Transparencia Venezuela, 13 de mayo de 2019.- Para los merideños, la mala calidad del servicio de energía eléctrica no es una novedad. Sin embargo,  2019 se puede catalogar como el año más caótico y, literalmente, oscuro en  cuanto a la prestación del servicio que se pueda recordar.

La mayor intensidad y frecuencia de las fallas comenzaron a registrarse a finales del mes de febrero. El 28 de febrero y el 1 de marzo se presentaron fluctuaciones y apagones por más de 48 horas, generándose protestas en algunos sectores de la ciudad capital. Expertos habían ya advertido sobre la posible interrupción prolongada del servicio de energía eléctrica. Pero pocos podían imaginar los retos que un evento de esta naturaleza podían representar. Pronto se conocerían.

El 7 de marzo, cerca de las 5 pm, se interrumpió el servicio. Minutos después se conocería que no se trataba de uno de un corte cotidiano. La interrupción fue de impacto nacional y, con el transcurrir de las horas, comenzaba a sospecharse que se trataba de una falla de grandes proporciones y de solución indefinida.

Cercanas las 12 horas posteriores al apagón, ya muchos comenzaban a quedarse incomunicados por la imposibilidad de cargar sus aparatos electrónicos y teléfonos. La telefonía fija y la móvil tampoco prestaban servicio o lo hacían de manera intermitente. Y en la oscuridad de la noche, solo se apreciaba el resplandor producido por el fuego de varios focos de protestas en diversas zonas de la ciudad, en donde la desesperación comenzaba a brotar. De esto da cuenta el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, organización que registró por esas horas al menos 100 protestas en la ciudad, algunas reprimidas fuertemente por la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana. Asimismo, el Foro Penal en Mérida informó sobre 23 detenciones arbitrarias desde el día 7 al 13 de marzo.

A partir del lunes 11 de marzo, cuatro días después de la interrupción nacional algunos sectores comenzaron a recibir el servicio, aunque con inestabilidad[3]. Para ese momento, la rutina de cada merideño había cambiado por completo, así como su prioridad, compartida con el resto de los habitantes, de garantizar el sustento y “aguantar” de la mejor manera posible. La imposibilidad de comunicarse, el agotamiento de las fuentes de alimentos y de agua, así como la búsqueda de suministros necesarios, eran las prioridades de todos.

No pocas familias padecieron, además de la falta de electricidad, fallas en el suministro de agua y de gas, por lo que se hizo cotidiana la pernocta en casa del familiar o del amigo que no había sido afectado de forma tan severa, pero hubo algunos menos afortunados que apenas pudieron comer esos días, mientras que los que disponían de espacios abiertos retomaron la vieja usanza de cocinar con leña.

También se propagó la fábrica y uso de lámparas caseras con kerosene o aceite. La mayoría de los establecimientos cerraron sus puertas ante la imposibilidad de realizar transacciones, también  por la inseguridad y amenazas de saqueos. Quienes vendían productos perecederos tuvieron que ofrecerlos a menos de su costo e, incluso, regalar la mercancía que no se había descompuesto por la falta de refrigeración.

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria del Estado Mérida, Gustavo Valecillos, informó sobre importantes pérdidas en todo el sector privado, alertando sobre el agravamiento del desabastecimiento de mercancía en los comercios y establecimientos. Se hizo común la recepción de divisas, especialmente dólares y pesos colombianos, para el intercambio comercial, motivado a las fallas en los puntos de ventas y sistemas de pago, así como por la escasez de efectivo en moneda nacional. La inestabilidad de la energía eléctrica, ha afectado el funcionamiento de los puntos de venta, los servicios de telefonía fija y móvil, internet, cable, y no solamente durante los prolongados apagones. Las horas de oscuridad incrementaron la inseguridad en zonas comerciales y residenciales, haciendo necesario que los comerciantes y residentes procuraran su seguridad por medios propios.

El martes 12 de marzo y gran parte de la ciudad había recuperado la energía eléctrica, aunque de manera intermitente e inestable. Otros sectores menos afortunados lo recuperaron una semana después del inicio del ya llamado “mega apagón”. Muchos aseguran que la experiencia vivida por esos días cambió algo en su interior de forma permanente.

El sistema de salud también sufrió los embates del “mega apagón”. El Observatorio de Derechos Humanos, señaló que el Hospital Universitario de Los Andes solo dispone de una plata eléctrica que estuvo funcionado, pero las cirugías electivas debieron suspenderse. En el Hospital Sor Juana Inés de la Cruz, la planta tuvo que detenerse desde el sábado 9 de marzo por falta de aceite, obligando a suspender las cirugías y emergencias, afectando, además, los medicamentos que requerían refrigeración. En el Hospital Dr. Tulio Carnevalli del IVSS, el director de la institución, Ramón Nieves,  se negó a suministrar información. Sin embargo, se conoció que solo hubo atención en el área de emergencia.

En la Corporación de Salud del estado Mérida, la planta eléctrica dejó de funcionar desde el sábado 10 de marzo. Si un centro de salud no dispone de planta eléctrica, debe cerrar sus puertas, tal como ocurrió en el Ambulatorio Urbano III de Ejido Dr. César Augusto Ruiz, ubicado en el municipio Campo Elías. En el municipio Tovar, para mantener activa la Unidad de Diálisis, los vecinos del sector ubicaron plantas eléctricas y personal técnico para manejarlas, a fin de procurar la atención a cerca de 50 pacientes renales. Lamentablemente, se reportó una persona fallecida atendida en dicho centro, el día 10 de marzo. Según el gobernador de la entidad, Ramón Guevara, no hubo fallecidos en el Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes (IHULA) durante el apagón iniciado el 7 de marzo, no obstante, residentes en el área de emergencia de este centro de salud manifestaron que varios pacientes perdieron la vida porque sus familiares, a pesar de tener dinero en el banco, no pudieron pagar los medicamentos requeridos porque no funcionaban los sistemas electrónicos de pagos y no contaban con divisas para el pago en efectivo.

Las actividades educativas, en todos los niveles, han sido interrumpidas de forma oficial y también extraoficialmente, por las limitaciones en el acceso a los alimentos y el aseo personal. El sector público adaptó un horario de contingencia con actividades desde las 8 a.m. hasta las 2 p.m.

El 24 de marzo ocurrió el segundo apagón de más de 19 horas continuas, que inició cerca de las 9.30 pm. Y tres días después, el 27 de marzo, se registró el tercer apagón que comenzó a las 5 am. A dos meses del primer gran apagón, la interrupción del servició de energía eléctrica ocurre diariamente en bloques de 3 a 12 horas, sin horarios ni equidad en la distribución de los racionamientos por sectores, a pesar de los anuncios de cortes programados.

El pasado 13 de abril se registró un incidente lamentable, producto de la inestabilidad del sistema eléctrico. Una humilde familia de cinco miembros residenciada en la población de Tabay, municipio Santos Marquina, al no contar con el servicio eléctrico ni de gas doméstico, improvisó un mechero con gasoil para poder cocinar. Esto produjo un incendio que ocasionó la pérdida total del inmueble, peor aún, graves quemaduras en todos los miembros de la familia y el fallecimiento del hijo menor, de 10 meses de edad.

Esta realidad es contraria a la que simulan voceros oficialistas. El protector designado por Nicolás Maduro, Jehyson Guzmán, afirmó que “al 27 de marzo se logró recuperar en un 100% todo el sistema eléctrico de la entidad andina, luego del fuerte apagón sufrido” y que se activaría la tercera de las turbinas de la “Termoeléctrica Don Luis Zambrano” para lograr una mayor estabilización en el sistema eléctrico regional. El engaño y las falsas promesas no escandalizan después de tanto repetirse.