Con la aprobación de la Ley de Presupuesto 2012, el Gobierno venezolano legaliza la opacidad y discrecionalidad en las decisiones tomadas para cubrir el déficit presupuestario en sectores de marcada importancia social, como salud, educación, seguridad infraestructura, vivienda, deporte y cultura.

En este análisis del presupuesto anual de la Nación se denuncia que el Gobierno nacional no realizó la consulta pública con la sociedad venezolana antes de presentar el anteproyecto de presupuesto a la Asamblea Nacional como mandan las leyes.

En el presupuesto 2012 hay una disminución del 13 por ciento de los recursos en comparación con el dinero disponible durante el año 2011. El monto manejado durante el año pasado fue de Bs. 341 mil 111 millones mientras que para este año (2012), la cifra calculada fue de Bs. 297 mil 837 millones.

Al igual que ha ocurrido en años anteriores, surge un presupuesto paralelo como consecuencia de los fondos alimentados con los excedentes petroleros. En la administración de estos fondos no hay metas claras y objetivos definidos sobre las obras que se ejecutan.

El informe también revela que nuevamente el gobierno venezolano privilegia el gasto militar por encima de los gastos asignados a seguridad ciudadana, pese a que Venezuela no atraviesa ningún conflicto bélico. En el presupuesto 2012 fueron asignados 8.601 millones al gasto militar por vía de endeudamiento, lo que representa un monto superior al millón de bolívares fijado en el 2011.

Sin embargo,  los montos para el sector vivienda y educación son insuficientes y no alcanzarán a cubrir las metas pautadas en cuanto a construcción de nuevas obras. Para estas partidas no se contempló el incremento de la matrícula escolar en el caso del sector educativo y el aumento de los costos en el área de construcción en el caso de las viviendas.

En el presupuesto 2012 también se elevó en 119 por ciento el pago de servicio de la deuda pública, pasando de 25 mil millones en el 2011 a 54 mil 714 millones en el 2012,  pese a ello, según los análisis de Transparencia la mayor cantidad de recursos (75%) se destinan al pago de intereses y sólo el 19 por ciento a amortización de la deuda.

Dos sectores son señalados como vulnerables en la evaluación realizada por Transparencia Venezuela, entre ellos los pueblos indígenas, a cuyo Ministerio se les asignan recursos insuficientes para la ejecución de proyectos y programas sociales y  por otro lado está  el Ministerio de Servicios Penitenciarios, al cual  tampoco se le asignaron partidas y recursos para la construcción de nuevas cárceles y proyectos de humanización.

Otras de las debilidades detectadas fue la inconsistencia en los programas sociales o Misiones manejadas por el Gobierno nacional, pues no hay una continuidad en las tareas y metas fijadas en el año 2011, además tampoco se hace mención de los recursos que se necesitarán para los acostumbrados ajustes salariales que se le hacen a los funcionarios públicos, durante el mes de mayo y otros incrementos que tratan de equiparar el efecto inflacionario sobre el sueldo de los trabajadores en los sectores público y privado.