La Asamblea Nacional aún vive. Pese a todo. El 6 de diciembre de 2015, más de 7 millones de venezolanos decidieron cambiar el rumbo del Parlamento venezolano, dándole su confianza a una sólida mayoría opositora de 112 diputados (2/3 de la Cámara). Sin embargo, desde antes de su instalación, ocurrida el 5 de enero de 2016, el Poder Legislativo ha tenido que enfrentar los ataques del Ejecutivo y el Tribunal Supremo de Justicia, lo que ha generado un choque de poderes en el país. Hasta el momento, ni siquiera todos los parlamentarios han podido asumir sus funciones. Una sentencia de la Sala Electoral, suspendiendo la proclamación de cuatro diputados, tiene mutilada a La Cámara y ha dejado sin representación al estado Amazonas. Por su parte, respaldando las tesis del Gobierno, la Sala Constitucional ha dictado una serie de fallos que han limitado las funciones y autonomía de la Asamblea Nacional.
En total, unas 14 decisiones judiciales han pretendido atar de pies y manos al nuevo Poder Legislativo. La respuesta de la mayoría de la Unidad Democrática ha sido continuar con su trabajo, abriendo las puertas del Palacio Federal Legislativo para permitir el acceso a los medios de comunicación, iniciando averiguaciones sobre denuncias de corrupción en áreas como la importación de alimentos y el sistema eléctrico, y aprobando leyes que formaban parte de su oferta electoral relacionadas con temas sociales, económicos y políticos. La Asamblea Nacional, además, ya elabora un proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que pretende eliminar la opacidad como política de Estado y transferirle poder al ciudadano para que vigile el uso de los fondos públicos.
