestión de la corrupción desde el Consejo de Derechos Humanos?, organizado por la Due Process of Law Foundation (DPLF) y el Centre for Civil and Political Rights (CCPR).
“En Venezuela está clara la relación causal entre la corrupción y la violación de derechos humanos. Es por esto que una de nuestras principales solicitudes al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y a todo el sistema de derechos humanos de Naciones Unidas, es que se considere de manera urgente la participación de la corrupción en la violación de derechos humanos como consustancial en la evaluación que hagan de la situación de Venezuela”, dijo Mercedes De Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela y ponente en la actividad.
En el evento, organizado en el marco del 48 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, De Freitas insistió en que desde 2003 se instauró en Venezuela un patrón de Gran Corrupción que facilitó el saqueo de más de 350.000 millones de dólares y propició la crisis que hoy asfixia a los venezolanos.
“Los gigantescos fondos públicos venezolanos asignados a la atención de problemas graves no llegaron a ver un final feliz para el país. No se subsanaron problemas de alimentación, agua o electricidad. Además, la propia red criminal de gran corrupción tuvo la posibilidad de hacer reformas institucionales para legalizar la opacidad y para institucionalizar la captura del Estado”, añadió.
La directora ejecutiva de Transparencia Venezuela afirmó que para hacer una aproximación a la magnitud de la gran corrupción vivida en el país basta con revisar la cantidad de investigaciones penales que se han abierto en otras naciones y que están asociadas con el robo del patrimonio público venezolano. “Nosotros hemos identificado 95 causas abiertas en los sistemas de justicia de 21 países. Estamos hablando de que hay 21 países cuyos sistemas de justicia están dirigiendo recursos y personal para investigar el impacto que tiene en sus países la corrupción venezolana. Eso explica por qué en Venezuela hay una emergencia humanitaria compleja”.
Katya Salazar, directora ejecutiva de DPLF, afirmó que aunque los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, como el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ya han publicado algunas resoluciones en las que se señala el impacto negativo de la corrupción generalizada en el disfrute de los derechos humanos y se hacen recomendaciones a los Estados y a la sociedad civil, aún hace falta un abordaje mucho más profundo de la situación.
“El Consejo de Naciones Unidas ha venido estudiando este vínculo entre la corrupción y la violación de derechos humanos y se han hecho recomendaciones. Pero este trabajo del consejo no ha sido siempre bien visibilizado, utilizado o aprovechado para situaciones específicas, se ha quedado en la mayoría de los casos en abordajes generales o recomendaciones generales. Llegó el momento de pedir un abordaje más específico, más aterrizado a situaciones concretas como la que pasa en Venezuela”, dijo.
La directora ejecutiva de DPLF se refirió al primer informe de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, establecida por la ONU, publicado en septiembre de 2020 en el que se señala precisamente que un elemento de la crisis que merece una investigación más profunda es el nexo entre la corrupción y la violación de derechos humanos en el territorio venezolano.
Hace falta un sistema especial de justicia con apoyo internacional
Jan-Michael Simon, investigador senior del Max Planck Institute for the Study of Crime, Security and Law, también se refirió al primer informe publicado por la Misión de Determinación de los Hechos en 2020, así como al segundo documento presentado por el organismo este mes de septiembre en el que se aborda entre otras cosas, la corrupción en el sistema de justicia venezolano.
El experto en derecho penal internacional afirmó que lo que deja claro el más reciente informe es que en Venezuela hay un Estado de derecho invertido y que el gobierno tiene una relación paradójica con el sistema de justicia. Dice que, por un lado, el régimen necesita que el sistema de justicia sea fuerte para reprimir y castigar a los opositores y, al mismo tiempo, requiere que sea débil para permitir que continúe la impunidad en Venezuela.
“Para mis amigos todo, para mis enemigos la ley. Ese es el modo de manejar la justicia en Venezuela. Vemos que se construyen casos de corrupción para perseguir a los enemigos del gobierno, pero no se abren casos de corrupción serios contra los representantes del régimen actual en Venezuela pese a que éstos estén acusados en fiscalías de otros países”.
José Ugaz, expresidente de Transparencia Internacional, coincidió con Simon sobre la situación en la que se encuentra el sistema de justicia en Venezuela y añadió que es iluso pensar que mientras se mantengan las autoridades actuales se puedan implementar los pasos propuestos por la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción y se avance hacia el cese de la impunidad.
Recordó que en la convención se mencionan herramientas muy útiles como la cooperación internacional para perseguir a los responsables de casos de corrupción y aseguró que aunque esto no puede hacerse actualmente en Venezuela, si puede implementarse en otros países en las que se investiga el desfalco al patrimonio venezolano. “Hay un conjunto de herramientas y disposiciones útiles en la convención, no para trabajo interno en Venezuela, sino para las investigaciones que se están haciendo en otras jurisdicciones para investigar y sancionar a los responsables”, dijo.
Ugaz también se refirió al artículo 6 de la convención que establece la necesidad de crear órganos internos de prevención de la corrupción y dijo que, pensando en un proceso de transición en Venezuela, se pueden ir puliendo propuestas en ese sentido que ayuden a impedir que se siga saqueando el país y persista la impunidad.
El expresidente de TI mencionó la propuesta que se está realizando desde Transparencia Venezuela para crear un sistema especial de justicia anticorrupción y anti impunidad que cuente con el apoyo de Naciones Unidas desde el inicio.
Hace falta reconocer a las víctimas colectivas
Para lograr visibilizar el impacto de la corrupción en la violación de los derechos humanos en los organismos internacionales, conseguir el castigo a los responsables y la reparación a las víctimas también es necesario alejarse del dogmatismo y hacer algunas flexibilizaciones en las legislaciones vigentes, coincidieron Ugaz y De Freitas.
Aseguraron que aunque actualmente existen algunas regulaciones procesales penales que admiten la posibilidad de que organizaciones de la sociedad civil se incorporen como actores en procesos judiciales para respaldar la posición de las víctimas y nivelar las desventajas que suelen existir, todavía no es suficiente.
Ugaz indicó que un tema que merece la pena ser revisado a nivel internacional está relacionado con el reconocimiento de víctimas colectivas en casos de corrupción. “Hay un problema, debatido por muchos años que tiene que ver con la necesidad de individualizar a la víctima con nombre y apellido para que pueda incorporarse en un esquema de reparación. Hacer esto es muy complejo cuando se trata de casos de gran corrupción como el de Venezuela. En casos de esta magnitud no se puede ir detrás de las personas diciendo deme su nombre, su DNI, para ver qué daño le ha causado esta gran corrupción”.
De Freitas coincidió en que para analizar casos de gran corrupción como el venezolano hace falta incorporar nuevos conceptos. “Cuando vemos que en el sistema eléctrico venezolano se perdieron más de 23.000 millones de dólares en contratos con sobreprecios que no se cumplieron no podemos pensar en una víctima individual. Que no haya electricidad tiene un impacto en todos los venezolanos”.
Más protección a los defensores de DD HH
Víctor Rodríguez Rescia, presidente del Centre for Civil and Political Rights (CCPR), afirmó que todavía es mucho lo que falta por hacer en materia de lucha contra la corrupción en el sistema de derechos humanos, pero aseguró que desde la sociedad civil organizada se pueden dar importantes pasos en ese camino.
Aseguró que desde la sociedad civil hay que hacer un esfuerzo mayor por preparar informes que dejen en evidencia el vínculo entre la corrupción y la violación de derechos humanos en Venezuela y distribuirlos entre los diferentes organismos de Naciones Unidas, incluso para otras instancias, como la Corte Penal Internacional donde se analiza el tema venezolano.
Precisó que es importante que se entienda que lo que sucede en Venezuela es un problema de criminalidad organizada, que no se trata de un tema ideológico o político. Además, refirió que urge que los organismos internacionales sean más fuertes en la defensa de los activistas de derechos humanos en Venezuela, muchos de los cuales son perseguidos, amenazados y hasta encarcelados, como los directivos de Fundaredes que suman más de 80 días detenidos injustamente.
Carlos Correa, director de Espacio Público, coincidió en que es fundamental el desarrollo de estrategias innovadoras en el ámbito internacional para evidenciar lo que ha pasado en Venezuela con la corrupción, el bloqueo de la información pública y la ausencia de rendición de cuentas por parte de los diferentes entes estatales.
Recordó que en el país se han apresado a civiles que documentan casos de corrupción como el cobro ilegal que hacen efectivos de seguridad para dejar pasar primero a determinadas personas en las filas para echar gasolina y también han sido perseguidos y acosados periodistas que denuncian graves casos de corrupción, como el caso de los periodistas y editores de Armando.info que develaron el esquema de corrupción con las cajas de comida de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción.
Correa insistió en que los organismos internacionales deben velar por la seguridad de los defensores de derechos humanos y también de los periodistas, pues sin ellos es muy difícil que se dé la reconstrucción democrática en el país.