Transparencia Venezuela, 30 de mayo de 2026. Tres años. Ese es el tiempo que ha transcurrido desde que estalló el escándalo “Pdvsa Cripto” hasta que se inició el juicio contra los presuntos implicados en la trama que desfalcó miles de millones de dólares de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y de otras empresas públicas.
De manera sorpresiva, el pasado lunes 20 de abril, en horas de la noche, el exvicepresidente y exministro de Petróleo, Tareck El Aissami; el exministro de Finanzas, Simón Zerpa; el exdiputado Hugbel Roa y los demás implicados en esta red — 64 en total, según se ha informado—fueron llevados ante el Tribunal 3° de Juicio de Caracas, a cargo de la jueza Alejandra Romero Castillo, con competencia en casos vinculados con Delitos Asociados al Terrorismo, para enfrentar los cargos por traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público, evasión de procesos, controles o restricciones en licitaciones, concierto para la celebración de contrato, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Hasta ahora, el proceso se ha desarrollado en un marco de opacidad. Ni el Ministerio Público ni el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) han aportado información, lo que va en contra del principio de publicidad previsto en el artículo 15 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP). Esto, a pesar de que el asunto no afecta el pudor, no abarca a niños o adolescentes ni atenta contra la seguridad del Estado o las buenas costumbres, excepciones que la misma norma prevé para que los juicios se celebren a puertas cerradas.
Sin embargo, han trascendido algunos asuntos que se presentan a continuación:
La cifra oficial
Durante la primera sesión del juicio, el fiscal 50 nacional, Eddy Alberto Rodríguez Bencomo, afirmó que los acusados integraban “una red de corrupción (…), que, valiéndose de su cargo y sus niveles de autoridad, procedieron a ejecutar operaciones petroleras paralelas, a través de la asignación de cargas de crudo (buques) por parte de Pdvsa a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) y a particulares, sin ningún tipo de control” ().
Según la Fiscalía, las divisas producidas por las ventas del crudo se desviaron a través de criptoactivos y negocios ejecutados por 74 sociedades mercantiles.
En la acusación presentada por el Ministerio Público, que tiene más de 1.700 páginas, figura que las autoridades venezolanas estiman que el daño provocado por la trama al erario es de USD 5.550.544.290,74, mucho menos de los USD 23.000 millones mencionados por algunos funcionarios, como el diputado oficialista Hermann Escarrá.
Estimaciones propias señalan que el daño patrimonial superó los USD 16.900 millones.
Sobre los implicados
Otra duda que queda en el ambiente es cuántas personas en realidad están siendo sometidas a este proceso. Se ha dicho que de las 81 órdenes de aprehensión se han ejecutado 64 hasta 2024.
El pasado 21 de marzo, medios venezolanos reportaron que estaba previsto que comenzara el juicio contra el exgobernador de Trujillo y exgerente general de Cartones de Venezuela, Hugo Cabezas. Este proceso originalmente estaba ligado al expediente de “Pdvsa Cripto”, pero habría sido separado en otra causa, aunque ni el Ministerio Público ni el TSJ han confirmado esto.
Tampoco se conoce la suerte de todas las personas que fueron aprehendidas en las semanas posteriores por presuntas irregularidades cometidas en otros organismos públicos. Un ejemplo es el caso del expresidente del Circuito Judicial Penal de Caracas, Cristóbal Cornielles. Hay versiones que aseguran que fue excarcelado hace meses.
La jueza Alejandra Romero Castillo habría autorizado que 40 abogados privados representen a los defendidos. No obstante, se desconoce a quiénes representan esos profesionales del derecho y si todos los acusados tienen un abogado de confianza. Fuentes judiciales han confirmado a Transparencia Venezuela la información de que la exdirectora de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, María Mercedes Berthé, representa al exvicepresidente Tareck El Aissami.
El manto de opacidad que rodea a este proceso ha servido para que circulen versiones que aseguran que el estado de salud de El Aissami es delicado. “Causó muchísima impresión de que llegó al tribunal en silla de ruedas. Está muy deteriorado”, aseguró el exdirector de Actuación Procesal del Ministerio Público, Zair Mundaray.
Esta versión fue respaldada por la solicitud de la abogada Berthé, quien habría solicitado al tribunal que le permita a su defendido proseguir el proceso en libertad debido a su situación de salud. Berthé explicó, según el diario Últimas Noticias, que El Aissami habría sido sometido recientemente a una operación debido al presunto estrangulamiento de una hernia y que la malla para cerrar la herida se rodó, lo cual supuestamente le causa inmovilización en algunos órganos.
Las denuncias
Hasta ahora, la estrategia de la defensa parece estar enfocada en las violaciones al debido proceso ocurridas durante la investigación más que en refutar las acusaciones de los fiscales, según las versiones de prensa.
La abogada Katy Marín, quien representa al coronel Manuel Parra, expresidente de Pdvsa-Marina, por ejemplo, habría planteado ante el tribunal que el juicio debería anularse debido a irregularidades como la negativa a garantizarles a los acusados el derecho a ser asistidos por un profesional del derecho de su confianza, ya que a todos los acusados les habían designado un defensor público al principio del proceso.
El exdiputado Hugbel Roa denunció ser víctima de una “retaliación” orquestada por el exfiscal general de la República, Tarek William Saab. ¿El motivo? “Siendo vicepresidente de la Comisión de Energía de la Asamblea Nacional recibí denuncias de unos petroleros del estado Anzoátegui contra Douglas Saab (hermano del entonces fiscal general), quien supuestamente los extorsionaba. Nosotros abrimos una investigación”, dijo en el juicio, aseguraron fuentes judiciales a Transparencia Venezuela.
Pero esta no fue la única acusación que el exparlamentario lanzó contra el otrora jefe del Ministerio Público. “Decidió declarar y se refirió en menor medida a los hechos que se le atribuyen. En lo que sí se extendió fue en denunciar las torturas físicas y psicológicas de las que supuestamente fue víctima por conducto de Tarek William Saab, a quien responsabiliza de amenazas, maltratos, montajes, forjamiento de pruebas y abusos de todo tipo”, apuntó el exfiscal Zair Mundaray en su cuenta de la red social X.
Roa incluso acusó al fiscal del caso, Eddy Alberto Rodríguez Bencomo, de participar en esas torturas. “Cuando le correspondió el turno de interrogar al fiscal (Rodríguez Bencomo), optó por no hacer preguntas, lo que sorprendió a los presentes”, agregó.