Barinas: una versión infernal de la crisis carcelaria

José Teodulfo murió en 2017 por  desnutrición. La locura lo llevó a acabar con la vida de su madre y firmar su sentencia de muerte. Ninguno de sus familiares deseaba llevarle alimento, por tanto, el fiscal que llevaba su caso dirigió un oficio a las autoridades policiales para tratar de solventar su situación. El propio médico adscrito al Cuerpo Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) dictaminó que  presentaba un estado de desnutrición crítico. Con él compartían la celda seis personas más con deficiencias nutricionales considerables. Para el momento de realizar este trabajo especial, la institución no contaba con  vehículos para llevarlos  a un centro de salud cercano.

En lo actuales momentos, los centros de detención no manejan presupuesto para alimentos, según revela a Transparencia Venezuela  este ex funcionario del Ministerio Público (mantendremos su nombre en reserva), quien debió renunciar ante las tantas presiones de carácter político-ideológico a las que fue sometido.

Califica la situación carcelaria en Barinas de indolencia total. Desde hace dos años a los presos se les pide un kit contentivo de zapatos, franela, interiores, colchoneta, sábanas, mono deportivo, productos de higiene personal, una tarea titánica en medio de la crisis que vive el país.

Haciendo memoria

En Barinas hasta hace apenas 10 años las huellas de las balas permanecían en las paredes de las humildes viviendas, ubicadas en las adyacencias del Internado Judicial Barinas (INJUBA).

Palabras como “pran” eran desconocidas para muchos. Los delitos han variado, la manera de controlarlos también. A pesar de que  los proyectiles han disminuido, entendemos a través de los testimonios cómo el fenómeno carcelario, en el presente, ha mutado de una manera impresionante.

En el pasado, las versiones sobre la construcción de un nuevo recinto carcelario en las cercanías de la vía El Toreño, en el municipio Barinas, ocupaban algunas páginas de los periódicos,  pero a decir de un experto penalista de la región cuyo nombre dejaremos en el anonimato, por razones de seguridad, “todo quedó en un proyecto y se robaron los reales”.

Según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), los estándares internacionales dicen que, “para que una cárcel nacional, internado judicial o centro penitenciario sea considerado como tal, debe contar con una capacidad de 500 plazas en adelante.

No obstante, según la fuente  del Ministerio Público consultada por nuestra organización, el Internado Judicial de Barinas (INJUBA) tiene capacidad para 600 personas, aunque  allí se encuentran  785 privados de libertad.

Para los cuatro entrevistados – un ex Fiscal; un experto penalista; un policía con más de 30 años de experiencia y ex comandante de la Policía del Municipio Barinas; y una abogada (ex presa política, hoy bajo régimen de presentación cada 15 días) – hay muchos detalles por revisarse dentro del sistema carcelario venezolano.

 

 “La cárcel no debe ser para tener gente pudriéndose                                                                                    

 

En estos lugares pueden coincidir personas que han cometido delitos comunes hasta otros más graves, señala el ex funcionario y magister en Ciencias Políticas de la Universidad de Los Andes- Mérida, Josè Vicente Triviño.

Con una larga trayectoria en el mundo policial, Triviño realizó todas las diligencias posibles  ante el jefe de la Zona Operativa de Defensa Integral del estado (ZODI –Barinas),  ante el Destacamento 331 de la Guardia Nacional y   la Gobernación de la entidad, para trasladar a los detenidos a otros centros, pero no lo pudo lograr.

Si bien lo legal es que los reclusos no pueden permanecer más de 48 horas en los retenes policiales, porque sus instalaciones no están aptas para ello, existen algunos presos con varios años en esos centros.

En la Policía de Municipio Barinas (PMB) se habilitaron una serie de depósitos para tal fin, es decir, “están medio acondicionados”, no son los sitios adecuados.

“Imagínate una persona que está condenada a 14 años, para que pase  ahí cuatro años. En esas cárceles policiales no hay condiciones mínimas”, refiere el ex jefe policial, José Vicente Triviño. 

-¿Hay hacinamiento?

 No es por alarmar, pero lo digo de buena fe, sí lo hay. Hay voceros que no reconocen esta realidad, porque hoy ostentan un cargo.  Aunado a las enfermedades que hay en este tipo de recinto, como tuberculosis, enfermedades venéreas.

-¿Cómo hacia usted para controlar esta situación?

Hicimos todas las diligencias para preservar su salud. Es tan así el hacinamiento que, recientemente, fueron encontradas tres personas ahorcadas por casos de índole interno. Una cárcel es un mundo dentro de otro mundo.

-¿El número de efectivo policiales es suficiente para controlar esto?

No. Insisto, los cuerpos de policías no están en capacidad para albergar detenidos más allá de lo que lo estipula la norma. Nosotros tenemos un aproximado de 24 horas para que lo presentemos ante un Juez de Control, que va a determinar la libertad o la privación de ésta. Es allí donde el Juez debe tomar una decisión. Esto conlleva, el grave problema de hacinamiento. Con tantos sujetos en eso recintos, la capacidad operativa de los cuerpos policiales disminuye en 60 por ciento, porque estamos en el cuidado de esta gente, estamos expuestos a pagar por eventos como una posible fuga, catástrofe, muerte. Imagínate que seamos nosotros los que paguemos.

Evidentemente, tenemos una responsabilidad. Imagínate, donde no hay un control por parte del Estado en cuanto a la cantidad de presos. Tengo 26 años de experiencia en la Policía del Estado Barinas (PEB) y allí llegaban a albergarse  detenidos por 8 a 15 días y luego pasaban al INJUBA (Internado Judicial de Barinas). Ahora no, se mantienen en los cuerpos policiales. El subdirector de Carabobo está privado de libertad (se refiere al suceso ocurrido en la Policía de Carabobo de fallecieron 68 reclusos en un motín).

Esa cantidad de presos no puede estar en un cuerpo de policía, que es preventiva. Estando en la PMB nosotros pasamos por escrito a los jefes inmediatos e hicimos llamadas, a través del Sistema Penitenciario, a la ministra (Iris) Varela,  ante la Gobernación, para que se desocuparan estas salas. Esto ocurre en todos los cuerpos de seguridad del Estado, tenemos este grave problema de hacinamiento que repercute en la operatividad de los cuerpos de policía.

-¿El número de reclusos fue ascendiendo o disminuyó en estos años?

 Eso conlleva a aumentar. Hay otra cosa que es muy cierta, el delito se ha incrementado. Las autoridades cuando tienen que dar un índice delictivo, que para mí no es una realidad exacta, porque cuando dicen que ha disminuido, entonces,  ¿por qué hay tanto reclusos en una cárcel? Se incrementa la permanencia del  número de personas privadas de libertad.

Hay  funcionarios que hemos sido críticos con este tipo de evaluaciones. A lo mejor han bajado algunos, pero otros han aumentado como el robo de celulares, abigeato, robo a mano armada, en residencias, secuestro. Tal vez se ha reducido en algunos focos. Hay momentos que se les ataca y eso tiende a bajar, pero, obviamente, en los comandos policiales, albergues preventivos momentáneos, aumenta el número de personas.

– ¿Cuál es su diagnóstico sobre el sistema carcelario en el país?

Mi experiencia me ha dicho que este es un sistema penitenciario degradado, es un problema grave. El Estado no ha sido lo  suficientemente fuerte. Mira lo que está pasando en la región a nivel de las barriadas. No hay un castigo, es una política de Estado. Ya en las comunidades se conoce quién manda allí. Vivimos en una coyuntura donde el policía está mal pagado. El Estado no quiere enfrentar este problema, no le ha sacado el cascabel al gato. La cárcel no debe ser para tener gente pudriéndose, muriéndose. 

-¿Hay riesgo de motín?

Eso es constante. Hay mucho riesgo. El día a día. Es fuerte vivir así. Tuve 3 a 4 casos de tuberculosis, el peligro de que me contaminaran a otros reclusos o policías. Albergábamos más funcionarios en horario nocturno para cuidar a los detenidos, para evitar un riesgo de fuga o motín.

Vivimos el “pranato” del régimen penitenciario

Para el experto penalista, a quien llamaremos WX en reserva de su identidad, la situación penitenciaria tiene muchos factores. Considera que el principal elemento es que el régimen penitenciario está manejado total y absolutamente por el hampa, que “controla toda las áreas y todos los penales”.

“En todos los centros de reclusión en Barinas existe un hacinamiento total, complejo, insalubre, inhumano”, manifiesta. El Cuerpo de investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), antigua Policía Técnica Judicial (PTJ) , “no fue jamás construida con alguna intención de albergar o de ser un centro de reclusión”.

Él recuerda la inauguración de este lugar, con celdas muy pequeñas, acondicionadas para un día de detención, de acuerdo lo previsto al antiguo Código Orgánico Procesal Penal (COPP). “Ahora con más de 150 personas, llegando a pasar  meses y meses, con una leve separación entre hombres y mujeres. Un olor insoportable, la comida que reciben es la que les proporciona los familiares. Siendo lo más lógico que una vez detenidas por alguna medida del tribunal, pasaran al INJUBA”.

WX recuerda que se requería la autorización del “pran”, término empleado para referirse a un reo con poder en la cárcel,    para entrar al INJUBA. En su concepto, ahora hay dos “pranes”, el que está en las cárceles y el “pranato” del régimen penitenciario. “Lo que ocurre en los centros de reclusión, de hacinamiento, es producto de todo esto”, acota.

Pronostica que de ocurrir  una situación parecida a lo acontecido en Carabobo, donde murieron 68 presos en los calabozos de la policía del estado, en el CICPC-Barinas o en algunas de las policías  ocurriría con un balance “bastante triste, ya que no hay forma de controlarlo, no hay política”.

En este punto reflexiona: “O quizás la política es mantener esa situación en ese status quo, porque hay un maridaje completo entre el hampa común, con mucho poder económico, porque tienen  armas de altísimo calibre y ya controlan los penales, y esos centros de reclusión. Ya están controlado por los pranes”.

Asegura que un ejemplo de ello es lo ocurrido en  la Comandancia de la Policía de Barinas, donde los detenidos, privados de libertad “tienen que pagar la ¨causa¨ y si no pagan los matan”.

Explica las variantes de esos sobornos en los calabozos. “Como no los pueden matar a todos porque se quedan sin dinero, entonces los mutilan: les cortan un dedo, una oreja, media nariz  para que lo demás conozcan cuáles son las consecuencias. Por tanto, no existe respeto a los DDHH humanos, ni para el inocente,  ni para el que de verdad ha delinquido”.

“En toda esta escena de terror. Los que pasan a cumplir una pena grandísima son los familiares, quienes deben hacer de tripas corazón para buscar recursos donde no los tienen, para lograr pagar ese “pranato” que va de lo pequeño hasta lo grande. Una realidad que es ampliamente conocida por las autoridades militares, policiales, de la gobernación y no hacen nada al respecto”.

-¿Esto es a propósito?

Sí.

-¿Con qué fin?

Buscando que se eliminen ellos mismos, como estos muertos de Carabobo. Más de uno de esos personajes dirán “ya eliminamos a unos cuantos”. Si bien se habló de una penitenciaria donde el recluso pudiese estar más cómodo, con alimentación, ahora nos encontramos con un régimen que está implementando un orden militar, donde el recluso es tratado como si fuese militar. Son levantados a las 5 am y deben marchar, trotar, las órdenes que le dan tienen que ser acatadas. Ellos no  son militares, debe respetarse su condición de reclusos.

Explica que, aunado a eso, los familiares deben  conseguir el kit de ropa que les piden. No les suministran alimentación y–afirma- hay una orden que prohíbe los allegados de los presos introducir comida al sitio de reclusión. Asegura que los detenidos están en estado grave de desnutrición, con enfermedades tan comunes en esos lugares como la tuberculosis o la hepatitis y sin control de agua.

Afirma que permanecer en un penal venezolano no es gratis. Sostiene que los penales se dividen en dos áreas.  Una en la que están los  detenidos que tienen que pagar.  “Si no pagan los mutilan. Incluso,  amenazan a los familiares,  los matan. Así los llevan a la necesidad de buscar dinero”, acota.

La otra zona es la que denominan “el hotel 7 estrellas”. “

“El último `pran´ fue López. Uno lo veía todos los  días en los centros comerciales. Tenía un edificio en construcción, que está abandonado. Esa obra ya tiene la maldición. Se construyó con la sangre de tanta gente. Deberían demolerlo. Esa área de privilegio, donde están los que gobiernan, tienen cama tamaño king, bañera, nevera, televisor, bar completo. Todo eso con la complicidad de los funcionarios, que no pueden hacer nada porque si no, los matan”, comenta.

-¿Cuáles deberán ser las políticas reales que puede implementar el Gobierno Nacional?

Bueno yo conozco la problemática porque vengo del anterior sistema y, por supuesto, en aquel entonces había problemas menores, más control. El Estado nunca se ha ocupado de esos problemas porque eso no da votos, ni dividendos políticos. Preparar a un personal experto cuesta plata y el Estado venezolano nunca ha estado interesado en resolver eso. Nunca ha habido una reinserción social, sino máquinas de hacer delincuentes y acrecentar ese sentimiento del que está privado de libertad hacia la sociedad.

 Una verdadera política comienza como se hace en Derecho Comparado. Ver cómo se preparan otros países, no vamos a aspirar ser Suiza o  Suecia, pero hay otros países que tienen sistemas que funcionan.No voy a designar en un cargo a alguien que no conozca de eso. Además de voluntad política, se requiere dinero.

-¿El número de reclusos tiende a  disminuir  bajar?

Tiende a aumentar

-¿Número de delitos se ha incrementado o diversificado en relación a la crisis país?

 Ha aumentado totalmente. Hay una delincuencia que no es penalizada, porque lo mismos cuerpos de investigación y policiales no son suficiente para ponerles freno. Al Gobierno le interesa que esto pase así.

-¿Como el manejo de armas?

Yo que lo he vivido. He tenido que pasar tantas veces. He entrado con ciertos privilegios. El pran me manda a buscar. Los pranes controlan a los funcionarios militares, oficiales y no oficiales, con plata, le dan órdenes. Hay una especie de alcabala de casilla y tienen lo que llaman la cadena de mando:  pran 1- Nombre y foto. Veo todas las armas habidas y por haber.  kalashnikovs, que las usan las FFAA, ZK, todas las pistolas. Todos armados. El poder lo determinan con el poder de fuego que puedan tener, esas arma entran y salen.

Existen depósitos de bultos de arroz, pasta, azúcar, cemento, ¿Cómo ingresa eso? Allí hay construcciones todo el día. Todo eso entra por la puerta grande, regañan a los militares. 

 

El sistema es una combinación de corrupción e impunidad

En el año 2014, estuvo detenida por razones políticas durante 99 días junto a su esposo Hernando Garzón. Hoy permanecen bajo régimen de presentación, a pesar de que ya han cumplido la pena.

Su percepción como abogada sobre el sistema carcelario cambió notablemente luego de estar en prisión.

“Uno oye que es un sistema corrompido pero cuando estás dentro te das cuenta que es peor de lo que se dice. Es un sistema que está hecho para que surja como jefe el más corrupto, el más violento, porque el sistema lo promueve, lo respalda. Los delincuentes comunes tienen acceso a armas, droga, cuchillos, granadas, con un grave problema de ilegalidad, donde los policías que se prestan para entregar eso a los presos no son sancionados. Entonces, esa combinación entre corrupción e impunidad hace que el sistema sea difícil de controlar. Aunado a eso, que el propio Gobierno tiene injerencia, no hay intención de acabar con el crimen organizado, sino de protegerlo, promoverlo. Eso hace que terminen en situaciones como lo de Carabobo, donde hay cinco policías presos, que se apresuraron a matar a 68 personas porque están amparados en la impunidad. Te puedo decir que ellos están seguros que saldrán y a su vez no es fácil lidiar con presos, y más con los detenidos que piensan que pueden imponerse dentro del sistema”.

De los 99 días en prisión Sandra pasó los sólo tres días en la Comandancia de la Policía del estado Barinas, en el anexo femenino,  mientras que su esposo estuvo en el masculino.

Luego fueron trasladados a la policía de Obispos donde eran 11 presos en total, 10 hombres y ella,  la única mujer. Considera su estancia allí como un poco más llevadera porque no había armas, ni granadas. “El solo hecho de que estés en un lugar así, si vienes de uno donde hay armas y vas a otro donde no las hay, representa un alivio”.

-¿Viviste momentos de angustia?

Todos los días, en una prisión venezolana, siempre es angustia. El solo hecho de que tengas personas cerca con armas eso genera zozobra.

En la policía del estado se generó un motín justo después de que nos pasaran a Obispos. Los familiares fueron dispersados a punta de perdigones. Tú no sabes qué puedes evitar, estás a merced de lo que pueda ocurrir, depende de otros, tu vida depende de otros.

-Me hablaste sobre un caso de violación

El día que fuimos detenidos, en el anexo masculino, fue violado un muchacho porque se decía, se presumía, que había violado y fue violado por múltiples hombres, de hecho cuando lo ponen a mi lado y yo lo veo sangrando, le pregunto a un policía por qué sangra y me respondió  que no era mi problema. Pero sí le dije que estaba muy cerca y no sabía si tenía una enfermedad de transmisión sexual. Luego, cuando me devuelven al anexo las mujeres, me manifestaron que lo habían “emborrado”. Que realmente haya habido pruebas que violó, no, pero sin duda era un muchacho desafiante.

-Testimonios de otras reclusas, si estaban allí por causa justificada 

Sólo que había retardo procesal. Muchas estaban inconformes, muchas admitían que eran culpables Una de ellas estaba involucrada en el homicidio de varios Cicpc y estaba embarazada.

-¿Cómo hacías con la comida?

A pesar de que la Ley establece que el Estado te provee comida y agua, eso no sucede. La comida me la suministró una joven que estaba allí, el resto de los días, nuestros familiares. Aunque yo no comía, prácticamente no tenía hambre. Cuando estuve en la Policía del Estado Barinas bajé de peso y en varias oportunidades nos devolvieron la comida: la primera vez, un refresco negro y la segunda, un pollo. Allí ves la contradicción, tenemos armas droga, pero no puedo ingresar un refresco ni un pollo.

-¿Por qué no pasaron al INJUBA?

Una de la razones según un detenido es que el “pran” no quería presos políticos ni protestas.

(Durante su permanencia en la policía del estado representantes de partidos políticos reclamaban la libertad de los detenidos)

-¿Tenías horas para dormir, para bañarte?

En la Policía del Estado Barinas me habré bañado dos veces, tuve una fuerte infección urinaria. Me dieron una colchoneta. Éramos tres mujeres en una celda de 4×6, como un pasillo y, teníamos una letrina tapada con una cortina

Pedíamos permiso para  ir al baño a las reclusas que tenían  más tiempo en el anexo. No sé si medían el tiempo, pero uno trataba de estar lo menos posible. Contábamos con algo de agua, en el anexo masculino era otra realidad.

En la policía de Obispos  tuve una celda para mí, agua. Unos dirigentes de la zona me llevaban comida y recupere el peso.

-¿Recibían visitas?

Dependía del funcionario de turno. Algunos fines de semana, por ejemplo, el día del padre, no lo permitieron. Terminas adaptándote a las reglas y a las condiciones.

– ¿Sigues bajo régimen de presentación?

Entre mis prohibiciones no está declarar. Tengo régimen presentación cada 15 días a pesar de que ya cumplimos la pena, el 26 de marzo, entre privación de libertad y régimen de presentación. Sin embargo, el juez no ha iniciado el juicio pero siempre se ha negado a aumentarnos el régimen de presentación. Tenemos prohibición de explotar cualquier organismo público.

– ¿Explotar?

Se nos imputó eso y la quema de PDVSA. Además, tenemos prohibición de salida del país. Sólo son tres medidas según el Código Orgánico Procesal Penal . Ya estamos con seis meses por encima del cumplimiento de la pena. Nunca hemos cometido acto de terrorismo, nunca incendiamos el Ministerio de Energía, ni la sede de PDVSA, porque son además organismos cerca de instalaciones que aguarda a muchos militares. Hay muchas cámaras, ves grabaciones y cuando nuestros abogados pidieron nuestras videos no lo suministraron. En mi caso tuvimos un fiscal nacional para que nos acusara directamente. El fiscal señalaba que yo debía ser privada  de libertad porque yo era la esposa de Hernando y sabía lo que hacia él.

– Me puedes narrar el día en que empezó todo

Nosotros sabíamos que venía un allanamiento.  Yo le decía a mi esposo que eso era imposible porque no habíamos cometido ningún delito, el 26 a la 4 am, llegaron funcionario del Sebin y tres del Cicpc. Ellos ya traían lo testigos, se negaron a que personas de la comunidad fueran testigos del caso. Cuando el Código Orgánico Procesal Penal dice que son los  vecinos quienes deben serlo. Había 50 funcionarios armados. Ingresan a la parte de abajo, pero en un momento donde sólo estábamos mi esposo, mi hijo y yo en una casa de dos plantas.  A mí me suben a la planta de arriba para hacer el allanamiento, luego suben a Hernando. Ese día llovió y no había agua, pero estábamos recogiendo. Curiosamente, la caja de explosivos que ellos siembran está totalmente seca.

Seguidamente nos bajan y el funcionario del Sebin me dice: ¿qué tiene usted allí? Saca como una pera con muchos clavos y cinta pegante y él intenta que yo la agarre. Llaman a un funcionario de explosivos y no tardó ni un minuto y medio en llegar a la casa.

 La mayoría de los delitos se cayeron porque no tenían pruebas. Cuando el gobernador Adán Chávez se entera de que era un solo delito  y que ya no éramos terroristas, para el momento en que nos encarcelan, la secretaria general de Gobierno era Keisi Gómez, da una rueda de prensa para acusarnos de terroristas. La jueza es destituida y, luego,  el fiscal no apela y también es destituido. Hemos tenido 5 jueces y 6 fiscales.

– ¿Cuál crees que pueda ser la intención?

Nos quieren mantener en este limbo jurídico, no demostrar nuestra inocencia,  su interés es mantenernos atados.

-¿Cuál es tu evaluación sobre el sistema?

Reina la corrupción y la impunidad. Son los grandes  problemas,  aunado a que el papá Gobierno tiene interés en que proliferen ciertos grupos. Es una tarea compleja subsanar esto, considerando que hay interés en mantenerlo. 

Número de procesados y penados en Barinas

Centro de Reclusión	Procesados	Penados
Policía Municipio Barinas (PMB) Cárcel de 3×3, 4 calabozos	85	8
DSUR Las Palmas	59
CCPC Socopó	59
Policía Nacional Bolivariana (PNB)	57	1
Policía del Estado Barinas (PEB)	324	80
CICPC	151	9
INJUBA (capacidad para 600 personas)	785 privados
CONAS	38	2
Descuento 331 (Ciudad Tavacare)	68	1
Centro de Coordinación Policial Barinas Norte		7
Ciudad de Nutrias, parroquia Guadarrama. Centro de Coordinación Policial Los Llanos Orientales		1

Estos datos se corresponden según la fuente al pasado 12 de abril de 2018 

Crisis país está afectando sistema penitenciario

Este entrevistado pidió encarecidamente reservar su nombre. Él nos devela una realidad a la que pocos tenemos acceso. El enfrentarse y ver un panorama desalentador dentro del propio sistema. Amenazas por razones de tipo político, presiones para obtener el Carnet de la Patria, son un ejemplo de lo que se vive.

No hay funcionarios, porque estos han ido renunciando debido a la situación del país. Anteriormente, podían realizar operativos médicos para los reclusos, pero esto ha mermado, bien porque no hay recursos, o  por falta de vehículos, entre otros factores.

La policía del estado y los centros de detención no manejan presupuestos para alimentos, sólo el Ministerio de Servicios Penitenciarios, o anteriormente, el Ministerio de Interior y Justicia. Con la creación de este nuevo ministerio, se ha incrementado el hacinamiento y la desnutrición de los presos.

Refiere que en el caso de Barinas, los centros de detención, están en situaciones críticas. No  existen buenas relaciones entre la gestión estadal, el gobierno central.

“De hecho, la última vez que vinieron los funcionarios, estuvieron en la policía del estado. Les revisaron las carpeta y los presos deben tener sus expedientes, R9, R13 que los hace el Cicpc, una lista de requisitos que se deben realizar para poder ingresar al penal. Hay otro problema, porque las personas que están procesadas, deben tener su cédulas laminadas, pero el Saime, no los quiere cedular y es un inconveniente que se envía a flujo alterno”.

– ¿Qué es flujo alterno?

-Son los que presentan inconvenientes con las identidades, personas que tienen su número de cédula pero al momento de plasmar sus huellas en el sistema arrojan otra identidad. Antes se habilitaban los domingos para realizar cedulación para ellos y así disminuir el problema que se ha estado palpando, pero actualmente no se realizan estos operativos. Es decir, es peor.

Es más, para las personas que están privadas de libertad se les exige tener  su kit a la hora de ingresarlo a los centros penitenciarios, pero quién en este país se puede comprar estos kits, son caros.

Recuerdo un caso que nos ocurrió. Resulta que las autoridades de servicios penitenciarios pensaban que no irían a procesar ningún privado de libertad, pero al contrario, teníamos todo listo, las carpetas, expedientes, los kits para cada preso.

La gobernadora encargada (Zenaida Gallardo), les donó 165 kit, la Guardia Nacional también, etc. Luego de ello, las personas del Ministerio encargadas de este trámite, pidieron carpetas amarillas, pero la Policía Estadal sabiendo que estas personas eran muy quisquillosos para los procedimientos, ya tenía guardadas 4 cajas de carpetas. Es más, me consta que todos los viáticos, comida y hospedaje estaban cubiertos por la PEB. Al no ver ningún inconveniente, estos funcionarios que realizarían los procedimientos penitenciarios, se fueron, se perdieron y no tramitaron nada. Esto ocurrió el año pasado.

Hay un aporte que debo mencionar: que todo este protocolo lo debe realizar el Servicio Penitenciario, pero ya pasó a manos de los policías. Es decir, esa comisión de servicio ya no está haciendo nada. También es oportuno expresar que nosotros éramos los únicos que visitábamos a los privados de libertad, para verificar si todo estaba en marcha, si necesitaban algo y ver sus necesidades, porque ni la Defensoría del Pueblo ni Ciudadana asistía a estos procesos.

¿Cuántas personas detenidas hay en los centros?

Total completo de personas detenidas privadas de libertad, ubicadas en los centros preventivos, 958 personas.

La Policía del Estado tiene 324 procesados en un recinto para 80 personas. El Cicpc,  151 procesados.

Por otro lado, no se da abasto para las personas que están detenidas. En las mismas instalaciones se han habilitado hasta oficinas para poder albergarlos.

Un caso lamentable ocurrido el año pasado fue las muertes de dos personas ahorcadas. Primero,  la obstinación y segundo,  que no pudieron convivir en esos recintos. Hay  muchas enfermedades como la sarna, HIV, etc.

– ¿Hay suficientes funcionarios?

Cabe destacar que muchos funcionarios de la policía han renunciado y, cada vez más, por la situación que vivimos todos en el país, el sueldo no alcanza. Pero también me enteré que en Panamá pueden hacer las equivalencias aquellos  que estudiaron en la escuela de policía de Maracay. Los que tienen las oportunidades de irse se van y otros,  pues, se dedican a otras cosas.

Con la deserción de los funcionarios policiales si llegan a presentarse nuevamente saqueos, los que quedan no podrán contrarrestar esos acontecimientos. Por otro lado, dentro de las cárceles, los reos, tienen hasta iPhone 6 y 7. No sé cómo hacen, cómo trabajan para tener esos equipos. Ni yo los tengo y con mi sueldo no podría comprarlo.

– ¿Y cómo hacen con la requisa?

Las requisas en los recintos son cuadradas y de pantalla, porque se les avisaba a los presos que tal día se ejecutarán. O sea, qué sentido lógico tiene eso.

Es cierto que aquí, en el estado Barinas, es grave la situación de casos de corrupción, pero si hay funcionarios que se han vendido y dejado influenciar por hechos corruptibles, tanto a lo interno del Ministerio, como la parte de los comandantes de los policías estadales.

En lo personal, me pueden investigar, no tengo hecho punible de corrupción y me retiré porque no era sano psicológicamente estar allí. 

Plan Cayapa: una política efectiva o pantomima

Transparencia Venezuela estuvo en el Circuito Judicial de Barinas. En ese momento había alrededor de 20 personas en la entrada esperando ser atendidas. Nos aproximamos a una madre, Cruz Oviedo, y su hijo de 21 años, hoy bajo régimen de presentación por asaltar una casa junto a unas féminas.

Cruz debió vender su vivienda en Ciudad Varyná , en el año 2015,  en 900 mil bolívares. Ahora vive en casa de su madre cerca  del INJUBA.

Su hijo ha intentado conseguir trabajo, pero cuando pide permiso en el Circuito Judicial, éste le es negado. Manifiesta que hay jóvenes que están bajo régimen de presentación y, sin embargo, han decidido irse de país aprovechando la ola migratoria producto de la crisis país.

El 12 de abril de 2018 se realizó el conocido  “Plan Cayapa” en las instalaciones del INJUBA, que se mantendría hasta el final del mes. En la opinión de los expertos entrevistados, se trata de una política no efectiva.

Para el ex comandante de la Policía Municipal de Barinas, José Vicente Triviño, es un “pañito de agua tibia”, que sólo busca agilizar el sistema. Esto conlleva a que hay personas que han cometido delitos de tal magnitud y con las marramuncias que tiene el sistema judicial, sale en libertad. Hay otros que se colean, que han cometido delitos graves y con las artimañas que tienen la defensa, salen. ¿Cómo queda el policía que lo vea a uno en la calle, a los tres o cuatro días?

Sostiene que hay un retardo en las sentencias jurídicas, porque no se respetan los códigos. Hay sujetos cuyas presentaciones están a destiempo, no asiste el abogado, lo que conlleva a un retardo policial.

De allí el fenómeno de las madres y familiares, vendiendo sus neveras,  casas, porque el abogado le exige una cantidad de dinero “que tenemos que partirlo con las demás autoridades”.

“Es un entorno corrompido. Debe haber un sistema que castigue, que exista la capacitación y funcionarios honestos, cabales”.

La migración también ha tocado los cuerpos policiales, con sueldos que apenas llega a los 300 mil quincenales, y los vicios que eso acarrea, como el matraqueo.

– ¿Se le hace seguimiento a lo que están bajo régimen de presentación?

 Generalmente cuando un juez determina una medida por un delito, conmina o le da la seguridad a un organismo del Estado para que le haga seguimiento,  supervisión. Tenemos los cuarteles llenos de presos. Aparte de eso,  nos dan la responsabilidad de cuidar a esos presos en sus casas. En la mayoría, para no decir todos, siguen delinquiendo y lo cuerpos de seguridad no tienen la capacidad operativa. Eso se presta a otras cosas. Lo que podemos hacer es una supervisión, una vez al día, como  a veces no se puede pasar una vez porque no tenemos la moto, la unidad o el funcionario. Sin embargo, hacemos lo posible en cumplimento de un mandato de un juez o  un fiscal.  En relación a los beneficios que se están dando a estos detenidos, en una mayoría son delitos graves. El policía que lo agarró debe supervisarlo, la justicia está siendo injusta con esta relación perversa, para mí esos “planes Cayapa” no están dando resultados

– ¿Los reclusos que han salido del país pueden convertirse en un problema en el país de llegada?

Más allá del problema en sí, es un problema para la persona porque queda registrado internamente. He sabido de algunos que se presentan cada mes o dos meses. Esa es la supervisión que manda el juez o el sistema. No se está cumpliendo porque no hay la capacidad operativa. Es un problema de Estado, es grave ¿Quién se va a estar aguantando una serie de sujetos de cierta peligrosidad? Si hay gente que se está coleando. Las personas honestas,  trabajadoras, lo primero que se llevan es una carta de antecedentes, en caso contrario, una persona que tiene antecedentes no se puede llevar nada.

“Ese plan jamás ha funcionado”

El penalista consultado destaca que ese denominado  Plan Cayapa, jamás ha funcionado. Por el contrario, ha servido para que unos cuantos funcionarios se lucren, porque cuando viene un operativo de este tipo “comienzan a llamar a los  privados  de libertad, a los familiares, que deben buscar no sé cuántos millones”.

“Algunos jueces, los de ejecución, los fiscales del Ministerio Público,  hacen una pantomima. Vieron algunos casos, la mayoría  son con causas abiertas que están en pleno proceso, y si una persona está en pleno proceso no se le puede dar una medida, a no ser que tenga una enfermedad incurable. Pero como plan integral que haya permitido aligerar el hacinamiento, es una farsa”.

 “Proceso simbólico”

El fiscal entrevistado por nuestra organización explicó que este Plan Cayapa, consiste en la conformación de un equipo técnico que estudia los casos para las audiencias preliminares, sentencias y juicios, a fin de  buscar alternativas para el beneficio de los privados de libertad, evaluando los aspectos psicológicos, familiares y sociales.

“Y hay una diferencia entre los centros penitenciarios y los de preventivos. Estos últimos no tienen mesa técnica de observación, por lo cual pueden pasar años y cumplir la pena, sin tener el beneficio que se presentan en otros centros, que entran en el Plan Cayapa”.

Entre las fallas que se pueden ver dentro de los cuerpos policiales está  la corrupción, ya que algunas veces se ha necesitado trasladar a los presos a los centros de salud y los funcionarios están buscando la manera de obtener algún beneficio, el conocido “cuánto hay para eso”.

Con respecto a las boletas de traslados, tanto  en el Servicio Penitenciario como en la Policía Estadal, se vive en medio de la corrupción. Se percibe entre los reos, el libre desplazamiento en los calabozos de la policía. Estadal. “Es decir, no tienen régimen. Se percibe un mini penal”, acota.

“Los procesos investigación y estudios de los casos son procedimientos muy simbólicos. Pude ver que los mismos funcionarios no colaboraban en realizar el trabajo como debe ser. Existe mucha corrupción y negligencias entre las instituciones públicas.