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El nuevo informe de Transparencia Venezuela en el exilio presenta una actualización de la explotación y el comercio de oro en el que destaca el incremento de las alianzas estratégicas con socios que tiene presuntos vínculos con personas del gobierno y con casos de corrupción
Transparencia Venezuela, 08 de abril de 2025. Al menos 2.177 millones de dólares es la cantidad que la élite política y sus aliados obtuvieron por la producción de oro en Venezuela durante 2023, una de las estrategias de la cúpula del poder para captar rentas ilícitas ante el desplome de la industria petrolera, reportando solo una mínima parte de los ingresos al Tesoro Nacional, mientras se siguen destruyendo suelos fértiles y bosques y violando los derechos fundamentales de miles de venezolanos en las zonas mineras.
En el informe Explotación de oro en Venezuela 2024: devastación, caos y corrupción Transparencia Venezuela en el exilio presenta una actualización de cómo en esta actividad económica se profundizan y perfeccionan los mecanismos corruptos, dejando casi de lado el contrabando con pistas clandestinas y otras estrategias, para utilizar desde 2020 las llamadas “alianzas estratégicas”, que son acuerdos discrecionales entre un ente del Estado venezolano y personas naturales o jurídicas, para desviar los ingresos de todos los venezolanos a manos de actores que aparentan estar ajustados a la legalidad.
Transparencia Venezuela identificó en el negocio del oro, hasta el cierre de 2024, al menos 72 empresas que forman parte de esas “alianzas estratégicas”, cuyos dueños son militares y personas cercanas a las élites del poder, algunas de ellas investigadas por corrupción en otros países. Además, se advierte que no tienen experiencia en la explotación, producción y comercialización de oro.
La estimación de los ingresos en 2023 por la explotación del mineral presentada en este análisis, para tratar de arrojar luz ante la ausencia de cifras oficiales, consideró la producción de oro que se estimó entre 45 y 54 toneladas ese año. De acuerdo a los cálculos las ganancias rondarían entre los 2.750 y 3.300 millones de dólares.
Para poner en perspectiva esas cifras se estimó que solo 14% de las ganancias entraron al patrimonio público como ingresos fiscales y pagos al Banco Central de Venezuela (BCV), mientras que 66% se queda en manos de las alianzas estratégica ligadas a la élite política y 20% sería la renta de grupos criminales, que siguen a sus anchas en las zonas mineras pese al despliegue sin precedentes de organismos de seguridad del Estado al sur del país.
Estas cifras planteadas son muy conservadoras. En un ejercicio de cálculo, el monto se eleva a 5.667 millones de dólares para 2024, si se toma como referencia cierta las 67,3 toneladas de producción de oro que el gobierno estimaba que se alcanzarían entre 2023 y 2024, según el Plan Sectorial Minero, y el precio promedio del kilo del mineral (84.208,20 dólares). Pero no hay datos oficiales y ahí está el centro de la irregularidad. Solo se cuenta con una declaración del presidente Nicolás Maduro en enero de 2025 en la que aseguró que en 2024 el sector minería “creció 21%”.
Las alianzas estratégicas ¿para el bien de Venezuela?
El análisis aborda las alianzas estratégicas que existen en Venezuela desde 2015, a partir del Decreto Ley que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y demás Minerales Estratégicos. Su auge se ha profundizado desde 2020 por encima de las empresas mixtas (que tenían al menos 55% de participación del Estado) y cuentan con el aval del BCV, con una diferencia significativa: las alianzas estratégicas pueden tener una participación de hasta 80% sobre lo que producen, mientras el Estado apenas el 20% restante.
Se señala en el informe que este aspecto sobre la ganancia es significativo porque sumado el secretismo que rodea a las empresas con las que se establecen estas “alianzas estratégicas”, se crea un escenario propicio para las corruptelas.
“No se conocen los criterios ni los procedimientos de los entes públicos para seleccionar a los socios en las alianzas estratégicas, el alcance de sus obligaciones, la duración de los acuerdos, el nivel de producción, la cantidad de contratos que se han suscrito hasta la fecha, así como las cifras de mineral exportado o entregado a la República por medio del BCV. Tampoco hay información sobre los beneficiarios finales de estos acuerdos”, señala el reporte.
En esta entrega Transparencia Venezuela presenta hasta el cierre del 2024 los nombres de 72 empresas que se han aliado con el Estado venezolano “para la explotación de oro, la instalación de plantas de cianuración para su procesamiento y la venta de insumos”. Se advierte que no fue posible precisar si todas estas compañías estaban operativas a finales del año pasado.
“Uno de los casos es el de la empresa Corporación Petroglobal, que estableció una alianza con la Corporación Venezolana de Minería (CVM) para el desarrollo de actividades de beneficio y transformación de arenas auríferas con el uso de cianuro. De acuerdo con las investigaciones realizadas, esta empresa es propiedad de Mario Bonilla Vallera identificado por la justicia de Estados Unidos, como el testaferro de los hijos de Cilia Flores, Walter, Yoswal y Yosser Gavidia Flores”, señala el informe.
En la actualización de la información se determinó que en la Empresa Minera Ecosocialista JC, CA o JC Eminca figura como presidente, con 50% de las acciones, el militar Jesús Rafael Velásquez Acosta, que en 2022 se le identificó como personal en reserva activa de la 33 Brigada Caribe “G/B Valentín García” y también es de la misma promoción del coronel Antonio José Pérez Suárez, detenido en marzo de 2023 por el caso Pdvsa Cripto.
En la Zurisadai NM.1:6, C.A, uno de los accionistas es el general de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) José Gregorio Almao Barroeta, quien ha ocupado varios cargos entre ellos presidente ejecutivo de la Fundación Misión Negra Hipólita (2015).
“Aunque hay alianzas estratégicas que se encargan de llevar a cabo todas las fases de la producción de oro, desde la exploración y explotación del material hasta su comercialización, otras se dedican solo de acopiar el material que sigue siendo extraído por pequeños mineros a quienes en muchas ocasiones se les señala como legales o ilegales, según convenga”, agrega el informe.
Refiere la investigación que los mineros en El Callao y otros municipios del sur del estado Bolívar que están en esas empresas “no cuentan con equipos de seguridad suficientes, trabajan durante largas jornadas sin descanso, habitan en viviendas que no tienen cubiertas las necesidades más básicas y continúan empleando mercurio para amalgamar las partículas de oro pese a que se trata de un material prohibido”. Además, “les decomisan los insumos que transportan pese a contar con las facturas o guías de movilización emitidas por la misma CVM o sus empresas autorizadas”.
El informe presenta un registro de 27 personas muertas (entre ellas 2 indígenas) y 41 heridos en ocho hechos acaecidos en las minas durante 2024, uno ocurrido en Amazonas y siete en el estado Bolívar.
¿En defensa de nuestra riqueza mineral?
El reporte analiza las funciones y las autoridades de cada uno de los nueve los entes con competencias para dictar políticas, investigar y sancionar ilícitos relacionados con el tráfico ilícito de oro, así como de los cuerpos de seguridad y defensa presentes en el Arco Minero del Orinoco (FANB, Sebin, Dgcim).
Los entes del Estado son la Vicepresidencia Sectorial de Economía; el Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico (al que están adscritos la Compañía General de Minería de Venezuela C.A., el Servicio Nacional de Fiscalización e Inspección de Minería, la Corporación Venezolana de Minería, el Instituto Nacional de Geología y Minería y la Fundación Misión Piar); el BCV y la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas
Se hace énfasis en la presencia militar en algunos de estos organismos. Por ejemplo, la Corporación Venezolana de Minería (CVM), que es la representante del Estado venezolano en la mayoría de las alianzas estratégicas y que desde 2020 ha aumentado su poder, tuvo tres presidentes en 2024 todos ellos militares: el mayor general Carlos Alberto Osorio Zambrano (2019-2024); el mayor general del Ejército, José Santiago Moreno Martínez, que solo estuvo un par de meses, y en noviembre fue designado general de división del Ejército, retirado, Rodolfo Marco Torres, uno de los funcionarios con acusaciones internacionales por corrupción y sancionado por Canadá. Estados Unidos y Panamá.
También el general de división del Ejército, Richard Alexis Sánchez Arias, está al frente del Servicio Nacional de Fiscalización e Inspección Minera, mientras que el vicealmirante Ovelio Barrera Corrales, dirige la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg).
Además, se destaca que ninguno de estos organismos publica el presupuesto del que disponen ni su ejecución, tampoco los proyectos, contratos o alianzas que realizan. Al menos dos de esos entes han sido sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por usar el oro para sostener el gobierno de Nicolás Maduro: la Compañía General de Minería Venezolana (Minerven) y el BCV.
En cuanto a los organismos de seguridad y defensa se destaca que la mayoría de sus autoridades tienen abiertas causas penales por presuntos hechos de corrupción, narcotráfico y violación de derechos humanos, o están sancionados a nivel internacional.
Entre tanto, los grupos delictivos siguen actuando a sus anchas, pese a la gran seguridad que se despliega en el llamado Arco Minero del Orinoco. En octubre de 2024 se contabilizaron 23 alcabalas en el recorrido de 535 kilómetros, que va desde la ciudad de Upata hasta Santa Elena de Uairén, en el estado Bolívar, en frontera con Brasil. También hay un incremento de funcionarios en las alcabalas, de variados rangos “desde funcionarios rasos hasta comandantes”.
La criminalidad bañada en oro
En el informe se señala que detrás de la explotación y el comercio ilícito del oro hay personas y empresas que facilitan las operaciones, en muchas ocasiones, con completo conocimiento de funcionarios públicos.
Se analizan los grupos netamente criminales que “extorsionan a mineros, dueños de molinos y propietarios de comercios, dan permisos para trabajar en las minas y exigen un pago de entre 25 y 30% de todo lo que se extrae”. Y también a los facilitadores, “esos actores que con un rol más formal proveen servicios, falsifican documentos, cuidan los cargamentos que salen por contrabando, entre otros”.
Entre las bandas criminales, ya consolidadas, presentes en las minas se encuentran el Tren de Guayana (Vista el Sol, Guasipati y El Callao), la Organización R (Tumeremo), El “Negro Fabio” (El Dorado), El sistema de “Juancho” y compañía (Las Claritas y el Km 88) y el UMB30 o sistema de El ciego (La Paragua y El Manteco). Se destaca que se mantienen los mismos cabecillas y que desde 2019 no se conocen enfrentamientos entre ellos ni con las fuerzas de seguridad del Estado venezolano.
El reporte actualiza la información sobre la devastación de la tierra fértil, la contaminación de las aguas y la desaparición de bosques; también la afectación en los derechos más fundamentales de la población en esas zonas, en especial de las comunidades indígenas; así como los desplazamientos forzados, la violencia y los conflictos. Al final del análisis se presentan, además, algunas propuestas que buscan que se impongan “la soberanía, las buenas prácticas y el respeto por la sociedad y el ambiente”.
Lee el reporte completo aquí.