Erradicar la corrupción es clave para garantizar los derechos humanos de los venezolanos
En una audiencia concedida recientemente por la CIDH a organizaciones de la sociedad civil, se solicitó a esa instancia internacional priorizar las denuncias de violaciones de los DDHH en el país, como consecuencia del abuso, el despilfarro y la desviación de los fondos públicos destinados a sectores vitales como la salud
Trasparencia Venezuela, 10 de diciembre de 2020. La conmemoración del Día de los Derechos Humanos coincide con uno de los momentos más complejos que vive la humanidad, como consecuencia del impacto causado por la pandemia de COVID-19 en las economías, los sistemas sanitarios y las dinámicas sociales de los países. En el caso de Venezuela, la crisis sanitaria global no ha hecho sino a agravar los terribles efectos que ha dejado en la población la Emergencia Humanitaria Compleja generada por el patrón de gran corrupción que se ha configurado en el país durante las dos últimas décadas. El abuso de poder, la opacidad, el despilfarro y la desviación de los recursos públicos que debieron destinarse a la inversión y el mantenimiento, en sectores prioritarios como salud, agua, electricidad, alimentación, transporte, gas doméstico y combustible, ampliaron la brecha de pobreza y las desigualdades.
Los venezolanos padecían ya una terrible situación de desabastecimiento, escasez, hiperinflación y fallas estructurales de los servicios. Esta realidad empujó a más de 5 millones de personas a emigrar en busca de un mejor futuro para ellos y sus familias. Por otro lado, el confinamiento impuesto por el manejo de la pandemia sirvió de excusa para exacerbar la represión, la criminalización de la protesta y la persecución, preexistentes en Venezuela. La vulneración sistemática de los derechos humanos de los venezolanos tiene su origen en la corrupción y ante esta realidad es necesario que se tomen acciones urgentes para erradicar este flagelo, acabar con la impunidad, rescatar la institucionalidad y garantizar a los ciudadanos el disfrute pleno de sus derechos.
Uno de los sectores más afectados por esta situación es el de salud. Mientras el gobierno venezolano anunciaba la asignación de recursos millonarios para el sistema sanitario, se aceleraba el colapso de los centros de atención pública. En medio de este desolador escenario, agudizado por la crisis sanitaria, expertos nacionales e internacionales, de la Task Force contra la corrupción en Venezuela y 15 organizaciones no gubernamentales, solicitaron una audiencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La sociedad civil representada en el encuentro virtual expuso ante esa instancia internacional la precariedad en que se encuentra el sistema sanitario venezolano, como consecuencia del desfalco a la nación y la captura del Estado por las autoridades.
A su vez, solicitaron a la CIDH priorizar las denuncias de violación de derechos humanos en el sector salud a causa de la corrupción. Plantearon una serie de exigencias al Estado venezolano, dirigidas a garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos destinados a proteger la salud y la vida de los ciudadanos, especialmente en el actual contexto de pandemia.
Un caso emblemático
El principal objetivo de la audiencia fue promover y nutrir el debate sobre la vinculación entre la corrupción y los derechos humanos en Venezuela. Representantes de diferentes organizaciones expusieron cómo la escasez de medicinas e insumos básicos, la falta de equipos imprescindibles o la inoperatividad de los existentes, por falta de mantenimiento o repuestos; el deterioro de la infraestructura hospitalaria, las constantes fallas eléctricas y de suministro de agua, golpean especialmente a las personas con enfermedades crónicas: pacientes renales, oncológicos, hemofílicos y con VIH, personas con condiciones cardiovasculares o problemas respiratorios, entre otros.
Además, las organizaciones exigieron el cese inmediato de las persecuciones y amenazas contra el personal médico, trabajadores de la salud, periodistas y ciudadanos que denuncian irregularidades y abusos; así como el establecimiento de sistemas anticorrupción, transparencia y acceso a la información pública en el sector salud; además de presentar la relación de medidas adoptadas para prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción en este ámbito.
El precedente de la ONU
La profunda crisis de derechos humanos que enfrenta el país quedó evidenciada ante los ojos del mundo tras la investigación realizada in situ por la a Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas. La instancia determinó que autoridades venezolanas y grupos armados partidarios del gobierno cometieron flagrantes abusos que constituyen crímenes de lesa humanidad. En el informe publicado el pasado 20 de septiembre, los expertos determinaron que funcionarios de alto nivel tenían conocimiento de esos delitos. Las conclusiones se basaron en entrevistas a víctimas y sus familiares, abogados y testigos, así como a miembros y exmiembros del poder judicial y de las fuerzas de seguridad; así como en imágenes y videos verificados y documentos gubernamentales, incluidas leyes, políticas públicas y directivas. Los expertos concluyeron que tenían “motivos razonables para creer” que tanto Nicolás Maduro como los ministros de Relaciones Interiores, Justicia y Paz y de Defensa, ordenaron o contribuyeron a la comisión de los delitos documentados en el informe, y “teniendo la capacidad efectiva para hacerlo, no adoptaron medidas preventivas”.
De igual modo, en el informe de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) publicado el 2 de diciembre, reafirmó que existe una base razonable para concluir que el régimen de Maduro ha cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde el 12 de febrero de 2014, y condenó a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) por inacción ante estos delitos. El documento señala que, desde la divulgación del informe de 2018, los crímenes de lesa humanidad en Venezuela han aumentado “en escala, alcance y gravedad”, al tiempo que el país enfrenta una Crisis Humanitaria Compleja sin precedentes. A partir del trabajo de la Misión Independiente de la ONU, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, organizaciones no gubernamentales, académicos independientes “y otras fuentes creíbles”, el informe de la OEA retrata a una Venezuela devastada “por la violencia patrocinada por el Estado y en la agonía de un desastre humanitario”.
Recuperación sin corrupción
El Día de los Derechos Humanos se celebra cada 10 de diciembre, fecha en que, en 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Este año, el tema principal del llamado de la ONU para conmemorarlo está relacionado con la crisis sanitaria global, y se centra en “la necesidad de reconstruir para mejorar, asegurándose de que los derechos humanos sean la base para los esfuerzos de recuperación”. No obstante, en Venezuela la garantía del respeto de los derechos humanos de los ciudadanos, como primer paso para superar la crisis generada por la propagación de la COVID-19, depende en gran medida de que se minimicen o eliminen los factores que han contribuido a deteriorar la calidad de vida de los ciudadanos.
En tal sentido, es necesario que se tomen acciones urgentes e impostergables para erradicar la corrupción como primera causa de la Emergencia Humanitaria Compleja que afronta la población. El gran reto, de cara a 2021 y ante la continuidad de la crisis por la pandemia, es restablecer el Estado de derecho; eliminar los incentivos a la corrupción, acabar con la impunidad y diseñar nuevas políticas públicas que promuevan el buen funcionamiento de los servicios y la transparencia en la gestión pública. Por ello, el llamado de la sociedad civil está dirigido a los líderes y actores políticos de la nación, comprometidos con los valores y principios democráticos a aunar esfuerzos para construir una Venezuela íntegra y de progreso, donde se reafirme la importancia de los derechos humanos y se cumplan con rigurosidad las normas para hacer frente a las desigualdades, la exclusión y la discriminación, y emprender juntos la recuperación propuesta a todas las naciones por la ONU, en tiempos post pandemia.