Durante el quinto examen del Comité de DDHH, en lugar de ofrecer detalles sobre investigaciones de gran corrupción adelantadas por el Ministerio Público, Tarek William Saab se limitó a dar cifras de funcionarios implicados en estos casos. Nada precisó sobre el estatus de la investigación Pdvsa-Cripto ni de la cantidad de dinero público que se ha perdido en los últimos años
Transparencia Venezuela, 13 de octubre de 2023.- La “lucha sin cuartel” contra la corrupción que Tarek William Saab asegura haber emprendido desde que asumió el cargo como fiscal general de la República en 2017 no convence. Ese fue el primer problema mencionado por los integrantes del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas durante la quinta evaluación del cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos sobre Venezuela. Los expertos de la ONU hicieron más de una decena de preguntas relacionadas con la corrupción que la delegación venezolana no supo responder.
El encargado de hacer las preguntas sobre corrupción fue el experto José Santos Pais, un abogado portugués que trabajó en la Fiscalía General de su país durante 40 años y que alertó de una serie de hechos que han ocurrido en Venezuela que están favoreciendo los altos niveles de corrupción.
Santos País recordó que en Venezuela las leyes de Presupuesto y Endeudamiento no se publican desde el año 2017, mientras que las modificaciones presupuestarias no se publican desde 2021. También refirió que en 2005 el gobierno venezolano comenzó a crear mecanismos para gastar al margen del presupuesto, como los fondos paralelos que escapan del control del Parlamento.
El integrante del comité hizo énfasis en que en Venezuela no hay rendición de cuentas. Precisó que desde 2016 ningún organismo gubernamental hace públicos sus gastos presupuestados ni sus informes de gestión. Tampoco se han publicado procedimientos de contratación. “Nadie sabe a qué empresa se han adjudicado contratos o los importes respectivos. Desde agosto de 2017 los ciudadanos no tienen acceso a la información sobre las empresas que contratan con el Estado contenida en el Registro Nacional de Contratistas”.
Santos País aseguró que la información presentada por el Estado venezolano no está desagregada por lo que se les dificulta evaluar sus avances e hizo los siguientes cuestionamientos:
– ¿Qué medidas intenta tomar Venezuela para un mayor conocimiento de la información financiera del Estado, sus órganos y las empresas públicas?
– ¿Podrían comentar sobre la falta de información sobre el tamaño del Estado y el hecho de que la lista de empresas del Estado no sea pública, ni la información sobre sus directores?
– ¿Podrían comentar los informes de gestión de la Contraloría que señalan que en estos cuatro años solo se iniciaron 55 procedimientos de verificación patrimonial y han recibido más de un millón de estas declaraciones? ¿Las declaraciones de bienes han dado lugar a la apertura de investigaciones penales? ¿Dónde están los resultados? ¿Cuáles son los avances de la Comisión Contra la Corrupción creada en 2014?
– ¿Quieren comentar el informe del Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) que reveló que casi un tercio de los altos mandos del Ejército eran propietarios de empresas autorizadas para contratar con el Estado en sectores claves como construcción, alimentos, transporte y petróleo?
– ¿Podrían hacer un comentario sobre las 58 investigaciones iniciadas en Estados Unidos por lavado de dinero por actos de corrupción con dinero público venezolano, narcotráfico y tráfico de armas, en las que se mencionan 170 personas, entre ellas exfuncionarios y funcionarios, y en la que Venezuela solo ha anunciado públicamente investigaciones contra 22 de esta lista?
– ¿Podrían comentar el anuncio del Ejecutivo, de octubre de 2019, de otorgarle una mina a cada gobernador del partido oficialista y cuáles son los procedimientos y criterios empleados para la adjudicación de minas a gobernadores afectos al oficialismo, otros agentes del Estado como figuras paralelas a los gobernadores y empresas privadas en el Plan Minero Tricolor, proyecto del Arco Minero del Orinoco?
– ¿Cuál es el impacto negativo de los casos de corrupción que se investigan y el monto en dólares sustraído de las arcas públicas? Estimaciones hablan de USD 68.000 millones comprometidos.
– ¿Cuál es el estado actual de la investigación por la trama de corrupción Pdvsa-Cripto, el Poder Judicial y la Superintendencia Nacional de Criptoactivos?
– ¿Podrían comentar sobre los casos documentados por la Misión Internacional de Determinación de los Hechos sobre Venezuela que habla de que defensores de DD HH y funcionarios denunciaron casos de corrupción que implicaban a autoridades estatales y por ello fueron criminalizados con cargos espurios como asociación delictiva?
– ¿Podrían comentar sobre la decisión de Conatel de prohibir debates públicos sobre presuntos casos de corrupción o infracciones atribuidas a funcionarios del Estado y sus familias?
El fiscal y sus cifras
Cuando se le cedió la palabra para responder algunos de los planteamientos de los integrantes del Comité de la ONU, la delegación venezolana liderada por el canciller Yván Gil Pinto y el fiscal de la República, Tarek William Saab, dejó ver su malestar.
“Aquí hemos visto toda una andanada de ataques contra el Estado venezolano en materia de Derechos Humanos, en materia de la lucha contra la corrupción, y en materia de derechos de la mujer y así seguirá, me imagino”, dijo Saab quien además cuestionó las fuentes de información usadas por los integrantes del comité.
“Lo importante es la estadística, es la cifra”, añadió. Como es recurrente, se limitó a presentar cifras generales en materia de corrupción, que no permiten determinar qué casos corresponden con gran corrupción o corrupción simple: entre 2016 y 2023 se han imputado 21.534 funcionarios, la cantidad de acusados formalmente se ubica en 9.398 y la de condenados en 5.365. Además, señaló que han procesado a más de 400 funcionarios del Ministerio Público, entre fiscales y directores.
En algunos casos la información suministrada por el Ministerio Público es confusa y contradictoria. Por ejemplo, en la respuesta a la lista de cuestiones que el Estado entregó al comité previamente, se señalaba que entre 2017-2021, el MP realizó 39.089 actuaciones para sancionar actos de corrupción, 12.703 imputaciones, 3.565 acusaciones y 2.444 condenas.
Saab no respondió en concreto a ninguna de las interrogantes por corrupción. Incluso, dijo que no se le había preguntado por la trama de corrupción Pdvsa-Cripto, a pesar de que Santos País lo incluyó entre sus cuestiones.
“Gerentes del más alto nivel se encuentran hoy imputados, acusados y privados de libertad, así como los cómplices que favorecieron esta acción, empresarios vinculados a estos gerentes en la llamada trama de corrupción Pdvsa Cripto. Una acción ejemplarizante del Estado venezolano para castigar a quienes han cometido estos delitos. Inclusive a sus cómplices. Algunos de ellos miembros de la AN”, se limitó a decir Saab.
Llama la atención que después de seis meses de anunciarse la investigación por esta trama de corrupción el Fiscal guarde silencio sobre el estatus del proceso que involucra a más de 60 personas, entre los que se encuentran altos funcionarios y empresarios. Es decir, se desconoce si hay sobreseimientos, si han sido formalmente acusados, así como el monto que se comprometió en una trama que derivó, entre otras cosas, en la renuncia de Tareck El Aissami como ministro de Petróleo.
El Estado venezolano debe ahora responder por escrito las interrogantes planteadas por el comité en materia de corrupción, así como aquellas relacionadas con tortura, violaciones graves y sistemáticas del derecho a la vida, así como criminalización de las actividades de los periodistas, defensores de DD HH, dirigentes indígenas y opositores políticos.
