TSJ falla en contra de la Constitución Nacional

La libertad de expresión, el acceso a la información, el derecho a la vida y a la manifestación son víctimas del Tribunal Supremo de Justicia.

Puerto Ordaz 21.02.17 Alba Perdomo, Oswaldo Cali, Mairis Balza y Mario Castro presentaron a un grupo de guayaneses, el Memorial de Agravio 2016, publicación en la cual se plasma el resultado del análisis hecho a más de 100 decisiones del Poder Judicial y cómo éstas han afectado los derechos fundamentales de los venezolanos.

“El derecho que no se defiende podemos darlo por perdido” aseveró la coordinadora del Capítulo Bolívar de Transparencia Venezuela, Alba Perdomo. “Tenemos derecho a saber, tenemos derecho a reclamar”. La profesora universitaria lamenta que la participación ciudadana se perciba como una amenaza en contra del poder, y argumenta que debido a ello las normas implementadas son poco transparentes.

Respuestas necesarias

El abogado especialista en Derechos Humanos, Oswaldo Cali, representante de Espacio Público resaltó que el acceso a la información pública no necesita mayor justificación porque se trata de un derecho constitucional.

Para Cali no solo se trata de acceder a la información, sino también de fomentar políticas públicas para que se respete el derecho, y se pueda lograr la aplicación de prácticas internas para favorecer la transparencia.

Espacio Público, además de litigar en instancias nacionales e internacionales, desde hace aproximadamente tres años trabaja en una iniciativa denominada “El Pueblo Pregunta” en las comunidades, para promover la participación, el acceso a la información pública y la presión social, para obtener respuestas.

El abogado y profesor de la Ucab Guayana, Mario Castro, dijo que las sentencias en contra de la libertad de expresión se hacen con miras a tener una hegemonía comunicacional.

Lo más grave del asunto, según el jurista, es que no hay un contrapeso interno y es por eso que se siguen tomando estas decisiones en contra de un derecho constitucional también consagrado en tratados internacionales. “El problema es que estamos inmersos en una desmovilización espantosa del ‘vamos a ver qué pasa’”.

Dijo que el Gobierno, a través del Tribunal Supremo de Justicia, le ha dado un golpe de Estado a Venezuela con estas ordenes que son “un acto de fuerza en contra de la Constitución”.

A su juicio, en el país no hay libertad de expresión sino “algunos espacios donde todavía nos podemos expresar con relativa libertad”.

Intimidaciones

Mairis Balza, de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía, una ONG emergente, se refirió al uso de las armas de fuego y sustancias tóxicas como un común denominador de las fuerzas públicas en las movilizaciones y actividades de calle. Argumentó que las razones para esto son el control, la intimidación y la desmovilización «lo que despega a un gobierno del ejercicio de la democracia».