Parecía una noticia de rutina. En marzo, José Gregorio Briceño, gobernador del estado sureño de Monagas, se presentó en la televisión nacional y protestó la falta de respuestas de funcionarios del gobierno frente a reclamos de agua contaminada en el estado. Un oleoducto administrado por la compañía estatal de petróleo, PDVSA, había estallado en el río Guarapiche, que atraviesa el estado de Monagas. Luego, la prensa publicó testimonios de expertos independientes y familiares con niños enfermos.
El presidente venezolano Hugo Chávez Frías prometió tomar medidas, pero en lugar de investigar la posibilidad de que el agua estuviera contaminada se propuso refutar al “terrorismo mediático” que según él amenaza al país. Funcionarios del gobierno central se quejaron de una supuesta manipulación política y de una conspiración de los medios en el año electoral. Chávez es candidato y aspira a un tercer mandato de seis años en octubre. La Fiscal General Luisa Ortega Díaz solicitó a un tribunal de control una medida cautelar para exigir a los medios de comunicación que la labor informativa sobre el tema sea respaldada con informes técnicos de una entidad competente. De otro modo, los periodistas podrían generar zozobra y “desestabilizar” el orden público e incurrirían en multas o penas de prisión.
¿“Qué ocurre entonces si una mujer sale de su casa con un vaso de agua color marrón o un niño con diarrea? No podemos difundirlo. ¿Y qué pasa si la comunidad protesta por el agua sucia? ¿Tampoco podemos difundirlo”? se pregunta Silvia Alegrett, presidenta del Colegio Nacional de Periodistas. Alegrett y otros periodistas venezolanos indicaron que mientras el gobierno cita estudios sobre la calidad del agua, obtener copias de dichos informes resulta complicado. “Los funcionarios aparecerán al aire con los estudios y dirán: ‘Lo que dice la prensa no es verdad’. Pero luego no veremos copias de esos informes”, afirmó Alegrett.
La medida cautelar vinculada al agua contaminada representa uno de los tantos episodios dentro de un campo minado de reformas legislativas y decretos presidenciales introducidos por el gobierno de Chávez desde que asumió el poder en 1999 para restringir a los medios independientes. Para evitar posibles multas o incluso penas de cárcel, muchos periodistas y medios han decidido censurar su propia cobertura informativa.
El gobierno también ha bloqueado cobertura informativa crítica, ha cerrado radios y canales de televisión, ha demandado a periodistas por difamación, ha excluido a quien considera hostil de eventos oficiales y ha acosado -con la ayuda de militantes y medios estatales – a periodistas críticos. El resultado es que temas de interés nacional, incluyendo la salud de Chávez, el creciente desempleo, la superpoblación en las prisiones y las condiciones del vital sector energético estatal, no están recibiendo una cobertura profunda y los temas no pueden ser investigados en un período crucial para el país. Chávez está lidiando no sólo contra el cáncer sino por la primera vez en la historia de sus campañas presidenciales tiene un contendiente fuerte, el gobernador Henrique Capriles Radonski del estado de Miranda…
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