De aprobarse la reforma a Ley de Contraloría y del Sistema de Control Fiscal, el funcionario deberá responder por nepotismo. Galindo Ballesteros también preside desde diciembre de 2015 el Consejo Moral Republicano, que comprende la Contraloría General de la República, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo.
Al respecto, Transparencia Venezuela solicita ante la Asamblea Nacional (AN) la inmediata apertura de una investigación sobre la asignación de cargos en la Contraloría General de la República a familiares cercanos a Galindo Ballesteros. De comprobarse el ilícito de nepotismo, exigiremos la remoción del funcionario por el incumplimiento de los deberes que su investidura le impone.
El artículo 274 de la Constitución establece que el Poder Ciudadano tiene el deber de prevenir los actos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa, mientras que el Código de ética de las Servidoras y los Servidores Públicos prohíbe a los funcionario intervenir en la toma de decisiones en el que pueda resultar beneficiado parientes del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, situación contrastaría con la contratación de al menos 13 familiares del Contralor dentro del despacho que preside.