El experto independiente de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, afirmó que el programa CLAP “se ha vuelto susceptible” al clientelismo político y no aborda las causas profundas del hambre ni la desnutrición en el país
Transparencia Venezuela, 16 de febrero de 2024.- La ausencia de datos oficiales en materia alimentaria y la falta de transparencia en el uso de los recursos públicos no solo impiden evaluar y determinar el alcance de las políticas de Estado en ese sector, sino que abren la puerta a la corrupción, afirmó el relator especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, Michael Fakhri, luego de una visita que hizo al país para evaluar el cumplimiento de este derecho humano.
Después de visitar cuatro estados y de sobrellevar cambios en la agenda impuesta por el gobierno, Fakhri señaló que no contar con estadísticas públicas dificulta atender a las poblaciones más vulnerables como niños, mujeres y privados de libertad: no hay información del sistema de supervisión alimentaria y nutricional desde 2008 y el balance alimentario está en deuda desde hace por lo menos 12 años.
De acuerdo con el seguimiento de Transparencia Venezuela, el Ministerio de Alimentación no publica informe de rendición de cuentas desde 2016. Se desconoce el presupuesto asignado y su ejecución para este año, no se publican los planes de gestión, los procesos de contrataciones, la lista de proveedores ni el monto asignado a los contratos. Tampoco se conoce si se efectúa evaluación a los programas sociales. Las más de 100 empresas propiedad del Estado registradas en este rubro, según Vendata, tampoco rinden cuentas.
Pese a la ausencia de datos oficiales, el experto independiente señaló una serie de factores que vulneran el derecho a la alimentación de los venezolanos y que constató durante sus visitas de campo. “Me quedó claro que la gente de todo el país sigue teniendo problemas para acceder a suficientes alimentos buenos y sanos, ya sea por sus bajos ingresos o porque los alimentos no llegan a su comunidad”.
Agregó su preocupación especial por los niños, las mujeres y las poblaciones indígenas. “Los niños menores de 5 años con desnutrición aguda, los adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes con bajo peso son los más afectados por la inseguridad alimentaria y nutricional. El futuro de Venezuela está en riesgo”. Además, aseguró que las autoridades no proporcionan a las personas privadas de libertad ni comida, ni agua, ni baño, ni asistencia sanitaria. “Estos centros son inhumanos y degradantes y pueden constituir tortura”, sentenció.
El relator especial de la ONU también insistió en el impacto de las sanciones internacionales sobre el derecho a la alimentación en Venezuela. Dijo que, debido al sobrecumplimiento por parte de los bancos y proveedores extranjeros, el gobierno venezolano se enfrenta a serias dificultades para importar bienes y servicios esenciales para un nivel de vida adecuado que no se producen en Venezuela, como materias primas y suministros para el sector alimentario y agrícola, así como medicamentos y suministros y equipos de salud.
Lo que hay detrás de los Clap
Aunque son pocos los datos que se han publicado sobre los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), la relatoría maneja que 7,5 millones de familias reciben una bolsa de comida cada 30 días. A partir de los testimonios, el experto destacó irregularidades en el funcionamiento de este programa: abastecimiento esporádico, falta de valores nutricionales, suspensión del beneficio a discreción del responsable de los CLAP en la zona y discriminación en la entrega por motivos políticos.
“Algunos beneficiarios sugieren que las bolsas de los CLAP son tratadas como una limosna caritativa y no como parte de la liberación del hambre. Los CLAP tenían buenas intenciones como ayuda humanitaria temporal del gobierno. Pero se han vuelto susceptibles a clientelismo político y no abordan las causas profundas del hambre y la desnutrición en Venezuela, ni cumplen las normas sobre el derecho a la alimentación”, sostuvo.
Desde 2017, Transparencia Venezuela ha recibido más de 800 denuncias relacionadas con irregularidades en el funcionamiento del programa CLAP. Algunas de ellas tienen que ver con sobreprecios, productos en mal estado, reventa de alimentos, ausencia de rendición de cuentas y uso de la bolsa de comida con fines electorales.
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