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En su más reciente informe, Transparencia Venezuela sostiene que, aunque no es un fenómeno nuevo, la extorsión se ha ampliado en los últimos años, al punto que en 2024 se registraron denuncias e indicios en gran cantidad de sectores, incluso se reportaron denuncias de familiares que pagaron para liberar a personas detenidas en protestas luego de elección presidencial del 28 de julio
Transparencia Venezuela, 15 de abril de 2025. La extorsión en Venezuela no es un hecho criminal aislado, sino una economía ilícita que se ha normalizado desde el mismo Estado, porque en muchos casos son los propios funcionarios los perpetradores y los cómplices, por acción u omisión, en medio de un contexto de gran corrupción y de captura de los organismos de control y de justicia.
En el informe Las caras de la extorsión en Venezuela 2024, Transparencia Venezuela en el exilio, se aborda la indefensión en la que viven los venezolanos cercados por la práctica extorsiva de dos tipos de actores bien diferenciados: los grupos criminales y los funcionarios corruptos del Poder Público nacional, regional y local. Se destaca que la situación es particularmente grave cuando están involucrados funcionarios del sistema de justicia, así como de los organismos de seguridad y defensa porque se corren riesgos de libertad y de vida.
“Para los venezolanos se ha vuelto común convivir con distintas formas de extorsión. Desde la que cometen las organizaciones criminales que hacen vida en el país, hasta la que se ejecuta desde los mismos entes del Estado, por algunos funcionarios corruptos que permiten la actuación de los criminales favoreciendo la impunidad y por otros que se han convertido en perpetradores directos del crimen o facilitadores”, acota el estudio.
Aunque el texto presenta algunas cifras sobre la extorsión, también advierte sobre lo difícil que resulta estimar el peso económico de esta actividad ilícita en Venezuela, dadas las limitaciones de acceso a la información pública. Sin embargo, los datos preliminares indican un aumento y diversificación de los tipos y actores de la extorsión en Venezuela. Pese a que los efectos están a la vista, desde el Estado no hay ningun reporte de estos hechos, ni acciones de prevención o investigación.
En este nuevo reporte sobre economías ilícitas se muestran las diferentes formas en las que se produce la práctica extorsiva en Venezuela, se identifican los actores involucrados y se analiza el impacto de esta situación en el ejercicio de los derechos fundamentales de los venezolanos, así como la actuación de los organismos que deberían prevenir la extorsión. Finalmente se ofrecen recomendaciones para tratar de disminuir este delito.
“Hay que dejar claro que sin una reforma estructural que rompa las sinergias entre la economía criminal e institucionalidad estatal, cualquier intento de control será absorbido por el propio sistema de extorsión institucionalizada. Documentar, visibilizar y comprender esta dinámica es clave para entender cómo la corrupción es el centro funcional del poder estatal criminalizado en Venezuela”, se advierte en el informe.
De la Operación Tun Tun a la matraca en las aduanas, trámites y en justicia
La investigación identificó y analizó cuatro tipos de extorsión que involucran a funcionarios corruptos: la extorsión postelectoral de 2024; la perpetrada por funcionarios de seguridad y defensa y del sistema de justicia; la de los efectivos que trabajan en las aduanas marítimas y terrestres, así como la que se registra en trámites, documentos y otros servicios públicos.
En cuanto a la extorsión postelectoral, se destaca cómo esta práctica “pasó a ser una táctica abierta gubernamental para incrementar el control político y social, en principio a través de la llamada Operación Tun Tun, sin lloradera aupada por las autoridades”.
Se analiza la situación electoral desde enero de 2024, en la precampaña y durante la campaña, y se señala que la práctica extorsiva se intensificó después de la elección presidencial del 28 de julio, cuando “organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación registraron denuncias sobre policías, militares, fiscales y jueces que solicitaron entre 300 dólares y 15.000 dólares para dejar en libertad a personas que habían sido detenidas en el contexto de las protestas y a quienes estaban amenazando con involucrarlos en delitos graves como traición a la patria”.
Esto se dió en un escenario de represión con al menos 1.673 detenidos (entre el 29 de julio y el 9 de septiembre), según la organización Foro Penal, mientras las autoridades hablaban de 2.000 arrestos, superando cifras de años anteriores, incluso de las protestas de 2014 y 2017, hechos por los que hay una investigación en la Corte Penal Internacional (CPI).
Sobre la extorsión en aduanas, el análisis plantea que en 2024 las “ganancias” irregulares por la actividad extorsiva en los puertos, en la modalidad puerta a puerta, alcanzaron los 504 millones de dólares producto de la tarifa irregular que cobran los funcionarios corruptos por cada cargamento, de acuerdo con un estudio realizado para este informe.
Una cifra más alta en esta modalidad se registró en 2022 cuando se estimó que los funcionarios corruptos obtuvieron al menos 1.394 millones de dólares exigiendo, en ese entonces, una tarifa ilegal de 16 dólares por pie cúbico de cada container. En 2023 el monto descendió a 900 millones en “especial por la caída de las importaciones y el aumento de regulaciones en el sector”.
También se evalúa la extorsión en alcabalas, o puntos de control, especialmente en zonas fronterizas donde están presentes militares, policías, funcionarios de migración, del servicio aduanero, entre otros. El informe señala cómo la extorsión ha impactado en años recientes a miles de ciudadanos, desde migrantes pendulares, empresas de distribución, conductores de vehículos de carga pesada, vehículos particulares y motos.
En 2022 Transparencia Venezuela, con los datos de compañías de transporte y distribución, estimó que la probabilidad de extorsión se ubicaba en 25%, pues “de cada cuatro alcabalas que una persona encuentra en la vía, al menos en una hacen cobros ilegales”. Una de las novedades para 2024 es el prepago de la extorsión en el punto de salida de los cambiones de carga, que los libra de paradas y pagos a lo largo de su recorrido.
Sobre la extorsión de los cuerpos de seguridad y defensa y del sistema de justicia se hizo un registro de los casos, especialmente en 2024, que involucran en este delito a funcionarios judiciales, policiales y militares en diferentes ámbitos y circunstancias, lejos del escenario político.
Destacan varios casos a principios de 2024. En enero, un fiscal y dos representantes de la Defensa Pública que fueron detenidos por recibir 360.000 dólares de un integrante del Tren de Aragua; en marzo fue aprehendida la jefa de la Unidad de Atención a la Víctima del Ministerio Público de Caracas por cobrar a una persona a cambio de cerrarle varias averiguaciones; y en abril fueron señalados un fiscal auxiliar y un abogado por exigir 300.000 dólares a un ciudadano a cambio de su libertad.
También a finales de 2024 se anunció la detención de nueve funcionarios judiciales en Zulia, en un operativo de contrainteligencia, que involucró al presidente del Circuito Penal de ese estado, tres jueces, dos fiscales, y dos funcionarios más, por intentar cobrar 100.000 dólares a una mujer para agilizar un proceso judicial.
En esta entrega se hace referencia a funcionarios policiales que extorsionan en barriadas de Caracas o en alcabalas en calles y avenidas en muchos estados del país, especialmente en la capital. También se mencionan denuncias sobre efectivos de seguridad que extorsionan a productores agropecuarios con acusaciones falsas, exigiendo cuotas que oscilan entre 3.000 dólares y 5.000 dólares; y custodios que en las cárceles cobran por permitir el acceso de alimentos o medicinas y otros beneficios, de acuerdo con organizaciones como el Observatorio Venezolano de la Violencia y Fundaredes.
Sobre la extorsión en trámites, documentos y otros servicios, en el texto se señala cómo esta práctica es parte de la cultura de gestión pública y cómo muchos funcionarios de distintas instituciones “condicionan con pagos, en especies o dinero, desde la atención para recibir denuncias o documentos y brindar asesorías u orientaciones, hasta los resultados que se puedan obtener de un trámite”. Se hace referencia a casos de extorsión en entes como registros y notarías, organismos de administración tributaria municipal y nacional y entes encargados de los servicios públicos, donde se exigen desde pagos en divisas, hasta paquetes de harina, arroz o una merienda.
¿Es el Estado venezolano enemigo de sus ciudadanos?
El reporte analiza el impacto de la extorsión perpetrada por funcionarios en las garantías elementales de los venezolanos. “Se está ante la presencia de un Estado enemigo de los ciudadanos, que incumple de manera flagrante cualquier vestigio de garantía y disfrute de sus derechos”, se lee en el reporte, en el que se destaca que no se conoce ningún caso de indemnización y reparación integral a las víctimas, incluido el pago por los daños y perjuicios; ni mucho menos se sabe de iniciativas legislativas que apunten hacia ese objetivo.
Además, el texto presenta un acercamiento detallado del impacto negativo en los derechos humanos, tomando en consideración el organismo que incurre en la extorsión y la modalidad aplicada.
Diez tipos de víctimas de extorsión de grupos criminales
En el informe se destaca que la extorsión por parte de grupos criminales no distingue estrato social, ocupación ni espacio geográfico donde se habite, pues todos los venezolanos están expuestos, aunque estas organizaciones actúan a sus anchas en zonas fronterizas.
Entre los actores de la extorsión netamente criminal se mencionan la guerrilla colombiana (disidencias de las FARC y el ELN), las bandas extorsivas regionales y las megabandas criminales, que se dedican a la extorsión, aunque no en forma exclusiva como el Tren del Llano, el Tren de Guayana y el temido Tren de Aragua.
Para aproximarse a la extorsión criminal se presentan al menos 10 tipos de víctimas de estos grupos, aunque pueden existir otras, entre las que se cuentan familias vulnerables, transportistas, pescadores, productores agropecuarios, comerciantes y empresarios, escuelas privadas; mineros, indígenas y comunidades del sur de Venezuela; privados de libertad, migrantes y deportistas.
Se presenta, además, un análisis de cómo la práctica extorsiva de las bandas criminales afecta la vida y el ejercicio de los derechos de los venezolanos, pues, aunque su accionar no constituye una violación de derechos humanos en su exacta definición, si es una muestra de la negligencia y, muchas veces, la complicidad de algunas autoridades a la hora de frenar su avance.
Además, la investigación identifica ocho tipos de facilitadores de diferente naturaleza, perfil y envergadura, que contribuyen con estos grupos criminales, desde lavadores de dinero, funcionarios que reciben sobornos, hasta asesores en tecnología, proveedores de armas o personas de zonas humildes que actúan como “dateadores”.
El informe incluye una evalución también de la normativa venezolana en materia de extorsión y enumera las debilidades de los organismos responsables de combatir este delito, cuyas competencias son similares, sin una clara delimitación; que ofrecen información incompleta y datos dispersos; que no dan estadísticas ni análisis de las amenazas y desafíos con respecto a este delito, entre otras deficiencias. Además, parte de las autoridades responsables de prevenir o atacar la extorsión, han sido sancionadas por otras naciones e investigadas por narcotráfico o corrupción en jurisdicciones extranjeras.
Lee el reporte completo aquí.