Once organismos rechazaron responderle a Transparencia si las obras que le adjudicaron a Odebrecht están listas

29 ministros y presidentes de organismos y empresas del Estado estarían directamente involucrados en irregularidades

Silencio absoluto. Esa es la respuesta que Transparencia Venezuela ha recibido de los nueve ministerios, empresas públicas e institutos autónomos a los que en los últimos meses les solicitó información sobre el estado de las obras que le adjudicaron a la constructora brasileña Odebrecht en la última década.

La Contraloría General de la República, el organismo encargado de velar por el buen uso de los fondos públicos, y la Procuraduría General de la República, responsable de defender los intereses patrimoniales del Estado, tampoco respondieron las peticiones de información que la organización encargada de combatir la corrupción le formuló para conocer sobre la situación de las 16 grandes obras de infraestructura que le fueron encargadas a la empresa, luego señalada de pagar sobornos a funcionarios de distintos países, incluidos venezolanos, para obtener contratos mil millonarios.

Entre el 20 y 26 de abril, Transparencia dirigió cartas a los ministerios del Transporte Terrestre, Energía y Petróleo, Energía Eléctrica, Metro de Caracas, Metro de Los Teques, Aeropuerto Internacional de Maiquetía y a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) entre otros, para saber si los contratos que suscribieron con Odebrecht se habían ejecutado y cuál era el avance de las obras.

La organización también le pidió al contralor, Manuel Galindo, y al procurador encargado, Reinaldo Múñoz, que informaran las gestiones adelantadas para asegurar que las arcas públicas fueran reparadas por el incumplimiento de los contratos.

A principios de este año el presidente Nicolás Maduro admitió que buena parte de las construcciones encargadas a la empresa brasileña estaban paralizadas. «Vamos a terminar todas las obras que tenía Odebrecht en el país con trabajo nacional, porque eso es cabilla, cemento y eso lo sabemos hacer los venezolanos”, dijo.

Investigaciones de Transparencia revelan que 29 ministros y 11 presidentes de institutos autónomos, empresas del Estado y otros organismos están involucrados en la contratación y la supervisión o falta de supervisión de dichos convenios.

El lunes la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, confirmó que funcionarios venezolanos recibieron sobornos a cambio de contratos y aseguró que ya tenía algunos identificados.

 “Ya tenemos identificados a varios a funcionarios públicos que comprometieron el patrimonio del Estado a favor de esta empresa”, afirmó durante una entrevista radial, en la cual agregó: “Tenemos los contratos y las personas que autorizaron que se ejecutaran esas obras y que no le hicieron seguimiento a esos contratos y esas obras nunca concluyeron. ¡Ojo a aquellas personas que firmaron esos contratos y que no le hicieron seguimiento! ¡Esas obras nunca concluyeron!”.

La funcionaria confirmó en esa misma declaración que funcionarios venezolanos recibieron a través de familiares dinero de Odebrecht y menos de 24 horas después anunció que citó para imputar a la esposa y suegra del exministro de Transporte y ahora diputado, Haiman El Troudi. La esposa del legislador, María Eugenia Baptista, se desempeñó como jefa de prensa de El Troudi en los ministerios de Planificación y de Transporte.

Representantes de la constructora brasileña admitieron ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos haber sobornado con 98 millones de dólares a funcionarios públicos en Venezuela entre 2006 y 2015. El monto es el segundo más alto en toda Latinoamérica después del mismo Brasil..