Adriana Rivera- Cuba ha sido la protagonista de la reforma del sistema de emisión de documentos de identidad en Venezuela. Funcionarios antillanos diseñaron desde el flujo de trabajo en el nuevo Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), hasta los sueldos que los analistas debían cobrar. A la isla se le adjudicaron los contratos relacionados con el proyecto y, a su vez, subcontrató a nombre de Venezuela a empresas trasnacionales para proveer estos servicios.

Uno de los planes bandera era el de la cédula de identidad electrónica, una tarjeta con un chip que contendría los datos del portador, incluso su historia médica y fiscal. Pese a la importancia de la información manejada, que compone el archivo de venezolanos cedulados base para el registro electoral, el plan no pasó, por ejemplo, por una discusión en la Asamblea Nacional.

El contrato para la nueva cédula con la empresa cubana Albet Ingeniería y Sistemas, rostro comercial de la Universidad de Ciencias Informáticas de La Habana (UCI), salió a la luz en 2011 tras una investigación periodística. Sobre el acuerdo comercial pesan cláusulas de confidencialidad y las fuentes que revelaron sus contenidos aseguraron haber sido amenazadas por funcionarios venezolanos y cubanos por haber criticado el acuerdo. Uno de ellos, Anthony Daquin, ex asesor del Ministerio de Interior para temas de identidad, pidió asilo político en Estados Unidos tras –afirmó- haber sido perseguido por el servicio de inteligencia nacional.

Ese contrato, sin embargo, correspondía solo a uno de los planes: el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez, especialmente a partir de 2005, puso en manos cubanas el diseño y manejo del nuevo sistema de identificación civil venezolano.

Lluvia de contratos. Para las distintas etapas del proyecto se firmaron contratos, por diferentes montos, que dificultan sacar en limpio cuánto ha pagado el Estado por la asesoría antillana. El financiamiento no sólo ha provenido de lo acordado en los contratos, sino del presupuesto nacional, créditos adicionales y el Fondo para el Desarrollo Nacional (Fonden). Las cifras disponibles en documentos públicos de Albet, las leyes de presupuesto nacional de los últimos años y los contratos revelados, sin embargo, permiten calcular que fueron alrededor de 1.400 millones de dólares.

El acuerdo con Cuba para la emisión de documentos comenzó en 2003, cuando los cubanos participaron en el despliegue de la Misión Identidad, que masificó la expedición de cédulas en los meses previos al referéndum revocatorio de 2004. El programa social aún sigue vigente, bajo la figura legal de una fundación adscrita al Ministerio de Interior.

Durante la gestión de Jesse Chacón como titular de ese despacho se desarrolló la primera fase del proyecto en el Saime (que entonces se llamaba Oficina Nacional de Identificación y Extranjería, Onidex), con el lanzamiento del pasaporte electrónico, cuya contratación y puesta en marcha se hizo a través de Albet.

El arranque de la actualización del Saime fue pactado en un contrato que data de 2005, suscrito por el despacho venezolano y la corporación cubana Copextel, dependiente del Ministerio de Informática y Comunicaciones de la isla, a cargo del general cubano Ramiro Valdés, considerado el artífice de los servicios de inteligencia de su país.

El diseño del nuevo organismo de identificación fue aprobado por José Lavandero, funcionario de la UCI cubana, quien en la práctica fue el padre de la nueva institución venezolana. El documento de creación del Proyecto Identidad señala que el plan tenía un costo de 91,5 millones de dólares y comprendía la “solución tecnológica completa” para la modernización del ente. Para esta etapa -informaron entonces las autoridades-, se aprobó un crédito adicional de 135,9 millones de dólares. Aun así, año tras año, se siguen destinando recursos para este fin en el presupuesto nacional.

La segunda fase, la de la cédula electrónica, también le fue adjudicada a la firma cubana. En marzo de 2008, con Pedro Carreño como ministro de Interior, Albet –con la firma de su director, Antonio Romillo Tarke- y ese despacho suscribieron el contrato para la cédula por 172,2 millones de dólares. Se le encomendó a los cubanos desde el suministro de las tarjetas hasta el software para manejarlas y se aseguró el control de los antillanos sobre el sistema.

El gobierno, sin embargo, ha afirmado que solo técnicos nacionales lo manejan. Para la ejecución -que a la fecha tiene seis años de retraso- Albet subcontrató a la multinacional de tecnología Gemalto para que ejecutara los trabajos por un monto de 40 millones de dólares.

En 2008, el entonces presidente de la Onidex, José Javier Morales (ahora diputado a la Asamblea Nacional), señaló que el proyecto de la cédula sería financiado por el Fonden y comprendería la adquisición de equipos y la adecuación de la plataforma tecnológica. Morales, Hugo Cabezas (ex ministro de la Secretaría) y luego Dante Rivas (actual director del Servicio Administrativo de Registros y Notarías), funcionarios venezolanos que estuvieron al frente de la Onidex y el Saime, fueron los encargados de desplegar los planes de identidad esbozados por los cubanos en sus primeras etapas.

Máquina de dólares. El plan de modernización del sistema de identidad ha contado con al menos 630 millones de dólares entre 2009 y 2014 (3,94 millardos de bolívares calculados a la tasa de cambio oficial vigente para cada año). El gobierno ha destinado recursos para este fin a través de las partidas de la Misión Identidad y del Saime. El programa social ha absorbido la mayoría de los fondos para la nueva cédula.

A esta cifra, se suma una revelada por la firma cubana Albet, en una presentación ante el Sistema Económico Latinoamericano: entre 2004 y 2010 tenían proyectos con Venezuela por 783,5 millones de dólares. Si se toman en cuenta las cifras contenidas en el presupuesto nacional, la de los créditos adicionales, las establecidas en los contratos y las expuestas por la compañía, se llega a un cálculo de 1.413 millones de dólares asignados a la asesoría cubana en materia de identidad.

Albet, creada en 2005, ha suscrito contratos con al menos ocho ministerios venezolanos. También está bajo manejo cubano gran parte de los sistemas usados por el Estado en los registros comerciales y públicos, el centro de tratamiento y análisis de la información, los programas del Centro Nacional de Balance Alimentario de Venezuela, el software educativo, el proyecto Guardián del Alba para el control de pozos petroleros de Pdvsa, las comunicaciones del Despacho de la Presidencia, el sistema de control penitenciario, el de gestión de emergencias, gestión policial, gestión hospitalaria, de información de albergues y refugios y hasta el sistema de registro del censo nacional.

Tras revelarse el contrato para el diseño del nuevo Saime y el de la cédula electrónica –y su posterior subcontratación con la trasnacional Gemalto-, diputados de oposición de la Asamblea Nacional, como Rodolfo Rodríguez, Carlos Ramos y Abelardo Díaz, intentaron llevar el tema a un debate en plenaria, posibilidad que les fue negada. También intentaron adelantar una investigación en la Comisión de Contraloría, sin éxito.

La Contraloría General de la República tampoco ha considerado el caso en sus informes de los últimos años. Las autoridades se han limitado a negar que el manejo del sistema de edición de documentos esté en manos de cubanos, pero no han dado detalles sobre el destino de los cientos de millones de dólares asignados a estos planes.