Instancias como la CIDH y el Parlamento Europeo han seguido el ejemplo del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, al condenar la medida que consideran busca cerrar aún más los espacios cívicos a los venezolanos
Transparencia Venezuela, 19 de julio de 2023. Los intentos de las autoridades por conseguir que las próximas elecciones presidenciales sean reconocidas por la comunidad internacional parecen estar naufragando y por acciones de funcionarios alineados con el gobierno de Nicolás Maduro. Así, la reciente decisión de la Contraloría General de la República (CGR) de inhabilitar por 15 años a la exdiputada María Corina Machado para el ejercicio de cargos públicos ha disparado las alarmas en instancias internacionales, informó Suprema Injusticia.
De acuerdo con el portal, en los últimos días la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Parlamento Europeo y los gobiernos del Reino Unido y de Estados Unidos han seguido el ejemplo del Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos, Volker Turk, al condenar la medida.
“Las inhabilitaciones administrativas de personas candidatas opositoras y la detención arbitraria de sindicalistas no son hechos aislados, resultan de una política de Estado que busca cerrar el espacio cívico en el país”, denunció la CIDH en un comunicado, en el cual recordó que “el ejercicio de los derechos políticos constituye un fin en sí mismo y, a la vez, un medio que las sociedades democráticas tienen para garantizar los demás derechos”.
“Venezuela (debe adoptar) un compromiso genuino con la democracia y el Estado de derecho, levantando las inhabilitaciones administrativas, absteniéndose de incurrir en detenciones arbitrarias y permitiendo la participación política en condiciones de igualdad”, reclamó la instancia, que también recordó que en las megaelecciones de 2021 el Consejo Nacional Electoral (CNE) rechazó 27 candidaturas por este tipo de sanciones que puede aplicar la Contraloría.
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Suprema Injusticia indicó que, un día antes de que la CIDH emitiera su comunicado, el Parlamento Europeo aprobó con 495 votos a favor, 25 en contra y 43 abstenciones una resolución en la que condenó por “arbitraria e inconstitucional” la medida contra Machado.
Por su parte, la Comisión Europea, el poder ejecutivo de la UE, calificó de “preocupante” lo ocurrido. Los pronunciamientos desde el viejo continente no sentaron bien en el oficialismo. Previamente los gobiernos estadounidense y británico habían rechazado la medida, por considerar que “priva al pueblo venezolano de derechos políticos básicos”.
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