Transparencia Venezuela continúa el registro y análisis de la distribución de la asistencia alimentaria, a través de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción, y su posible uso con fines políticos y electorales, para lo cual diseñó un instrumento que fue aplicado en 11 entidades del país entre julio y septiembre de 2023
Transparencia Venezuela, 21 de enero de 2024. Desde su creación en abril de 2016, la implementación de los CLAP ha tenido una serie de cambios que van desde la forma como se entregan los productos hasta el origen de los alimentos y las personas encargadas de su distribución. Pero la constante en el programa gubernamental ha sido la ausencia de información pública, lo que finalmente se traduce en uno de los más importantes riesgos de corrupción. De hecho, a través de la herramienta de la unidad de Asistencia Legal Anticorrupción de Transparencia Venezuela, Dilo Aquí, se han recibido desde el año 2017 más de 800 denuncias sobre irregularidades vinculadas con este beneficio; que en su mayoría tienen que ver con suspensión, distribución arbitraria, entrega esporádica, sobreprecio, discriminación, reventa de los productos, ausencia de rendición de cuentas, productos en mal estado y manipulación en períodos electorales.
De hecho, el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación de Venezuela no publica su memoria y cuenta desde el año 2016 y, a excepción de las cifras esporádicas sobre los CLAP, que anuncian los representantes del Poder Ejecutivo, son muy pocos los datos oficiales que se conocen. Hasta la fecha, no se ha publicado el diseño de esta política ni su forma de implementación y evaluación. No hay datos desagregados y completos sobre la cantidad de personas que han sido beneficiadas, los sectores a los que pertenecen o los productos recibidos. Se desconoce el presupuesto asignado y ejecutado para este programa y no se publican las listas de proveedores y los contratos suscritos. Tampoco se ha difundido información sobre los órganos encargados de hacer contraloría, denuncias recibidas o la atención a esos casos.
Con Tras el rastro de los Clap, Transparencia Venezuela le sigue la pista al programa gubernamental y avanza en el registro y análisis de distintos aspectos relacionados con esta política y su posible uso con fines partidistas y electorales, de cara a los comicios previstos en Venezuela para 2024. Con este propósito, las encuestas se realizan trimestralmente a la misma muestra, para comparar de manera consistente los resultados obtenidos cada vez.
El reporte comprende los resultados de la aplicación del instrumento entre el 1 de julio y el 15 de septiembre de 2023, a una muestra de 307 personas. El resultado indica que 44,95% de los encuestados tardan dos meses en recibir el Clap, lo que se convierte en un drama al tomar en cuenta la vulnerabilidad de las comunidades evaluadas, la caída del ingreso y la consecuente reducción del poder adquisitivo de los venezolanos, aunado a los altos índices de inflación, entre otras variables que caracterizan la crisis social y económica del país.
El instrumento
Con base en los objetivos del estudio, se diseñó un sistema de monitoreo basado en encuestas aplicadas en 10 estados (Barinas, Carabobo, Lara, Mérida, Nueva Esparta, Táchira, Yaracuy, Zulia, Falcón y Miranda) y el Distrito Capital. El instrumento permitió levantar información sobre diferentes aspectos: ubicación de las comunidades donde se realizan las consultas, nivel de ingreso económico de sus poblaciones y tendencia política de la máxima autoridad municipal; información sobre los beneficiarios, frecuencia con la que compran las bolsas o las cajas, medios de pago, número de productos recibidos, percepción de calidad y precio, entre otros.
El estudio incluyó al llamado CLAP proteico, que se reporta con menor regularidad y es operado a través del sistema Mercado de Alimentos S.A. (Mercal), y operativos especiales manejados por los llamados líderes de calle, manzaneros y líderes territoriales e integrantes de las Unidades de Batalla Bolívar-Chávez (UBCH), todas figuras político-organizativas que son controladas por el denominado Estado Mayor Estadal y Municipal del Sistema Popular de Distribución de Alimentos.
Más de 66% de las entrevistas fueron realizadas en comunidades pobres (ingreso mensual menor a 60 dólares con acceso a servicios públicos) y muy pobres (ingreso mensual menor a USD 60 sin acceso a servicios públicos), con promedio de núcleos familiares compuestos por 3 personas. Por otra parte, la mayoría de las encuestas fue realizada en municipios con alcaldes pro-gobierno (82%).
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