Modelo de control del Ejecutivo se acrecentó con 706 Empresas Propiedad del Estado
En cinco informes, Transparencia Venezuela profundiza sobre el origen de las estatales, su ubicación y sus autoridades; las denuncias de corrupción en las compañías del sector alimentación; el predominio de los militares en diferentes sectores de la vida pública; el rol del Fonden en el descalabro económico y los beneficios que obtuvo el chavismo con la destrucción de las empresas
Transparencia Venezuela, 1 de octubre de 2020. Por cuarto año consecutivo, Transparencia Venezuela desarrolló una investigación sobre las Empresas Propiedad del Estado (EPE), con el propósito de ampliar la búsqueda y conocer cuántas hay, el volumen histórico de producción, las autoridades, su nivel de autonomía e independencia, así como los riesgos de corrupción a las que han estado expuestas, el peso del factor político en su conducción y su impacto en el desarrollo económico del país, así como en la calidad de vida de los venezolanos.
En Empresas Propiedad del Estado III, Transparencia Venezuela logró identificar 706 compañías en las que el Estado venezolano es el dueño absoluto o tiene alguna participación accionaria. La mayoría de las sociedades han sido creadas, expropiadas, nacionalizadas o confiscadas durante las gestiones de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, quienes convirtieron al Estado en el gran empresario, con el propósito de implementar su modelo de control e implantar el llamado Socialismo del Siglo XXI.
El rastreo realizado por Transparencia Venezuela arrojó que, de las 706 EPE identificadas hasta ahora, 597 son nacionales y 109 son internacionales. Las compañías o sociedades están repartidas principalmente en los sectores manufactura, agroalimentario, hidrocarburos e instituciones financieras con resultados desfavorables para la economía venezolana.
A pesar de la escasa información oficial de la que se dispone, la ampliación del estudio incluyó la actualización de las juntas directivas de las empresas (con los datos disponibles más recientes); las denuncias sobre irregularidades en las estatales del sector alimentación; el papel de los fondos extrapresupuestarios en el descalabro económico del país; y los posibles beneficios que obtuvo el poder central con la destrucción de estas compañías.
Esta nueva fase de la investigación, EPE III se presenta en cinco informes. El primero de ellos desarrolla todo lo relativo a la ubicación de las sociedades o compañías; el sector al que pertenecen; la revisión sobre la presencia de militares en cargos de poder; la participación de las mujeres como máximas autoridades; y la duplicidad de funciones debido a los casos de funcionarios que dirigen varias sociedades o compañías a la vez.
La investigación logró identificar, por ejemplo, las máximas autoridades de 260 EPE, de las cuales, al menos 96 están en manos de militares (activos y retirados) dejando en evidencia el peso de los uniformados en la sociedad venezolana y específicamente en el sector económico.
En otro de los reportes, Transparencia Venezuela analiza más a fondo la presencia de los uniformados, no solo en las EPE, sino en los ministerios, gobernaciones y hasta en espacios tradicionalmente destinados a civiles, como el servicio exterior venezolano. Además, revela los fondos destinados al Ministerio para la Defensa en las últimas dos décadas y analiza los distintos entes adscritos al despacho, 38 en total, la mayoría de los cuales no tiene nada que ver con la seguridad y defensa de la nación.
En un tercer informe, se hace un análisis de las estatales del sector alimentación, los convenios suscritos con otros Estados en los últimos años y las denuncias de corrupción a su alrededor. A los conflictos laborales en estas compañías también se han sumado las denuncias por el uso irregular del dinero. El estudio, señala, por ejemplo, que hay más de 50 investigaciones sobre gran corrupción en el sector alimentación, realizadas por organismos oficiales de varios países, el Parlamento venezolano, reconocidos medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil. Los casos analizados dan cuenta de al menos 17 mecanismos de corrupción que ocurren con frecuencia en el sector agroalimentario y que van desde la asignación de millonarios contratos a dedo, por parte de las máximas autoridades del Estado, hasta el desvío de los alimentos asignados a las EPE por cuenta de los empleados.
Otro de los documentos publicados por Transparencia Venezuela analiza el rol del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden), en el descalabro económico del país. El Fonden fue creado como una empresa estatal en el año 2005 con el propósito de financiar proyectos de inversión y terminó siendo un instrumento para succionar miles de millones de dólares de las ventas petroleras; exacerbar el gasto público del gobierno revolucionario; y facilitar la extracción irregular del dinero de los venezolanos.
El texto hace un recuento de los mil millonarios recursos recibidos por el Fonden de parte del Banco Central de Venezuela (BCV) y Petróleos de Venezuela (Pdvsa) desde su creación, incluso describe los créditos adicionales que obtuvo en el año 2019. Además, presenta una lista de 20 grandes proyectos que fueron financiados por este fondo, pero que no se concluyeron ni aportaron los beneficios prometidos a la población.
Finalmente, Transparencia Venezuela publica un informe en el que analiza los posibles beneficios obtenidos por los gobiernos de Chávez y Maduro con la destrucción de las empresas estatales. El documento sostiene que, aunque no hay evidencias concluyentes sobre la intención del gobierno central de destruir las compañías, desde 1999, cuando Chávez, asumió el mandato en Venezuela, se tomaron decisiones y se aplicaron políticas públicas que llevaron a un declive histórico a las empresas sin rectificación alguna.
El informe destaca que el mal manejo de las estatales le permitió al gobierno central contar con los fondos suficientes para desarrollar, institucionalizar y mantener la autodenominada “Revolución Bolivariana” e instalar un nuevo sistema político; financiar y mantener alianzas para el sostenimiento del proceso; vender la imagen de la “Revolución contra el imperialismo” como vengador de los pobres; establecer grandes redes de corrupción y aprovechamiento personal de los recursos; fortalecer alianzas con grupos irregulares; entre otros.
Del análisis continuo sobre las EPE en Venezuela destaca la inmensa opacidad que las rodea y la pobreza en el resultado de sus gestiones. Pese a que los mandatarios Chávez y Maduro vendieron la idea del Estado empresario como una oportunidad para lograr el desarrollo endógeno, aumentar la producción local, asegurar la estabilidad laboral, darle poder a la clase trabajadora y conseguir la seguridad y la soberanía alimentaria, los resultados distan mucho de eso.
Transparencia Venezuela insiste en que la Emergencia Humanitaria Compleja que padece el país demanda una urgente reestructuración de las empresas estatales, que esté acompañada de una investigación amplia sobre la dimensión del control del gobierno y los militares en sectores claves y su responsabilidad en el declive de las industrias.
Cualquier esfuerzo para mejorar el desempeño de las EPE requiere del establecimiento de un sistema de control y de mecanismos anticorrupción efectivos, destacando la eliminación de conflictos de intereses y la inmediata publicación del presupuesto asignado, las ejecuciones presupuestarias (ingresos y gastos detallados), los resultados económicos al cierre de cada ejercicio, así como los planes que contenga los objetivos y metas programadas y la respectiva rendición de cuenta. Además, es vital tener la información de los miembros de la junta directiva, del cuerpo gerencial, la composición accionaria, sus proveedores, sus clientes, comités de contrataciones, lista de bienes, compras y contrataciones de los últimos años.