El abogado Ángel Zerpa interpuso un recurso de nulidad parcial por inconstitucionalidad al considerar que al fijar en 20 el número de miembros del máximo tribunal se abren las puertas a que se produzcan empates, pero la sala alegó que era “cosa juzgada”
Transparencia Venezuela, 31 de octubre de 2022.- En la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no quieren escuchar una sola crítica contra la reforma que sufrió este año la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Así lo dejó en claro la instancia, que rechazó una nueva demanda contra el texto, lo cual supone que el instrumento legal continuará en vigor, señala Suprema Injusticia.
La decisión la adoptó la Sala Constitucional en su sentencia número 800, en la cual declaró “inadmisible” el recurso de nulidad parcial por inconstitucionalidad que el abogado Ángel Zerpa interpuso contra la modificación, alegando que el asunto era “cosa juzgada”.
El pasado 21 de marzo de 2022, en su sentencia número 83, la Sala Constitucional ya desechó una demanda que el magistrado emérito Pedro Rondón Haaz interpuso contra la modificación aprobada por la Asamblea Nacional a principios de este año, mediante la cual redujo de 32 a 20 el número de magistrados.
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“La Sala Constitucional, en oportunidad previa, emitió un pronunciamiento meritorio sobre la constitucionalidad de la ley que pretende aquí ser cuestionada, en el que se arribó a la convicción de certeza necesaria para dejar establecido que la integridad del referido texto normativo que regula el funcionamiento de este Tribunal Supremo de Justicia, no quebranta, contraviene o desconoce alguna disposición de rango constitucional, pudiendo entonces afirmarse que ya se emitió un pronunciamiento con autoridad de cosa juzgada respecto al análisis de la validez constitucional del cuerpo normativo que estructura la hoy vigente Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia”, se lee en el dictamen redactado por la magistrada Lourdes Suárez Anderson.
Ángel Zerpa, quien fue designado por la anterior Asamblea Nacional electa en 2015 como magistrado del TSJ, consideró que al fijar en 20 el número de miembros del TSJ el Parlamento incurrió en error, porque al hacerlo abrió las puertas a que se produjeran empates. Asimismo, denunció que la solución que ofrece para estos casos el artículo 103 de la ley impugnada (dar al presidente del TSJ la posibilidad de que su voto valga por doble) supone una discriminación.