Informe del Observatorio Ciudadano de la Corrupción (OCC) muestra que en los países de la región existe un bajo desarrollo de normas y políticas públicas para promover la equidad, mientras que en la práctica no se evidenciaron avances durante los últimos años

Transparencia Venezuela, 9 de mayo de 2022. Diferentes estudios han determinado que la corrupción y sus consecuencias adversas afectan de forma diferenciada a la población femenina. Ante esta realidad, los acuerdos internacionales y regionales sobre equidad e igualdad de género plantean la eliminación de la discriminación contra la mujer, la superación de barreras y la garantía de los derechos humanos. El reciente informe temático regional del Observatorio Ciudadano de la Corrupción (OCC) del Foro Ciudadano de las Américas, por su parte, determinó que, aunque en América Latina y el Caribe se ha trabajado en la inclusión de nuevas agendas, aún persisten los mecanismos de exclusión, las desigualdades y las brechas de género. 

De acuerdo con el documento, en la mayoría de los países de la región existe un bajo desarrollo de normas y políticas públicas para promover la equidad, mientras que en la práctica no se evidenciaron avances durante los últimos. Así de desprende de la valoración realizada por organizaciones civiles de 19 países miembros, donde se constató que el puntaje promedio alcanzado en el compromiso N° 7 fue de 0,77 puntos de un máximo de 3,00. 

Los resultados obtenidos en el OCC reflejan la necesidad de que los países de la región aborden las políticas anticorrupción con perspectiva de género. Venezuela fue uno de los países que obtuvieron respuestas positivas en el desarrollo normativos, pero que no alcanzan el 10% de los indicadores en la práctica. 

Lea también: PDVSA, combustible de la corrupción amplía su cobertura

Un problema estructural

El informe señala que para determinar la asociación entre género y corrupción es necesario identificar de qué manera este flagelo tiene una afectación especial en la vida de las mujeres y la comunidad sexodiversa. Al respecto, el Barómetro Global de la Corrupción – América Latina y el Caribe (2019) señaló que esta población es más vulnerable a pagar sobornos para acceder a servicios de salud y quienes tienen menos recursos a pagar por servicios judiciales.

Un fenómeno cada vez más extendido en los casos de corrupción que afectan de forma particular a las féminas en situación de pobreza, es cuando se les pide que paguen los sobornos con actividades sexuales.  Se estima que una de cada cinco personas enfrenta situaciones de extorsión sexual o sextorsión al acceder a un servicio gubernamental.

Por otra parte, hay investigaciones que muestran cómo la corrupción facilita otros delitos graves como la trata de personas, la explotación sexual, redes clientelares, persecución a lideresas, el secuestro, violencia basada en género y femicidios, con un impacto diferenciado en las mujeres.

En el marco de la pandemia aumentaron las afectaciones diferenciadas a las mujeres debido al deterioro en su participación en las actividades económicas, comunitarias y políticas. Se calcula que la tasa de desocupación de las mujeres llegó a 12% en 2020. La salida de las mujeres de la fuerza laboral, en muchos casos, fue para atender las demandas de cuidados en sus hogares. 

Se entiende que la igualdad de género es un factor fundamental para garantizar los derechos de las mujeres y un desarrollo sostenible. Sin embargo, su abordaje se ha orientado principalmente a la violencia y la participación política. Ante esta realidad, urge que los acuerdos internacionales sobre equidad e igualdad reconozcan a la corrupción como causa de la desigualdad estructural.  

Lea también: CIDH pide que cesen inhabilitaciones políticas en Venezuela durante elecciones

Avances y retos

El compromiso N° 7 de la Cumbre de Lima busca identificar avances en acciones para promover la equidad e igualdad de género en las políticas anticorrupción. Para su valoración, el OCC utilizó tres indicadores normativos y tres de práctica. El bajo puntaje en el desarrollo de normas, instituciones y acciones concretas (0,77/3,00), demuestra que la participación activa de mujeres y de la comunidad LGBTIQA+ en el diseño de políticas públicas para promover la igualdad de género en la lucha anticorrupción, son deudas centrales para las democracias latinoamericanas y del Caribe.

Venezuela, junto a Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Uruguay, obtuvo respuestas positivas que no alcanzan el 10% en los indicadores de práctica. Por el contrario, las organizaciones del OCC identificaron avances en 13 países para la definición de políticas o normas que promueven la paridad de género. Un ejemplo de esto es que, en la región, las mujeres ocupan más de 30% de los escaños parlamentarios. Resaltan los casos de Bolivia (53%) y México (48%), países con el porcentaje más alto. 

En general, el porcentaje de respuestas afirmativas reveló que sólo 30% de los países de la región cuentan con disposiciones para la promoción de la equidad e igualdad de género en las políticas anticorrupción. Si bien seis de los 19 países evaluados respondieron positivamente (Argentina, Bolivia, Costa Rica, México, Nicaragua y Panamá); eso no necesariamente significan que las normas tienen un componente que las vincule con medidas concretas.

Los desarrollos identificados por el OCC apuntan a fortalecer el enfoque de género en políticas de transparencia y anticorrupción, en normatividad y en la generación de conocimiento e información. No obstante, a partir del seguimiento realizado al Compromiso de Lima, se estableció que, si bien existen algunos avances y prácticas para incluir este elemento en la lucha contra la corrupción, es necesario articular las agendas.

Para ello, el OCC hizo algunas recomendaciones entre las que destacan priorizar acciones de control y auditoría a los programas y recursos de servicios públicos como salud y educación; generar mayor conocimiento sobre las causas y efectos de la corrupción en las mujeres para avanzar en políticas concretas; fortalecer los sistemas de justicia para que comprendan y atiendan con perspectiva de género y diversidad, así como robustecer las políticas de equidad de género en el sector público y privado con medidas de protección y sistemas de denuncia.