Destacaremos la misión A Toda Vida Venezuela (ATVV), como mecanismo de acción para disminuir los índices de inseguridad en el país. Entre uno de sus objetivos, está: “Abordar los factores de carácter estructural, situacional e institucional, generadores de la violencia y el delito, para reforzar la convivencia solidaria y garantizar el disfrute de los derechos de todas y todos los venezolanos en un ambiente pacífico”. Pese a ello, el tejido social en vez de fortalecerse a través de los principios de respeto y garantía de los derechos humanos, se ha debilitado por múltiples factores, entre ellos la compleja situación de la inseguridad.

La ejecución del plan Operación de Liberación del Pueblo (OLP), cuya ejecución lleva cerca de cuatro meses y que obedece más a una estrategia política que a un programa para combatir la inseguridad.

Uno de los afectados de La Cota 905 que mencionó: “en mi caso me violentaron la puerta me tiraron en el piso, me pusieron un arma en la mano como agrediéndome amenazándome de que no dijera nada (…)».Mientras que para el presidente Nicolás Maduro: “la OLP es el instrumento para la construcción de un nuevo sistema de seguridad, de paz con una orientación profundamente socialista de integración del poder popular, el poder militar.

Dos perspectivas diferentes de las OLP reflejan que este plan no tiene una concepción definida en cuanto a su estrategia y ejecución. No presenta un sistema de rendición de cuenta en cuanto a sus operativos y recursos asignados. Se inclina más a resultados inmediatos, estratégicos y de impacto, para visibilizar una figuración de disminución de la inseguridad en el país, actuando de forma no planificada ni ajustada al estado de derecho.

Es urgente el cese o re direccionamiento de este operativo ausente de principios de derechos humanos y su enfoque debe centrase en una política pública que abarque la problemática desde la prevención, desarme y control policial.

Otro aspecto colateral pero no menos importante es la impunidad que reina en el país que impide reducir la criminalidad, por lo que las arduas labores en reducir los índices delictivos en Venezuela van más allá de un despliegue policial en zonas determinadas, la cartera ministerial de Justicia y Paz está en la obligación de abordar la problemática desde múltiples dimensiones.