Los casi 6,2 millones de personas que salieron de Venezuela para escapar de los devastadores efectos de la Emergencia Humanitaria Compleja, representan 6% de la cifra global de desplazados forzosos, que según la ONU superó este año los 100 millones tras la invasión rusa a Ucrania
Transparencia Venezuela, 20 de junio de 2022. La crisis migratoria venezolana se mantiene como una de las peores del mundo. Este fenómeno, que se inició en 2012 en medio de una crisis política, económica y social sin precedentes, se profundizó con la Emergencia Humanitaria Compleja declarada por las Naciones Unidas en 2015. Además, se ha visto exacerbado por la pandemia de COVID-19, que generó nuevos riesgos de corrupción y planteó mayores retos a la institucionalidad responsable de atender el problema.
En este contexto, el reciente encuentro de la Cumbre de las Américas celebrado en Los Ángeles, Estados Unidos, cerró con un pacto migratorio que, entre otros aspectos, establece una hoja de ruta para los países receptores a un gran número de refugiados y migrantes, vías legales para entrar a los países, ayudas a las comunidades más afectadas, gestión humana de las fronteras y respuestas de emergencia coordinadas.
A pesar de la ausencia de tres de los países de la región más afectados (Cuba, Venezuela y Nicaragua), este acuerdo evidenció la gravedad de la crisis migratoria venezolana y la necesidad de establecer mecanismos para mejorar las condiciones de vida y garantizar los derechos humanos de los migrantes, además de protegerlos de los riesgos de corrupción a los que están expuestos.
Transparencia Venezuela ha denunciado el drama de quienes deciden abandonar el país para escapar de la inseguridad y las limitaciones en el acceso a servicios esenciales como la salud y la alimentación. De igual modo, en su reciente informe Corrupción y migración en contexto de la COVID-19. Cuando las condiciones de vulnerabilidad se agudizan por las restricciones de la emergencia, la organización analizó las distintas formas de corrupción que, directa o indirectamente, afectan a los venezolanos que se van a otros países.
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Éxodo sin retorno
Estimaciones de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Plataforma de Coordinación Interagencial para los Refugiados y Migrantes Venezolanos (R4V), coinciden en que, para 2022, han salido del país cerca de 6,2 millones de personas.
Esta cifra representaría poco más del 6% del desplazamiento forzoso humano en todo el mundo. El pasado mayo, la Organización de Naciones Unidas (ONU) anunció que este fenómeno, que venía en un alarmante ascenso desde los dos años anteriores, superó por primera vez los 100.000.000 de personas, tras el conflicto entre Rusia y Ucrania.
De acuerdo con ACNUR, solamente en enero de 2022, entraron por la frontera sur de Estados Unidos 25.000 connacionales. Sin embargo, 84% de las personas que huyen de Venezuela han sido acogidos por países de Latinoamérica y el Caribe, principalmente Colombia, donde residen más de 1,8 millones de venezolanos, y cuyo territorio es paso obligatorio de los migrantes en su camino hacia Perú, Ecuador, Chile, Argentina y otras naciones de la región.
Aunque en los últimos meses la economía venezolana experimentó una leve mejoría, indicadores como la tasa de desempleo y del salario versus costo de la canasta básica confirman que falta mucho por resolver. En esa otra realidad persisten la precariedad del sistema sanitario y del educativo, las fallas en el servicio eléctrico y las dificultades en el acceso al agua, entre otros, que demuestran que el país está lejos de superar la emergencia humanitaria causada por la corrupción.
Este es el escenario con el que se encuentran muchos venezolanos que retornan al no lograr establecerse en sus países de acogida. Esto se debe principalmente, según expertos, a las dificultades para la obtención del documento que regularice su estatus migratorio y, por ende, puedan ejercer todos los derechos: ingresar al mercado laboral, matricularse para estudiar, recibir asistencia médica y tener una vivienda digna, entre otros.
Otras barreras que enfrenta la diáspora venezolana han sido la estigmatización, la xenofobia, la discriminación y la falta de información para agilizar trámites. Esta situación ha dejado expuestos a los migrantes a mayores riesgos de corrupción. La peor parte corresponde a las mujeres y niñas, que son víctimas de redes de tratas de personas, explotación y extorsión sexual, tal como lo detalla el informe de Transparencia Venezuela.
Sin embargo, datos recopilados por el Centro de Investigaciones Populares, revelan que el porcentaje de la población que reingresó al país entre 2018 y 2022 es de apenas 0,5% de los que se han ido. Esta cifra contrasta con los 1.000 venezolanos que, según agencias internacionales, salen a diario por las fronteras terrestres con Colombia y Brasil.
En este sentido, el Pacto de Los Ángeles es un avance importante en el reconocimiento del drama humano que entraña la migración de países afectados por conflictos políticos, económicos y sociales, como el caso de Venezuela; y en la búsqueda de soluciones reales más allá de destinar recursos para proporcionar asistencia humanitaria a corto plazo.
Este Día Mundial del Refugiado, designado por las Naciones Unidas para honrar a las personas refugiadas y desplazadas de todo el mundo, se centrará en el derecho a buscar protección. La fecha es propicia para reiterar el llamado a atender de forma perentoria la situación de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad por su condición de refugiado o desplazado, sin derecho a la identidad, a la educación, la salud, al trabajo y a una vivienda digna.
Además de los programas de ayuda, para revertir esta tendencia, es urgente, como lo expresó el Alto Comisionado de ACNUR, Filippo Grandi, invertir en “la paz y la estabilidad, para que la gente inocente no se vea obligada a elegir entre el peligro de casa o la precaria huida y el exilio”.
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