En 2018 consiguió que el máximo tribunal reconociera que al ser despedido le violaron sus derechos económicos y sociales, pero todavía no ha logrado que el organismo honre la deuda por salarios y beneficios laborales, pues al momento de su remoción estaba amparado por el fuero paternal.
Transparencia Venezuela, 27 de octubre de 2022. “La derrota tiene algo positivo, nunca es definitiva. En cambio, la victoria tiene algo negativo, jamás es definitiva”. El abogado Walter Jesús Albarrán Finol ha descubierto la veracidad de esta frase del premio Nobel de Literatura 1998, el escritor luso José Saramago, pues pese a que en 2018 consiguió que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) reconociera que al ser despedido de su cargo de juez le violaron sus derechos económicos y sociales, todavía no ha logrado que ese organismo cumpla lo señalado en dicho dictamen, reportó Suprema Injusticia.
El accionante, quien ocupó el Tribunal 5 de Juicio del estado Zulia, esperó a que la Comisión Judicial y Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) cumplieran lo ordenado por la Sala Político Administrativa del TSJ, en sus fallos números 477, de julio de 2018; y 177, del 10 de diciembre de 2020. En esas sentencias, la sala pide verificar cuánto le adeudaban a Albarrán Finol en materia de salarios y beneficios laborales, pues al momento de su remoción estaba amparado por el fuero paternal.
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Sin embargo, en junio de 2021 y luego de dos años del último dictamen, el juez solicitó a la Sala Político Administrativa del TSJ la “ejecución forzosa” de sus dictámenes. La instancia no atendió esta petición y optó por instar a ambos organismos a cumplirla de manera voluntaria. Así les fijó un lapso de “60 días continuos siguientes a que conste en autos la notificación de la Procuraduría General de la República”, para que la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia y la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) ejecuten sus instrucciones.
Pese a que el TSJ no le ha temblado el pulso a la hora de sancionar con dureza a quienes incumplen sus decisiones, llegando al extremo de encarcelar a funcionarios de elección popular o vaciando de funciones a un poder del Estado, como la Asamblea Nacional, se muestra más tolerante y laxo cuando los que desacatan son funcionarios del mismo sistema judicial.
Albarrán Finol no es el primer juez destituido que logra la proeza de conseguir que el TSJ admita que su remoción supuso la violación de algún derecho, pero no consiga que el mismo sea reparado rápidamente.