La más reciente investigación publicada por Transparencia Venezuela analiza el volumen, las características y las implicaciones de los principales ilícitos que tienen lugar en el país: el contrabando de drogas, oro, combustible y la corrupción en puertos y aduanas.
El documento revisa en profundidad la devastación ambiental y social que ocurre en el Arco Minero del Orinoco, identifica los grupos criminales con más poder, muestra su impacto en las regiones, expone el rol de la desinformación, describe sus vínculos con redes trasnacionales y evidencia la indefensión de los ciudadanos en este contexto.
Transparencia Venezuela, 26 de junio 2022. Durante más de diez meses, Transparencia Venezuela, de la mano de un grupo de investigadores y expertos, analizó e identificó las economías ilícitas de mayor magnitud que ocurren en el país. Del estudio se desprende que solo el contrabando de drogas, oro, combustible y las actividades ilegales en puertos y aduanas reportan anualmente más de 9.400 millones de dólares a organizaciones criminales amparadas por funcionarios corruptos.
El informe Economías Ilícitas al amparo de la corrupción revela que, en los últimos años, aumentó el peso de estas actividades en Venezuela, a partir de un análisis realizado por la firma de economía y finanzas Ecoanalítica. Según el estudio, el volumen de las operaciones ilegales es equivalente a 21% del producto interno bruto de Venezuela, que se ubica en USD 43.440 millones, según la firma.
La investigación concluye que Venezuela se ha convertido en uno de los epicentros del crimen organizado de la región, mientras, los derechos humanos de los ciudadanos son vulnerados a fin de garantizar el beneficio económico de las estructuras corruptas, su permanencia en el tiempo y la impunidad de sus actos.
Uno de los principales hallazgos del estudio es la confirmación de la existencia de organizaciones que han logrado tejer redes nacionales e internacionales, con participación de grupos criminales y de funcionarios corruptos que apoyan o promueven estas acciones. A la par, aumentan la brecha de desigualdad, la migración y el deterioro de la calidad de vida de 90% de la población que no tiene acceso a servicios básicos de calidad.
La investigación destaca que ante la asfixia económica causada por la destrucción de la industria petrolera, la crisis económica, la desaparición del subsidio cambiario, la falta de inversión y las sanciones internacionales, funcionarios y efectivos corruptos han optado por ampliar su participación en las actividades económicas ilegales que se desarrollan a lo largo y ancho del territorio nacional.
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Riqueza vs devastación
El primero de los ocho capítulos que integran el informe aborda distintas aristas de tres de las principales economías ilícitas presentes en Venezuela: tráfico ilegal de combustible, narcotráfico y corrupción en los puertos. Como abreboca, se muestran las estimaciones del tamaño de cada una de estas prácticas.
De acuerdo con los cálculos realizados para el informe, los grupos criminales y la red de corrupción es capaz de generar anualmente alrededor de 4.919 millones de dólares por el tráfico de drogas; 1.900 millones de dólares con las actividades asociadas al contrabando de combustible; y cerca de 825 millones de dólares por la extorsión en los puertos.
La sección incluye la revisión de las probabilidades de extorsión al sector productivo en las alcabalas o puntos de control en el territorio venezolano, que constituyen otra oportunidad para captar ganancias de manera ilegal y generan graves impactos en la población. Revela que de cada cuatro alcabalas por las que se transitan en el país, al menos en una hay posibilidad de extorsión.
Por otra parte, el informe ahonda en la dramática y acelerada explotación aurífera en el denominado Arco Minero del Orinoco, donde convergen varias de las economías ilícitas con devastadoras consecuencias sociales y ambientales. El trabajo describe que en los últimos dos años de pandemia, en los pueblos mineros de Bolívar proliferaron las alianzas estratégicas para la explotación de oro; creció la deforestación y la erosión de suelos, así como la contaminación, aumentó la explosión demográfica por la migración interna; se incrementaron las barriadas pobres y hay un levantamiento caótico de nuevos poblados.
El texto destaca que la mayoría de los yacimientos de la zona sur del país se extrae el mineral de forma ilegal, mediante el uso de sustancias prohibidas. La actividad, que según estimaciones produjo en 2021 hasta 2.385 millones de dólares, no genera riquezas para el país, pues apenas 25% de ese monto, es decir, 580 millones de dólares, ingresaron a las arcas públicas.
Esto significa que 75% del oro que se produce en suelo venezolano (1.800 millones de dólares) se comercializaron por canales irregulares. La gravedad del impacto económico y social, alrededor de la minería ilegal, fue constatada por los investigadores durante el trabajo de campo realizado en distintas localidades del estado Bolívar para recolectar datos para el informe,
Delitos para exportar
La investigación describe, además, a 13 de las organizaciones delictivas más grandes que operan en nuestro territorio, sus orígenes, los delitos en los que incurren y los presuntos vínculos con otros grupos delictivos. Se muestra la incidencia de las economías ilícitas en 13 estados de Venezuela, la presencia de las bandas criminales en esas regiones, así como el rol de las mujeres en los ilícitos.
Seguidamente, el documento examina el papel de la desinformación promovida desde estructuras oficiales en torno a las actividades de las economías ilícitas. El estudio identifica varios patrones de opacidad en cuanto a las actividades del AMO, las irregularidades en los puertos y el tráfico ilegal de combustible.
De igual modo, se exploran las nuevas fuentes irregulares que bajo figuras “lícitas” utiliza el gobierno venezolano para obtener recursos y mantener su operatividad. Entre ellas, destacan el traspaso, bajo condiciones de opacidad, de diversos activos del Estado y las exportaciones de chatarra. Pese a la falta de transparencia y rendición de cuentas en la entrega de empresas públicas o activos estatales a privados, a efectos de cuantificar la magnitud de estas operaciones, se seleccionaron cuatro casos representativos que se desarrollaron entre 2020 y 2021 y que generaron grandes pérdidas para el país.
Se estima que el Estado deja de percibir unos 148,2 millones de dólares por la venta de la filial de Pdvsa en República Dominicana y el traspaso de diversas estaciones de servicio de Pdvsa, del Hotel Alba Caracas y del Central Azucarero Sucre.
Finalmente, se analiza la conexión de las economías ilícitas con redes criminales transnacionales, así como la indefensión en la que se encuentran los ciudadanos frente a estos delitos y ante la ausencia de un sistema de justicia imparcial y transparente.
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