Transparencia Venezuela 9 de enero de 2026. Las exigencias en materia petrolera de Estados Unidos a las autoridades venezolanas, con Delcy Rodríguez como presidenta encargada, requieren que se atiendan las debilidades institucionales de nuestro país para que la necesaria inversión y ampliación de socios se den en el marco de condiciones claras, transparentes, competitivas, equitativas y, fundamentalmente, sin cláusulas de confidencialidad, con criterios en los que prevalezca la decisión de los venezolanos.

En 2021 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estimó que Venezuela requería, para un plan mínimo de recuperación económica de un año, la cantidad de USD 39.325 millones, una cifra que con toda seguridad se ha elevado.

Francisco Monaldi, director del Programa de Energía para América Latina del Rice University’s Baker Institute, ha señalado que Venezuela tiene el potencial de multiplicar por cuatro o por cinco la producción actual de petróleo. Sin embargo, eso requiere más de una década de inversión constante de un monto que excede los USD 100.000 millones.

Bienvenidos los capitales constructivos

Aunque no se conoce aún la dirección que tomará la nueva situación a partir de la captura de Nicolás Maduro, Transparencia Venezuela recuerda las condiciones necesarias para que las inversiones tengan efectos constructivos:

1. Definir con claridad las condiciones y los procesos para la inversión extranjera y nacional, garantizando competitividad, trato equitativo, estabilidad en las reglas, respeto de los derechos de propiedad, capacidad para convertir y transferir divisas dentro y fuera del país, transferencia tecnológica, protección frente al incumplimiento de contratos, transparencia, simplificación y celeridad en todos los trámites que deben realizarse.

2. Crear y publicar un Registro de Inversiones Extranjeras en formato de datos abiertos, que incluya todos los elementos de la inversión: identificación del beneficiario final (beneficial ownership), sector, proyectos, montos, origen de los fondos, propósitos, socios, declaración de intereses, participación pública o privada, contratos, lapsos de realización, etc.

3. Garantizar contrataciones públicas competitivas y divulgación completa de contratos, licencias y titularidad beneficiaria, alineados con los estándares de la Iniciativa de Transparencia en las Industrias Extractivas en el caso del sector minero (EITI por sus siglas en inglés) y la Alianza de Contratación Abierta. Prohibir sin excepciones las cláusulas de confidencialidad en toda contratación pública.

4. Transparentar todos los acuerdos y compromisos en vigor suscritos por el Estado venezolano con gobiernos foráneos, inversionistas privados extranjeros o nacionales.

5. Reformar la normativa vigente en materia de inversión extranjera (Ley Constitucional de Inversión Extranjera Productiva de Nº 41.310 del 29 de diciembre de 2017): eliminar restricciones, desincentivos, trámites excesivos, control de la responsabilidad social y el monopolio del Estado sobre sectores estratégicos.

6. Definir criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo para las empresas en sintonía con los estándares internacionales como la Iniciativa Global de Reportes (GRI), el Consejo de Estándares de Divulgación Climática y los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos.

7. Separar claramente las responsabilidades del Estado venezolano como promotor de inversiones, empresario y regulador en órganos distintos, para impedir la confusión de roles, conflictos de interés, débiles restricciones presupuestarias, mercados asimétricos y desviaciones de poder.

8. Mejorar la gobernanza de las empresas propiedad del Estado que garanticen la racionalidad de la propiedad pública de la empresa, el rol del Estado como propietario, prácticas de integridad, la divulgación de sus relaciones con partes interesadas, la autonomía de injerencias partidistas, la rendición de cuentas y la responsabilidad de sus autoridades.

9. Derogar la Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos, que establece la concentración de poder en el presidente/a y actuaciones secretas, lo que elimina la separación de poderes y las garantías de transparencia y rendición de cuentas.

Riesgos frente a la entrada de capitales

Frente a las necesidades de inversión y ampliación de socios en las relaciones económicas internacionales de Venezuela es necesario recordar que la llegada de capitales puede tener efectos corrosivos o efectos constructivos. 

Si los acuerdos se establecen de forma opaca; si aprovechan vacíos legales y debilidades de gobernanza existentes en el país receptor; si alimentan los intereses de las élites y sus aliados; si no se conocen los contratos u acuerdos; si no se cumple con las obligaciones tributarias y de negocios y si permiten que las empresas evadan criterios sociales, ambientales y de buen gobierno corporativo, tendrán efectos corrosivos como ha ocurrido con China y Rusia.

En Venezuela, entre 2005 y 2017 entraron por préstamos e inversiones extranjeras más de USD 90.000 millones que no se tradujeron en bienestar para la población ni en crecimiento sostenible. Se transformaron en capitales corrosivos que multiplicaron la deuda sin beneficio para los venezolanos, alimentaron la corrupción y fortalecieron el control autoritario de los pocos con acceso al poder político.

En la actualidad hay serias debilidades de gobernanza por la ausencia de contrapesos, del secreto como política de Estado y un marco jurídico diseñado para el abuso de quien ejerce el poder. Petróleos de Venezuela y el ministerio de Hidrocarburos han estado y siguen estando capturados.

Transparencia Venezuela, 26 de diciembre de 2025.  En un nuevo informe titulado “PDVSA: privatización controlada por las familias en el poder y militarizada” revelamos cómo años tras años de expropiaciones y nacionalizaciones justificadas en nombre de la soberanía energética, la industria petrolera venezolana ha evolucionado hacia esquemas de participación privada cada vez más amplios, implementados al margen del marco legal y sin mecanismos efectivos de control público.

A partir de 2018, y con mayor intensidad entre 2019 y 2025, se consolidaron fórmulas de negocio que reducen el rol operativo y fiscal de Pdvsa, mientras se flexibilizan obligaciones tributarias y contractuales en perjuicio del patrimonio público. Estas modificaciones se han aplicado sin reformas formales a la Constitución venezolana ni a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, sin licitaciones abiertas y sin supervisión parlamentaria.

El informe documenta cómo el secreto de Estado, instaurado incluso antes de las sanciones internacionales, ha impedido a la ciudadanía conocer el destino de la empresa que durante años se dijo: “es de todos”. Para superar esa opacidad, la investigación sistematiza información sobre presuntas empresas aliadas de Pdvsa y detalla la evolución hasta el modelo actualmente vigente: los Contratos de Participación Productiva (CPP).

Desde 2019, la comercialización del petróleo venezolano opera en un ecosistema diseñado para sortear sanciones y sostener flujos financieros en un contexto de colapso institucional. El proceso dejó de ser técnico para convertirse en un entramado político-financiero que incluye intermediarios temporales, empresas de corta duración, transferencias de crudo en alta mar, rutas trianguladas y pagos en criptomonedas —principalmente USDT—, un mecanismo que sigue activo en 2025.

La investigación identifica este entramado no como una suma de operaciones aisladas, sino como un sistema articulado que evidencia la convergencia entre élites políticas, empresariales y negocios petroleros opacos.

En el análisis se examina el rol de figuras clave: Álvaro Pulido (Nicolás Maduro), Majed y Khaled Khalil Majzoub (Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez), Jorge Giménez (Delcy Rodríguez), Ramón Carretero Napolitano (Cilia Flores y Carlos Malpica Flores), Alejandro Betancourt (Nicolás Maduro), Wilmer Ruperti (Nicolás Maduro) y el caso particular de Álex Saab, hoy con funciones formales en la definición de los nuevos modelos de negocio y esquemas de comercialización.

El informe aborda la participación de China, Rusia e Irán, que han intervenido en la comercialización del crudo venezolano para saldar deudas, recuperar inversiones y aprovechar los descuentos asociados al petróleo sancionado.

Entre enero y noviembre de 2025 se registraron alrededor de 411 embarques de petróleo, de los cuales una parte significativa se realizó a través de operaciones opacas o que no pudieron ser plenamente identificada. A este escenario se suma un cambio reciente: la intercepción de buques por Estados Unidos, el endurecimiento del cerco financiero y el cierre de billeteras digitales utilizadas para pagos en criptomonedas, lo que agrava los problemas de flujo de caja de Pdvsa y anticipa nuevas cesiones de activos y áreas de explotación.

Transparencia Venezuela, 22 de diciembre de 2025. El ciclo electoral en Venezuela que comenzó con elección presidencial del 28 de julio de 2024 y culminó con los comicios municipales del 27 de julio de 2025 cierra un período marcado por la profundización del control institucional del oficialismo y la erosión definitiva de los mecanismos de competencia electoral en Venezuela, dando paso a la profundización de los abusos y hechos de corrupción que afectaron directamente e indirectamente el disfrute de los derechos humanos, en particular los civiles y políticos,  lo que se evidenció en detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y condenas judiciales rápidas y severas.

El balance es la consolidación de un modelo en el que la participación ciudadana en elecciones disminuye de manera sostenida, la opacidad se normaliza y las instituciones rectoras dejan de cumplir los estándares mínimos de verificación y transparencia.

Los patrones en las elecciones presidencial, regional y legislativas, y municipales se resumen así: control estatal, restricciones políticas, manipulación estadística, ausencia de garantías técnicas y presentación de resultados de la votación sin mostrar evidencias.

En este análisis de Transparencia Venezuela se aborda, además, cómo cambió el esquema de “disuasión política” – que usualmente imperaba en tiempos de elecciones con detenciones ilegales, desapariciones forzadas y criminalización de activistas y dirigentes locales- pues se volvió permanente, más allá de los procesos electorales, específicamente entre agosto y diciembre de 2025.

También se aborda la “democracia comunal post-electoral” con “Consultas Populares” definidas por las autoridades como un ejercicio “democrático directo” y «suigéneris«, para que los mayores de 15 años voten por proyectos centrados en la crisis de servicios públicos y la infraestructura comunal. No son organizadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que sigue con un bajo perfil, sino por el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales, que realiza hasta el escrutinio de los votos.

Las consultas han mostrado apatía política, sin datos públicos sistematizados sobre participación, criterios de selección de proyectos ni seguimiento de su ejecución. A ello se agrega que Nicolás Maduro anunció una propuesta de reforma constitucional que llevará a la Asamblea Nacional, para consolidar un “sistema electoral de los circuitos comunales”, que implica una “reingeniería” de cómo los venezolanos han votado hasta ahora.

El ataque a dirigentes sociales o políticos, el castigo por parentesco o la práctica Sippenhaft, las condiciones de reclusión y denuncias de tortura, los casos de pena cumplida y nueva condena sin defensa, la criminalización de la actividad sindical, los muertos en custodia, el asesinato transnacional y el trato a las presas políticas son otros de los temas abordados en este estudio.

Transparencia Venezuela, 10 de diciembre de 2025. En contraste con los meses precedentes, en noviembre disminuyó el número de tanqueros internacionales con destino a las terminales petroleras venezolanas. En total, 98 buques que transportan crudo fueron detectados por Transparencia Venezuela este mes, 14 menos que los observados en octubre. De los 98 tanqueros, 64 son internacionales, 17 son de Pdvsa y 17 llegaron con sus señales AIS apagadas.

El operativo militar y las tensiones entre Estados Unidos y el gobierno de Nicolás Maduro podrían haber incidido en la disminución de la presencia de tanqueros en las costas venezolanas en las últimas semanas.

Transparencia Venezuela, 9 de diciembre de 2025. En el Día Internacional contra la Corrupción, desde Transparencia Venezuela alertamos acerca de las graves violaciones a los derechos humanos que sufren millones de ciudadanos, como consecuencia del incumplimiento sistemático del respeto al patrimonio colectivo, de la Constitución Nacional y de los compromisos adquiridos por el Estado venezolano al suscribir la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC). La magnitud de las tramas corruptas transnacionales, con origen en Venezuela y que son investigadas en 30 países, evidencia el incumplimiento casi total de varias medidas preventivas y punitivas clave de la Convención, con un impacto que ha sido devastador para la población.

¿Cuáles son las medidas de la UNCAC no implementadas efectivamente en Venezuela?

El 31 de octubre de 2003 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el tratado multilateral para prevenir y combatir la corrupción política. Venezuela firmó la Convención el 10 de diciembre de 2023 y la ratificó el 23 de mayo de 2005.

1. Incumplimiento en la sanción efectiva del peculado y malversación de fondos públicos

Lo que ha ocurrido en Venezuela

• • • De acuerdo a nuestras investigaciones registradas en Corruptómetro, estos delitos se cometieron a gran escala en la administración pública venezolana, especialmente en un sector estratégico como el petróleo, que concentra la mayor cantidad de irregularidades. Petróleos de Venezuela -Pdvsa- se convirtió en el centro de los esquemas corruptos multimillonarios.

• • • La participación de altos funcionarios en redes corruptas—como Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas (17 investigaciones), Rafael Darío Ramírez Carreño (13 causas) y Javier Alvarado Ochoa (con 11)— son evidencia de la estructura delictiva forjada durante años desde el poder que vacía de todo contenido cualquier mecanismo interno en Venezuela para prevenir y sancionar estos delitos.

2. Ausencia de mecanismos de transparencia y obligación de rendir cuentas

Lo que exige la UNAC

La UNCAC exige establecer políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción que promuevan la transparencia y la obligación de rendir cuentas, especialmente en la gestión y la contratación pública.

Lo que ha ocurrido en Venezuela

• • • La incidencia de corrupción en áreas críticas como salud, seguridad y electricidad, de acuerdo a nuestros registros, deja ver que no hay sistemas objetivos, transparentes, en la adjudicación de contratos, en el manejo de riesgos y en controles internos. Los organismos de seguridad están dedicados a la represión y el miedo, muchas veces formando parte de las redes que controlan las economías ilícitas.

• • • La política del secreto impuesta desde hace 15 años por la vía de los hechos -ni siquiera se publica la Ley de Presupuesto- y la ausencia de rendición de cuentas se “legitimaron” con la Ley Constitucional Antibloqueo aprobada en 2020, que establece el carácter confidencial y reservado de todas las actuaciones públicas.

3. Fracaso en la prevención y detección del blanqueo de capitales

Lo que exige la UNAC

La Convención obliga a establecer un amplio régimen interno de reglamentación y supervisión para prevenir y detectar el blanqueo de dinero y exige que las instituciones financieras intensifiquen su escrutinio.

Lo que ha ocurrido en Venezuela

• • • Venezuela fue incluida en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) por no cumplir con las estrategias básicas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
    • La corrupción venezolana es trasnacional. Son 172 casos en 30 países. De estos 60 están en Estados Unidos, 25 en Argentina, 15 en España, 13 en Colombia, y 7 casos en cada uno de estos países: Suiza, Ecuador y Brasil. Son cifras que revelan el desvío descomunal de capitales al exterior, que pertenecían al patrimonio de Venezuela. Del total de casos internacionales, de acuerdo a nuestros registros, 112 corresponden a lavado de dinero y conspiración para blanquear.
    • Ya en Venezuela se están usando las criptomonedas sin control, lo que significa una gran oportunidad para lavado a través de plataformas digitales que estarían vinculadas al poder.

4. Debilidad extrema en la cooperación Internacional Activa

Lo que exige la UNAC

La UNCAC establece que los Estados Parte deben prestar la más amplia asistencia judicial recíproca respecto de investigaciones, procesos y actuaciones judiciales.

Lo que ha ocurrido

• • • Los órganos de justicia de América Latina han confirmado a los investigadores de Transparencia Venezuela que no han recibido respuesta a ningún exhorto o rogatoria, ni siquiera en los temas que tienen que ver con las solicitudes de información sobre delincuentes, como es el caso del Tren de Aragua.

5. Ineficacia en la recuperación y restitución de activos

Lo que exige la UNCAC

La restitución de activos es un principio fundamental: los bienes robados deben ser devueltos al país de origen.

Lo que ha ocurrido en Venezuela

• • • De acuerdo a nuestros registros, al menos, 652 bienes han sido incautados en las naciones que sí investigan. Estados Unidos encabeza la lista de decomisos.
    • La recuperación de activos en el extranjero es un proceso muy complejo, que toma matices más graves por el carácter cleptócrata de la cúpula del poder, que dejan en letra muerta cualquier mecanismo interno para prevenir, detectar y repatriar bienes ilícitos.

6. Falta de implementación del delito de enriquecimiento ilícito

Lo que pide la UNCAC

La Convención pide considerar la penalización del incremento patrimonial injustificado de funcionarios públicos.

Lo que ha ocurrido en Venezuela

• • • Venezuela ha usado las llamadas leyes de desacato, relacionadas con el vilipendio, ataque al honor y ofensas contra funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones- cuya eliminación ha sido impulsada tanto por la UNCAC como por la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC)-   para restringir las libertades, como la libertad de expresión, detener, encarcelar y dictar sentencias desproporcionadas a decenas de venezolanos que se atreven a formular críticas al poder.
    • Al haber una estructura delictiva desde la élite ninguna legislación es eficaz contra el enriquecimiento ilícito de los funcionarios que ostentan altos cargos.

Transparencia Venezuela, 8 de diciembre de 2025. El uso que está haciendo el Estado venezolano de los criptoactivos, desplazando el mercado cambiario de divisas tradicional, no solo es un foco de corrupción institucional, que crea oportunidades claras para el lavado de dinero y el desvío de fondos públicos, sino un modelo para mantener privilegios cambiarios a favor de una élite a través de empresas de cambios digitales que estarían vinculadas a la familia presidencial.

En este informe titulado Criptos: el nuevo paradigma del mercado cambiario venezolano Transparencia Venezuela profundiza en el tema de las criptomonedas como una alternativa de pago vinculada al dólar usada por el Gobierno venezolano, que elude los controles presupuestarios tradicionales y dificulta rastrear las operaciones que se hacen con dinero público. Desde junio de 2025 en Venezuela aumentó el uso del USDT y USDC para pagos de importaciones del sector público y privado, incrementando principalmente en la empresa estatal, Pdvsa.

Tal como se planteó en nuestra primera investigación sobre las criptos en Venezuela, las dos plataformas autorizadas por el Estado para operar en la compra de USDT y USDC con bolívares y dólares son Kontigo y CrixtoPay que gestionan transacciones millonarias con altos niveles de discrecionalidad. En esta nueva entrega se profundiza en el análisis de este modelo y en el papel de estas exchanges que en la práctica funcionan “casas de cambio digitales”, al tiempo que se aborda su relación estrecha con la élite chavista.

Según este análisis, el rol de estas exchanges es determinante, pues el 75% del mercado cambiario se desplazó fuera de la banca tradicional y  “la mayor parte de esas transacciones fueron absorbidas por aplicaciones cripto como Kontigo y Crixto Pay.”

En este nuevo reporte, además, analizamos cómo este nuevo paradigma en el mercado cambiario de Venezuela no es un simple cambio técnico, sino una estrategia para mantener privilegios de un grupo, con implicaciones institucionales y macroeconómicas profundamente perjudiciales.