Proponen derogar decreto del Arco Minero para frenar devastación al sur del Orinoco
Expertos consideran que el extractivismo vulnera los derechos de los pueblos indígenas, amenaza la biodiversidad de la Amazonía Venezolana y convierte a este territorio protegido en una de las zonas periféricas globales conectadas a la acción criminal internacional
Transparencia Venezuela, 16 de septiembre de 2020. En febrero de 2016, el gobierno firmó el decreto mediante el cual se creó el Arco Minero del Orinoco y autorizó la explotación de los 112.000 kilómetros cuadrados del área ubicada al sur del río más extenso del país. Esta franja, que abarca los estados Bolívar, Amazonas, Apure y parte de Delta Amacuro, representa cerca del 12% del territorio nacional y es, además, el hogar de cerca de 190 pueblos indígenas que confluyen en la Amazonia Venezolana. La extracción –en muchos casos ilegal- de la riqueza mineral que yace bajo el suelo de esta zona protegida no solo amenaza su gran biodiversidad, sino que ha provocado el desplazamiento de sus pobladores originarios que ven afectados su cultura y sus costumbres. En los últimos cuatro años, la devastación provocada por el extractivismo, la deforestación, la contaminación y las actividades criminales que rodean a la actividad minera, principalmente en la región guayanesa, ha sido denunciada por numerosas organizaciones civiles, ambientalistas, defensores de los derechos indígenas y académicos que ven con preocupación cómo el Arco Minero del Orinoco se ha convertido en un reflejo de la inmensa crisis que enfrenta el país.
Esta realidad fue examinada durante el Espacio de Transparencia Arco Minero del Orinoco vs Derechos de los pueblos indígenas, realizado el 27 de agosto, a través de la plataforma Zoom. Las conferencias estuvieron a cargo del abogado y politólogo Vladimir Aguilar, quien es miembro del grupo de trabajo de Asuntos Indígenas de la Universidad de Los Andes (ULA); y el ingeniero Manuel Sánchez, coordinador de Investigación de Transparencia Venezuela, con la participación como moderadora de la periodista e investigadora de la organización María Fernanda Sojo, coordinadora de Oro Mortal, entre el crimen organizado, el ecocidio y la corrupción, estudio que retrata el horror que yace tras la extracción del oro.
Un siglo de extractivismo
En su exposición, el profesor Vladimir Aguilar inscribió el tema en el contexto histórico del extractivismo como base del proceso de acumulación de capital que da pie a la corrupción. Según dijo, este fenómeno se inició hace 100 años con la explotación petrolera, pero se ha profundizado en las dos últimas décadas. “El extractivismo minero es la continuación del extractivismo carbonífero que comenzó al norte del Orinoco, pero el modelo económico sigue siendo el mismo”.
El experto señaló que el análisis del problema debe tomar en cuenta conceptos como fuentes de vida, recursos naturales y biodiversidad. “En los bosques están las mayores reservas de fuentes de agua y biodiversidad del planeta y, por ende, la mayor concentración de diversidad cultural. En la Amazonía es evidente ese fenómeno”.
Aguilar definió el extractivismo como la explotación ilimitada de recursos naturales y, por ende, como la mayor amenaza a las tierras de los pueblos indígenas. “En ese proceso de explotación minera se vulneran los derechos al territorio, a la libre determinación y a la consulta previa que son los tres derechos consustanciales de los pueblos indígenas reconocidos en la Constitución y en los instrumentos jurídicos internacionales suscritos por Venezuela”. Enfatizó que la mayor concentración de pueblos indígenas que habitan en el país está al sur del Orinoco. “Posiblemente tengamos menos pueblos indígenas que otros países amazónicos, pero tenemos mayor diversidad lingüística. Al sur del Orinoco no está solo la mayor concentración de cultura, sino también de reservas energéticas y minerales”.
De igual modo, dijo que no hay una correspondencia entre el desarrollo de políticas extractivas, la demarcación de territorio y la cosmovisión de las comunidades indígenas acerca de las fuentes de vida constituidas por el agua, el oxígeno, la biodiversidad y la diversidad cultural que existe en esos pueblos. “Lo que se impone, además de la denuncia, son las acciones, qué podemos hacer y cómo podemos seguir acompañando esos procesos sociales”. Considera que el punto de partida del Arco Minero del Orinoco es la ausencia de demarcación del territorio indígena y de declaración de áreas protegidas. “Solo se ha declarado el Parque Nacional Cagua. Del resto no hay nada. Según cifras oficiales, tenemos demarcado solamente 12% de los territorios indígenas del país”.
Al respecto, sostiene que son claves los estándares incluidos en el más reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, aplicables a la Panamazonía. “El primero es el de la autoidentificación, cuáles son las poblaciones indígenas que en tiempos de pandemia están sobreviviendo y resistiendo al extractivismo que no ha parado al sur del Orinoco, por el contrario, se ha profundizado”.
A juicio de Aguilar, el extractivismo, que conlleva lógicas de corrupción, contrabando o “corsarismo” como fundamento de una economía de frontera, se ha trasladado al resto del país. “Es un tema estructural. Las comunidades indígenas que han tenido que sucumbir ante la minería no lo han hecho por voluntad propia. Eran comunidades que se dedicaban al turismo, el problema es que el turismo se vino en picada y es prácticamente inexistente”.
Oro manchado
Manuel Sánchez explicó que el foco de la propuesta en la que trabajan tanto Transparencia Venezuela como la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Minas y Metalurgia como salida está en un modelo de desarrollo que revierta el impacto socioambiental de la extracción minera en territorios donde conviven comunidades vulnerables, en particular las indígenas, y que éstas sean incluidas en esas estrategias de crecimiento armónico.
“Los marcos legales de la explotación de los yacimientos minerales han convertido al Estado en el explotador exclusivo de las minas. Al igual que ocurre en sectores como el eléctrico, de alimentos y el de hidrocarburos, el Estado ha asumido un doble rol de operador también y regulador, es decir, se paga y se da el vuelto. Además, existe una debilidad institucional generalizada en cuanto a planificación, sistemas de comunicación, uso de mejores prácticas en el sector público y falta de transparencia. Además, existen incentivos que permiten la minería ilegal de grupos irregulares, principalmente en el estado Bolívar que es el territorio más grande que abarca el Arco Minero”, señaló.
Sánchez refirió que tanto el informe Oro Mortal, como el trabajo sobre Empresas Propiedad del Estado y el más reciente Crimen organizado y corrupción: un problema de Estado, publicados por Transparencia Venezuela, dan cuenta de cómo la explotación minera en Venezuela ha generado una devastación muy profunda de nuestros ecosistemas. “Gran parte de los 112.000 kilómetros cuadrados de superficie que abarca el Arco Minero del Orinoco ha sido tomada por los mal llamados sindicatos mineros y grupos irregulares como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), cuya presencia hemos podido constatar en el estado Bolívar, donde controlan varias de las minas de oro de forma ilegal”.
Afirmó que un elemento que ha permitido que el Arco Minero sea tomado por estos grupos es el desplazamiento o cierre de empresas formales, debido a la inseguridad y la violencia presentes en la zona. “Tanto las megabandas como los seudosindicatos y los grupos foráneos (ELN) dominan la extracción de oro y, en algunos casos, de diamantes y coltán en los municipios Pedro Chien, Roscio, El Callao, Sifontes y Gran Sabana. Asimismo, cada vez existen más mujeres que se dedican a la minería ilegal y que muchas son víctimas de explotación sexual o las utilizan para el contrabando, el tráfico de drogas”.
Sánchez dijo que han determinado que entre 70% y 90% del oro que se extrae en el Arco Minero del Orinoco “sale de forma ilegal bajo la mirada cómplice del alto gobierno, incluso se ha señalado que participan familiares cercanos al entorno presidencial”. Refirió que entre 1998 y 2016, según un estudio de Econanalítica, cerca de 3.008 millones de dólares se perdieron, y para 2018 la cifra por contrabando de oro a través de vías áreas, por ríos, vía terrestre y algunas rutas fue de 2.700 millones de dólares.
Un cambio de modelo
Sánchez coincidió en que la extracción descontrolada afecta a las comunidades indígenas, las cuales no tuvieron ni voz ni voto en el desarrollo del Arco Minero del Orinoco. “Frente a este panorama, es fundamental que haya un cambio de modelo político. El foco del modelo que proponemos es que logremos que en el mediano y largo plazo una minería sostenible y moderna, que sea social y ambientalmente responsable, que produzca minerales con capacidad de participar de forma competitiva en los mercados internacionales y bajo una gestión descentralizada, que distribuya funciones, actividades y poderes fuera de la autoridad central”.
Para avanzar en estos cambios, considera clave que se logre la paz social, se garantice la seguridad y tranquilidad de las comunidades indígenas y de las empresas que operen en la zona. “También es indispensable que haya gobernanza y transparencia, rendición de cuentas, que se utilice tecnología de punta que respete el medio ambiente, y que se promueva la inversión del sector privado en los procesos de extracción y producción.
La hoja de ruta propuesta, que incluye la derogación del decreto mediante el cual se creó el Arco Minero del Orinoco, abarca tres fases. En primer lugar, la revisión de los modelos de gestión, conformación de un equipo de expertos y la participación activa en la consulta y aprobación de la nueva Ley de Minas que está en discusión. La segunda etapa, que denominó de transición, contempla la reestructuración de la institucionalidad minera, la creación de una agencia nacional autónoma para el sector y el establecimiento de programas de cooperación con países y organismos internacionales; así como el diseño e implementación de acciones para el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades indígenas.
La última fase de la propuesta conlleva la definición de las políticas de industrialización y transformación productiva para que la industria minera se convierta en el eje de la diversificación de la economía venezolana. “Que no sea un paliativo para tapar la caída del ingreso y la producción petrolera, sino que sea parte de la estrategia de desarrollo económico del país”.