Sistema de justicia que acabe con la impunidad es clave para la paz
El país enfrenta una situación permanente de conflictividad política y social en medio de una crisis humanitaria compleja, agravada por la pandemia, restricciones a las libertades civiles y la flagrante violación de derechos humanos, tal como lo evidenció el reciente informe de la ONU
Transparencia Venezuela, 21 de septiembre de 2020. En un sentido amplio, la paz significa ausencia de guerra. No obstante, los países del mundo enfrentan hoy uno de los desafíos más grandes en lo que va del siglo XXI, cuando un enemigo silencioso amenaza la estabilidad económica, política y social del planeta. La pandemia por COVID-19 no solo ha provocado una crisis sanitaria global que se ha cobrado la vida de cerca de un millón de personas, sino que, además, disparó las ya alarmantes cifras de desigualdad, hambre y pobreza. Solo en América Latina y el Caribe, la Organización de las Naciones Unidas vaticina que generará 45 millones de nuevos pobres. Esta realidad sorprendió a Venezuela en uno de sus momentos más complicados de su historia. El país atraviesa por una Crisis Humanitaria Compleja provocada por el patrón de Gran Corrupción, configurado, entre otros elementos, por la ausencia de independencia en los poderes públicos, monopolio de sectores importantes de la economía en manos del Estado, control cívico-militar, opacidad en la rendición de cuentas, la presencia de redes criminales trasnacionales, violación de derechos humanos y criminalización de la protesta. El desfalco a la nación ha dejado como resultado un sistema sanitario en ruinas y una crisis generalizada de servicios indispensables para hacer frente a la pandemia como agua potable, gas doméstico, electricidad y combustible.
Por ello, el llamado que hizo al inicio de la pandemia el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a “silenciar las armas” y enfrentar al virus como un enemigo común no encuentra eco en un país sumido en el quiebre institucional, y donde los ciudadanos viven con sensación constante de caos, desasosiego e incertidumbre, y donde no existen garantías para la paz ni individual ni social.
Más allá de ser una fecha dedicada al fortalecimiento de los ideales de observación de la no violencia y alto el fuego, este Día Internacional de la Paz convoca a unir esfuerzos contra la pandemia. En el caso venezolano, donde la guerra silenciosa va más allá del virus, debe ser el momento propicio no solo para fomentar el diálogo y la tolerancia, sino también para trabajar en erradicar la corrupción y construir un país íntegro, con instituciones robustas y un sistema de justicia que sean capaces de garantizar el cese de la impunidad como única vía para transitar hacia el camino de la reconciliación nacional y la paz.
Todos los males
En los últimos años, la población ha sufrido el deterioro progresivo de su calidad de vida. Inseguridad, desabastecimiento, hiperinflación y el colapso de servicios públicos esenciales como agua, salud, energía eléctrica, suministro de combustible y transporte, sobre todo en el contexto de cuarentena, marcan el día a día de los venezolanos. Ante esta realidad, más de 5,1 millones de personas han emigrado para escapar de la crisis y procurar mejores condiciones para sus familias. La diáspora venezolana se ubicó en 2020 como la segunda más grande del mundo contabilizada por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), solo por debajo de una nación en guerra civil como lo es Siria, que registra 6,6 millones de desplazados. Se estima que para finales de este año, el éxodo ascienda a 6,5 millones de venezolanos, es decir, 20% de la población.
Las manifestaciones de carácter político e ideológico que han copado la escena en las dos últimas décadas, al igual que las protestas ciudadanas en reclamo de mejores servicios, solo han tenido como respuesta represión, violencia, detenciones arbitrarias y persecuciones. Los reportes de ciudadanos que permanecen varios días en inmensas colas, con la esperanza de surtir de combustible sus vehículos, y las denuncias de presuntas irregularidades cometidas por efectivos militares, que controlan la distribución y la venta de gasolina, han sido el motivo recurrente de las recientes expresiones de descontento.
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró en agosto de este año 748 protestas, lo que representa un promedio de 25 diarias. Según la organización, el núcleo de las manifestaciones fue la exigencia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. “Los venezolanos se expresaron en 702 ocasiones, bajo distintas modalidades, principalmente en rechazo al colapso de servicios básicos, reivindicaciones laborales, acceso a la salud y a la alimentación”, señala el informe.
De estos registros, 40% corresponde a manifestaciones vinculadas con la exigencia de combustible. Las 315 protestas por gasolina documentadas por el OVCS dejaron un saldo de 33 detenidos, 4 heridos y víctimas de atropellos, abusos crueles e inhumanos, perpetrados por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). A estas acciones, se suman 302 manifestaciones por servicios básicos como agua, gas doméstico y electricidad, situación que tiende a agudizarse con las restricciones impuestas por el estado de alarma y el confinamiento obligatorio. Mientras que por el derecho a la salud, se registraron 114 expresiones de rechazo a las precarias condiciones de la infraestructura, fallas en la dotación de materiales e insumos de bioseguridad; además de 60 protestas debido a la inseguridad alimentaria.
Violencia institucionalizada
Venezuela se mantiene como uno de los países más violentos de la región y del mundo. El año 2019 cerró con un estimado de al menos 16.506 fallecidos y una tasa de 60,3 muertes violentas por cada 100 mil habitantes, muy por encima de cualquiera de los otros países considerados violentos en América Latina. Estas cifras del Observatorio Venezolano de Violencia incluyen los 6.588 homicidios cometidos por los delincuentes; 5.286 muertes por “resistencia a la autoridad”, según la denominación oficial, pero gran parte son homicidios cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado por un uso excesivo de la fuerza o mediante ejecuciones extrajudiciales; y las 4.632 muertes de intencionalidad indeterminada.
Aunque pudiera registrarse un descenso de las muertes violentas en lo que va de este año, este fenómeno no es atribuible a mejoras en las condiciones económicas y sociales, sino al confinamiento por la pandemia. Al contrario, los asesinatos de mujeres por motivos de género han registrado un importante incremento durante la cuarentena. Solo entre el 16 de marzo, cuando de decretó el estado de alarma, y el 31 de mayo, se registraron 42 femicidios en Venezuela, de acuerdo con el subregistro del Monitor de Femicidios. La cifra de estos crímenes supera el número de fallecidos en ese lapso por COVID-19. Lo mismo ocurre en los centros penitenciarios del país, donde entre marzo y agosto de 2020 murieron 287 privados de libertad, más del doble de los 137 registrados en el mismo periodo de 2019, según datos de InSight Crime.
El informe Crimen organizado y corrupción en Venezuela: Un problema de Estado, publicado hace poco por Transparencia Venezuela, determinó que existen nueve bloques criminales con diferentes orígenes, naturaleza, negocios, alcances y objetivos, que conviven en el territorio nacional junto a organismos estadales de seguridad, tanto policiales como militares. Megabandas criminales, seudosindicatos de la construcción, petroleros y mineros; colectivos armados, pranes de las cárceles, grupos irregulares nacionales y extranjeros, así como el gran holding de la corrupción vinculado con el crimen y el terrorismo internacional actúan en el país bajo el amparo de la impunidad. A estos bloques se les adjudica buena parte de la situación de violencia que agobia a los venezolanos.
De igual modo, la mayoría de los hallazgos de esta investigación en cuanto a la participación de fuerzas estatales o vinculadas al gobierno con la persecución, encarcelamiento y tortura a quienes se considera presos políticos, así como las ejecuciones extrajudiciales y otros delitos han sido corroborados con los resultados del reciente informe de la misión de las Naciones Unidas para la determinación de la violación de los derechos humanos en Venezuela. El grupo de expertos de la instancia internacional reportó que, tanto el gobierno como los agentes estatales y grupos irregulares vinculados a este, han cometido desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos. El informe indica que tanto Nicolás Maduro y los ministros del Interior y de Defensa tenían conocimiento de estos abusos que constituyen crímenes de lesa humanidad.
Los expertos recomendaron el desmantelamiento de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), así como del Servicio de Inteligencia Bolivariano (Sebin) y la Dirección de Inteligencia Militar (Dgcim), a cuyas cadenas de mando instan a rendir cuentas por las detenciones, desapariciones y torturas cometidas por motivos políticos. El propio secretario general de la ONU exhortó a Maduro a “tomarse muy en serio” lo que plantea el documento.
Tablero político
En medio de este panorama, el gobierno de Nicolás Maduro busca recobrar legitimidad con las elecciones parlamentarias anunciadas para el 6 de diciembre. La decisión mayoritaria de la oposición de no avalar el proceso difiere de la postura individual de líderes como Henrique Capriles Radonski, quien se deslindó del pacto unitario propuesto por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Esta propuesta, que cuenta con el respaldo de 37 organizaciones políticas, parece tomar un nuevo aire por el impacto internacional que ha tenido la crudeza de los contenidos del informe de la Misión de la ONU.
Entretanto se producen las decisiones políticas para un cambio de modelo en el país, Transparencia Venezuela trabaja, junto a las más de 750 organizaciones de distintos actores de la sociedad civil que integran la Coalición Anticorrupción, en las 12 acciones necesarias para acabar con el patrón de Gran Corrupción existente en Venezuela, iniciativas que incluyen el diseño de un Sistema Especial de Justicia Internacional contra la Corrupción, y la reforma del marco jurídico y la adecuación del sistema judicial ordinario, para investigar, identificar y castigar a los responsables y causantes de la Emergencia Humanitaria que vulnera los derechos y atenta contra la tranquilidad de los venezolanos. Un sistema de justicia que acabe con la impunidad es clave para alcanzar la paz en Venezuela.