Transparencia Venezuela exige a las autoridades venezolanas, en especial al Ministerio Público, la apertura de una investigación en el país sobre el caso de los ciudadanos venezolanos Efraín Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, sobrinos de la diputada y primera dama de la República, Cilia Flores, quienes el viernes 19 de noviembre fueron declarados culpables de conspirar para traficar cocaína a Estados Unidos por la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
El Gobierno del presidente Nicolás Maduro y la Fiscalía General de la República deben determinar si, tal como se ventiló en el mencionado tribunal norteamericano, Campo Flores y Flores de Freitas se valían de sus contactos familiares para enviar cargamentos de drogas desde la rampa presidencial del Aeropuerto Internacional de Maiquetía. De acuerdo con la investigación que se adelantó en Estados Unidos, Campo Flores y Flores de Freitas se jactaban de controlar el principal terminal aéreo del país con total impunidad, gracias a sus vínculos con la pareja presidencial de Venezuela.
Transparencia Venezuela ha emprendido una campaña para denunciar el nepotismo dentro de las instituciones del Estado. El proceso judicial que ha concluido con la condena de los sobrinos de la pareja presidencial, demuestra que los privilegios que reparten los funcionarios entre sus familiares solo generan corrupción y provocan las peores desviaciones en el seno de la sociedad.
En el marco del juicio que se llevó a cabo en Nueva York, salió a la luz pública que Campo Flores y Flores de Freitas contaban con pasaportes diplomáticos, aunque ninguno forma parte del servicio exterior venezolano ni ejerce algún cargo público o de representación que pueda justificar el otorgamiento de este beneficio. La Cancillería venezolana debe aclarar esta presunta irregularidad y despejar las dudas al respecto.
Campo Flores y Flores de Freitas admitieron que “estaban desesperados por lograr el dinero fácil para ayudar a impulsar la campaña de su tía Cilia Flores y lograr consolidar a su familia en el poder”, según reveló el fiscal norteamericano Brendan Quigley. La afirmación deja en evidencia la posibilidad de que dineros provenientes del narcotráfico hayan penetrado la campaña oficialista para los comicios parlamentarios del 6 de diciembre, situación que exige también una respuesta clara del Consejo Nacional Electoral.
Dada la gravedad de los hechos reseñados, que supuestamente comprometen la utilización de bienes y recursos públicos en el tráfico de drogas, Transparencia Venezuela solicita a las autoridades nacionales que lleven a cabo de inmediato una investigación absolutamente independiente. Para tal fin, deben respetarse las siguientes condiciones:
– La averiguación debe ser asumida por un equipo técnico de alto nivel con recursos suficientes para realizar su trabajo.
– Deben inhibirse de participar en esta investigación todos los relacionados con el Presidente y su familia, incluidos quienes han manifestado ser amigos del Jefe de Estado y los miembros de su partido.
– La investigación debe precisar si el presidente Maduro tiene responsabilidad en este caso por acción u omisión.
Transparencia Venezuela exige que se haga pública la información sobre los ciudadanos que han recibido pasaporte diplomático por parte de la Cancillería venezolana, así como sus respectivas fechas de caducidad. Igualmente, demanda que a la brevedad posible se publique la lista de las personas que han utilizado la rampa presidencial del Aeropuerto Internacional de Maiquetía durante los últimos cinco años, y la carga declarada por dichos usuarios.
El Gobierno del presidente Maduro tiene la obligación de aclarar esta situación y los ciudadanos venezolanos tienen el derecho a saber toda la verdad sobre un hecho que lesiona la imagen internacional del país y conmociona a la opinión pública.