Informe del Observatorio Ciudadano de Corrupción (OCC) ubicó a Venezuela entre los cuatro países de la región donde las medidas que involucran a la población en situación de vulnerabilidad, la más afectada por el impacto de la corrupción, tienden a ser utilizadas políticamente con otros intereses  

Transparencia Venezuela, 23 de mayo de 2022. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Observatorio Ciudadano de Corrupción (OCC) definen la corrupción como todo acto cometido por quienes se encuentran en posición de poder y abusan del mismo para beneficio particular, en detrimento del interés público. Este flagelo impacta en los derechos humanos y genera graves daños, además afecta de forma diferenciada a las poblaciones en situación de vulnerabilidad o discriminación, que se encuentran expuestas a prácticas extorsivas de distinta naturaleza. 

Personas en situación de pobreza y con discapacidad, mujeres, comunidades sexodiversas e indígenas, entre otros grupos, son los más perjudicados por el desvío de los fondos públicos. A su vez, son los principales destinatarios de las políticas sociales del Estado, por lo que deberían ser consultados, tener participación e incidir en los esfuerzos para combatir la corrupción. 

En su reciente informe temático regional, el Observatorio Ciudadano de Corrupción (OCC) analizó los avances normativos y las medidas que adelantan los gobiernos de América Latina para incorporar el enfoque de derechos humanos en la lucha anticorrupción. La información, recolectada por las 150 organizaciones civiles participantes, indica que sólo ocho países de los 19 valorados registran algún avance en este compromiso.

Esta instancia del Foro Ciudadano de las Américas, que hace seguimiento al cumplimiento de los compromisos suscritos por los Estados miembros en Lima, Perú, determinó que el compromiso N°8, referido a la incorporación de la perspectiva de derechos humanos en las políticas anticorrupción, fue el peor evaluado para toda la región, con una calificación de 0,56 sobre el máximo de 3 puntos que contempla la evaluación.

Lea también: Activistas de Derechos Humanos en Venezuela enfrentan nuevo cerco judicial

La situación de Venezuela, Bolivia, Guatemala y Nicaragua fue calificada de preocupante. Según el documento, las medidas que involucran sectores vulnerables tienden a ser utilizadas políticamente con otros intereses. De igual modo, la provisión de bienes y servicios están cooptados por instituciones o funcionarios corruptos que exigen sobornos a estos grupos, los cuales carecen de las herramientas para defenderse o denunciar estos hechos. 

Con enfoque en DDHH

Llama la atención al OCC que el promedio de este compromiso sea tan bajo (0,56/3,00), toda vez que organismos internacionales y regionales han venido exhortando a los gobiernos a incorporar la perspectiva de vulneración de derechos humanos en las normas y políticas de lucha contra la corrupción.

Según el informe, la importancia del enfoque de derechos individuales y colectivos en el análisis sobre los efectos de la corrupción, evidencia el daño que este fenómeno provoca a las personas y a las comunidades. El seguimiento indagó sobre la normativa existente, incluyendo la definición de los grupos en condición de vulnerabilidad, y su aplicación práctica mediante mecanismos para promover la inclusión de esta población en las políticas anticorrupción.

El primer hallazgo revela que solo Argentina, Costa Rica, Perú, Haití, Colombia, Panamá, República Dominicana y Bolivia registran algún avance en este compromiso. En tanto que los Estados con menos progresos en la materia son Ecuador, Honduras y Uruguay. 

Los países donde específicamente se identificaron desarrollos normativos son Panamá, Perú, Costa Rica y México. Éstos también indicaron que los estudios o documentos oficiales en los que se reconoce el impacto diferencial de la corrupción en los grupos en situación de vulnerabilidad son poco profundos y el abordaje es muy superficial o desactualizado.

En cuanto al porcentaje de organizaciones de la sociedad civil que respondieron afirmativamente a la pregunta sobre la existencia de mecanismos o acciones para que los grupos en condición de vulnerabilidad participen en la definición de medidas para combatir la corrupción, destacan Argentina con 83,33%, Panamá (66,67%), Perú (46,15%) y República Dominicana (40,00%). Venezuela se ubicó en la novena posición con 11,11%. 

La evaluación identificó algunos ejemplos de mecanismos de inclusión de esta población como los planes de Gobierno Abierto de Argentina y Costa Rica; las iniciativas de control social y la Ley de Transparencia de Colombia, así como los comités de discapacidad de Bolivia, Panamá y República Dominicana, entre otras buenas prácticas para avanzar en el cumplimiento de este compromiso. 

Lea también: Aguas residuales: otra deuda ambiental en Venezuela 

Los desafíos

Entre las barreras y retos que enfrenta la región en la garantía de los derechos humanos y la inclusión de los grupos en condición de vulnerabilidad, sobresale que la mayoría de las respuestas apuntaron a la dificultad en el acceso a la información como el principal obstáculo. 

Esta dificultad se agudizó durante la pandemia con el cierre de los sitios de trabajo, pues la migración a las plataformas digitales visibilizó las fallas de conectividad y la brecha de alfabetización digital en sectores de bajos recursos, al igual que la falta de herramientas para el acceso a la información a las personas con discapacidad visual o auditiva.

En general, en la mayoría de los países se identificó como una barrera a superar la falta de normatividad y políticas públicas orientadas a la lucha contra la corrupción con enfoque de derechos humanos. También la baja participación de los grupos en situación de vulnerabilidad dentro de los espacios existentes para denunciar hechos de corrupción, ejercer control social o definir medidas para prevenir este flagelo. 

Al respecto, el OCC hizo recomendaciones a partir de una definición clara y precisa sobre cuáles son los grupos en condición de vulnerabilidad en cada país. Entre ellas, propuso diseñar planes anticorrupción sostenibles en el tiempo y que estén alineados con el ámbito internacional. 

De igual manera, instó a los países a crear políticas públicas integrales, tanto en normas como en acciones, para garantizar la protección de denunciantes y testigos de hechos de corrupción. En este renglón recomendaron revisar la propuesta de grupos de sociedad civil venezolana sobre el Sistema Especial Internacional de Justicia contra la Gran Corrupción que impulsa Transparencia Venezuela.