El proyecto consiste en la creación de una oficina de asistencia técnica al Parlamento venezolano para identificar los riesgos de corrupción en los proyectos de leyes, reformas e instrumentos normativos, y evitar que propicien la impunidad, la permanencia de economías ilícitas y la actividad de organizaciones criminales 

Transparencia Venezuela, 8 de diciembre de 2020. El patrón de gran corrupción instalado en Venezuela es el principal causante de la Emergencia Humanitaria Compleja que padece la mayoría de la población. Este fenómeno es el resultado de un conjunto de decisiones que, de forma sistemática y generalizada, han dominado la gestión pública durante las dos últimas décadas. Ante esta realidad, es necesario crear un sistema de transparencia aplicable en todas las instancias del Estado, que se encargue de diseñar políticas anticorrupción, garantizar el derecho al acceso a la información pública y la rendición de cuentas, además de regular los conflictos de interés y exigir probidad en el manejo de los recursos públicos. Transparencia Venezuela propone iniciar la construcción de este sistema desde la Asamblea Nacional (AN), por ser el Poder Público en el que, teóricamente, están representadas las diversas expresiones políticas existentes en el país y tiene las competencias para diseñar la estructura del Estado, a través de la aprobación del marco legal, y de ejercer el control sobre el resto de los poderes públicos.

Ahora bien, como todo órgano legislativo, el Parlamento venezolano enfrenta los riesgos y conflictos internos propios de la institución (ejecución presupuestaria, contratación de personal, compras o contrataciones de bienes y servicios). A su vez, debe encarar las posibles oportunidades de abuso en el proceso de aprobación de leyes, que podrían beneficiar a un sector sobre otro; de acuerdos para favorecer intereses extranjeros; establecer preferencias o restringir derechos. De igual modo, existe la posibilidad de uso partidista o ideológico de la función contralora del Ejecutivo y del papel preponderante en la designación de las autoridades del resto de los poderes públicos (magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Fiscal General, Contralor General de la República y rectores del Consejo Nacional Electoral).  

En este contexto, la propuesta presentada por Transparencia Venezuela contempla la creación de una oficina independiente, adscrita a la AN, que ofrezca asesoría y asistencia técnica al Parlamento venezolano y que sea capaz de identificar y evaluar los riesgos de corrupción en proyectos de leyes, reformas e instrumentos normativos, para evitar que propicien la impunidad, la permanencia de economías ilícitas y la actividad de organizaciones criminales. Esta unidad funcional se encargaría de evaluar los proyectos en discusión dentro del seno de la Asamblea, y emitiría su opinión y recomendaciones con enfoque en la transparencia y la protección anticorrupción

Asimismo, la oficina de Asesoría Legal Anticorrupción de la Asamblea Nacional podrá proponer los procesos transparentes de gestión que requiera el sistema, evaluar de forma permanente las políticas y procedimientos de funcionamiento, así como la selección del personal, técnicos y asesores.

Experiencia y probidad

La recomendación de Transparencia Venezuela es que la responsabilidad de crear y desarrollar el sistema de transparencia y anticorrupción en el Parlamento esté en manos de un equipo profesional autónomo e independiente que atienda la complejidad de todas las áreas de acción. Además, que cuente con las capacidades legales necesarias para fortalecer la lucha contra la corrupción, bloquear las economías ilícitas y el crimen organizado. De esta manera, la AN servirá de contención al crecimiento de grupos ilegales y sería el motor para reducir el abuso y las violaciones a los derechos humanos que se cometen en Venezuela, tal como quedó evidenciado en el reciente informe de la Misión para la Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas.

Para desarrollar la propuesta, Transparencia Venezuela solicitó el apoyo del Instituto Fermín Toro, organización dirigida por el Dr. Ramón Guillermo Aveledo, quien junto a su equipo de investigadores, presentó un documento que servirá de referencia para la creación de una unidad funcional que apoye la transparencia del Poder Legislativo nacional, bajo el entendido de que esto solo ocurrirá cuando el país cuente con un liderazgo comprometido con los principios éticos, y dispuesto a asumir la construcción de una Venezuela íntegra y libre de corrupción. 

El proyecto está disponible para la revisión y análisis de los actores políticos y de la sociedad civil que aspiren a rescatar e impulsar la democracia. Consulte y descargue la propuesta de creación de la Oficina de Asesoría Legal Anticorrupción de la Asamblea Nacional en el siguiente enlace:

Lea el informe aquí
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