Posterior a las elecciones del 6 de diciembre, empezaron a circular en algunas regiones del país casos de persecución política. Tal como ocurrió en Barinas, donde grupos de adjudicatarios de los parcelamientos María Teresa de Toro y Parque Cristal ubicados en el sector Linda Barinas, Alto Barinas Norte, Municipio Barinas, donde dos mujeres pertenecientes al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) amenazaron a las personas que están optando por una vivienda en el lugar, supuestamente por haber emitido votos a favor de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

En el sector La Floresta, funcionarios del Instituto Nacional de la Vivienda(INAVI) realizaban censo en la comunidad y tomaron fotografías de una vivienda, que tenía colgado un pendón de la MUD en unas de sus ventanas. Los vecinos se molestaron y les hicieron saber que no permitirán ningún tipo de atropello y que estaban en su pleno derecho de votar por quienes quisieran.

Estos casos generaron el pronunciamiento del legislador Simón Archila, que informó que van varios casos de acosos que se han denunciado desde distintos organismos oficiales ordenados por el gobernador Adán Chávez. Situación que no ha sido ajena a las pasadas elecciones, sino que se ha vuelto un hecho notorio e incluso muy recurrente en los programas sociales implementados por el gobierno nacional.

Diarios de circulación regional, como La Noticia, han publicado información sobre los trabajadores de distintos entes del gobierno regional que expresan haber sido obligados a firmar listados de compromiso con el proceso revolucionario, dejado constancia de que seguirán defendiendo a la revolución, y quienes no lo hicieran, serían condenados opositores.

Una de las características más resaltantes de la gestión de gobierno actual, ha sido el criterio de discrecionalidad y proselitismo político en los programas sociales. Desde Transparencia Venezuela denunciamos la grave actuación de los funcionarios públicos a través del abuso de poder con los beneficiarios de la Misión Vivienda, a quienes se les ha vulnerado su derecho humano a una vida más digna, tal como lo establece la Carta Magna y las diferentes legislaciones.