Transparencia Venezuela, 16 de octubre de 2026. El 14 de octubre de 2026, el vicepresidente de Planificación y ministro Ricardo Menéndez entregó al vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, los proyectos de Ley de Presupuesto y de Ley Especial de Endeudamiento para 2027.
Menéndez anunció que el presupuesto buscará recuperar ingresos, servicios e infraestructuras, también impulsar la economía productiva y mejorar la calidad de vida. Pero ¿cómo puede la ciudadanía saber si esos objetivos se cumplirán y cómo se utilizará el dinero público si no se conocen los documentos que los sustentan?
Como ocurre desde hace una década, los proyectos de Ley de Presupuesto y de Endeudamiento no están disponibles en ningún portal. La experiencia de años anteriores apunta a que, una vez aprobadas las leyes se anunciará un monto global en bolívares y una proporción superior al 70 % destinada al gasto social, que se va en salarios y gastos fijos y no en inversión social, sin información suficiente para examinar las asignaciones concretas.
Menéndez e Infante destacaron que los proyectos fueron entregados antes del 15 de octubre, conforme al artículo 312 de la Constitución. Sin embargo, la obligación de presentar las leyes ante la Asamblea Nacional no sustituye el deber de informar a la ciudadanía. El artículo 12 de la Ley contra la Corrupción ordena publicar los proyectos de presupuesto y endeudamiento antes de presentarlos al Parlamento; su artículo 8 establece el carácter público de la información presupuestaria y de la administración del patrimonio público. También es obligatorio publicar la Ley. Ninguna ley puede ser secreta.
La opacidad fiscal no es nueva: desde 2009 dejaron de publicarse las estadísticas fiscales y desde 2016 no se divulga el presupuesto nacional. Mientras tanto, en 2026 se anuncian acuerdos e inversiones en sectores estratégicos, nuevas oportunidades de explotación petrolera y minera y una posible normalización de las relaciones económicas con Estados Unidos. Sin embargo, nada sabemos de los ingresos obtenidos por las concesiones, licencias, contratos, exportaciones de empresas del Estado, recaudación interna ni de la utilización de estos recursos. Si se abren oportunidades para captar recursos y reactivar la economía, ¿por qué se mantiene cerrada la información sobre el dinero público?
La transparencia presupuestaria no es un trámite burocrático: es saber cuánto dinero tiene el Estado, a qué se destina y si se traduce en agua, electricidad, reconstrucción luego del doble terremoto, salud, educación e infraestructura.
¿Cuál es la excusa ahora?
El derecho de acceso a la información señala: toda información en poder del Estado es propiedad de los ciudadanos. Es un derecho que aún está pendiente.
Desde Transparencia Venezuela exigimos la publicación de los proyectos de Ley de Presupuesto para el ejercicio 2027, de la Ley Especial de Endeudamiento 2027, los documentos complementarios y toda la información relativa a la administración del patrimonio público del país.