Durante el 52 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la misión independiente de Determinación de los Hechos (FFM) solicitó a Venezuela puerta franca para investigar crímenes de lesa humanidad y anunció que enfocará sus actividades en los mecanismos que intentan reducir el espacio cívico en el país
Transparencia Venezuela, 22 de marzo de 2022.- La disminución de la represión de las protestas en Venezuela y las muy tímidas reformas jurídicas que adelanta el gobierno de Maduro no significan el cese de la persecución en Venezuela. La intimidación y la violencia histórica, sobre todo desde 2017, han causado inhibición de las manifestaciones en la calle. No obstante, “la represión se ha enfocado en los actores de la sociedad civil percibidos como opositores al gobierno y en algunos casos han aumentado los ataques y amenazas contra organizaciones y personas defensoras de DDHH”, resume la actualización oral de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM), realizada este miércoles 22 de marzo ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
En la resolución 51/29, el Consejo acusó las restricciones del espacio cívico y democrático “y decidió priorizar este tema como parte de las investigaciones bajo su tercer mandato. Junto a estos ataques se encuentran en discusión parlamentaria, o ya se han aprobado, leyes y procedimientos administrativos que entorpecen el libre funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil”, dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión Independiente. El proyecto de Ley sobre ONG y la Ley de Cooperación Internacional que obstaculiza el financiamiento internacional y estipula nuevas obligaciones administrativas que complican la labor de la sociedad civil constituyen la nueva amenaza, de acuerdo con la FFM, quien exhortó al Estado venezolano a abrir las puertas a la misión independiente.
La Misión denunció, además, que “durante el último año han recrudecido los ataques contra los medios de comunicación y que, solo en el mes de septiembre, los medios de comunicación reportaron la clausura administrativa de 19 estaciones de radio en Táchira y otras 31 en Zulia”. Valiñas alertó que durante 2022 la administración de Nicolás Maduro cerró el mayor número de emisoras de radio en dos décadas.
Nuevamente la FFM hizo énfasis en la crítica situación de derechos humanos que enfrentan las personas en el Arco Minero del Orinoco y otras zonas del sur de Venezuela, en el entorno de la minería ilegal. Recordó que, en su último informe, la misión también abordó la situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco y otras zonas del Estado Bolívar, al sur del país que describió un contexto marcado por la extrema violencia asociada a la explotación ilícita del oro, incluyendo patrones de violencia sexual y de género.
Apuntó la presidenta de la Misión que el Gobierno venezolano lanzó operaciones militares en los tres estados de la región Guayana con el objetivo declarado de “luchar contra el narcotráfico, la minería ilegal y la depredación ambiental” y que “dichas operaciones generaron protestas de la población minera y de las comunidades indígenas, según testimonios recabados por la Misión”.
En “Economías ilícitas, al amparo de la corrupción” de Transparencia Venezuela, se abordan historias de personas que viven en un limbo legal, convertidas en víctimas de esclavitud moderna bajo un sistema de leyes difusas y pobremente reguladas, que otorgan un alto poder discrecional a organismos del gobierno y los dejan en un estado de indefensión.
Este y otros informes han mostrado cómo la desinstitucionalización, incluyendo el sistema de justicia, ha abierto las puertas a las actividades delictivas desde altos cargos públicos del Estado. En estos informes se develan no solo los patrones a través de los cuales Venezuela ha sido cooptada por la delincuencia organizada, sino que, en el caso específico de la extracción ilegal del oro, se registran demoledores testimonios de víctimas de violaciones de derechos humanos.
Dijo Valiñas que tanto la Fiscalía como la Misión Independiente de Determinación de los Hechos en Venezuela coinciden en que las reformas legales e institucionales relacionadas con el sistema de justicia han sido insuficientes y han tenido una implementación limitada.