La ONG Espacio Público contabilizó 82 casos de violaciones a la libertad de expresión entre enero y mayo de 2022, en tanto que, en la reciente Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras, Venezuela se ubicó en la posición 159 de 180 países evaluados
Transparencia Venezuela, 27 de junio de 2022. Durante las dos últimas décadas, la sociedad venezolana ha atravesado una crisis generalizada. La corrupción ha sido la principal causa de la Emergencia Humanitaria Compleja reconocida en 2015 por las Naciones Unidas, con un saldo negativo para los derechos humanos de los ciudadanos, entre ellos el derecho a la información, la libertad de prensa y de expresión, pilares del ejercicio del periodismo.
En este escenario, comunicadores y reporteros de medios independientes venezolanos se desenvuelven en un clima de restricciones que se expresa en constantes amenazas, agresiones, detenciones arbitrarias y censura. Los ataques han ido en escalada, particularmente en tiempos de conflictos políticos o períodos electorales.
La creación de un marco legal “a la medida” de las necesidades de control estatal sobre las comunicaciones y sobre la libertad de expresión, como la de Ley de Responsabilidad Social de la Radio y la Televisión (conocida como “Ley Resorte”), y la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, ha llevado a la autocensura como única vía para evadir posibles sanciones.
Por otra parte, durante los últimos años, en la mayoría de las mediciones de agencias y organizaciones civiles internacionales, Venezuela ha figurado como uno de los países de América Latina y el Caribe con las peores condiciones para el ejercicio del periodismo.
En el reciente encuentro de la Cumbre de las Américas se denunció la represión y la criminalización de la que son víctimas los comunicadores sociales. Alans Peralta, coordinador del programa Siempre Venezuela, refirió que quienes ejercen la profesión en el país deben hacer frente a la opacidad, la censura y el miedo. Afirmó que 53% de los periodistas omiten información de interés público por temor a represalias.
La situación de indefensión ante los riesgos a los que están expuestos los periodistas en Venezuela se evidenció en el recuento realizado por la organización civil Espacio Público, que entre enero y mayo de 2022 contabilizó 82 casos de violaciones a la libertad de expresión, entre ellos siete detenciones arbitrarias. Según la ONG, 63% de las violaciones documentadas fueron ejecutadas por instituciones o funcionarios del Estado.
De igual modo, en la reciente edición de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2022 de la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), el país se ubicó en la posición 159 de los 180 países del mundo evaluados, un retroceso significativo con respecto a 2021, cuando ocupó la casilla 148.
Lea también: Más de USD 9.400 millones al año dejan las economías ilícitas en Venezuela
Una sola voz
De acuerdo con RSF, desde su llegada al poder, en 2013, Nicolás Maduro mantiene la política de “hegemonía comunicacional” instaurada por Hugo Chávez, y ha propiciado un clima de restricción de la información y amenazas al periodismo independiente.
Según expertos, el predominio de medios estatales o afines al oficialismo, al igual que las restricciones impuestas a la prensa, responden a una estrategia gubernamental que busca silenciar las voces críticas, desinformar sobre temas que resultan incómodos a la actual administración e imponer la narrativa oficial.
De acuerdo con registros del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), de 142 periódicos que existían en Venezuela en 2002, en la actualidad sólo quedan 20. De igual modo, Espacio Público ha reseñado que, entre 2009 y 2020, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) cerró 180 emisoras.
En materia de televisión abierta, investigadores han señalado que, de 22 canales existentes en el país, 13 pertenecen al sector público y que estos son utilizados principalmente “con fines propagandísticos y de adoctrinamiento ideológico”. A ello se suma que la aplicación de la “Ley Resorte”, ha llevado a que en la mayoría de las televisoras privadas impere la autocensura y se haya condicionado la labor informativa.
A finales de mayo, representantes de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se reunieron con legisladores estadounidenses, en Washington, para denunciar la “persecución, represión y violencia» contra la prensa en Venezuela, Cuba y Nicaragua.
Solo en el pasado mes, Espacio Público documentó 11 casos en los que se cometieron 14 violaciones a la libertad de expresión y acceso de la información, entre las cuales hubo censura, hostigamiento judicial e intimidación. Para dicha organización, estas acciones corresponden con una política de criminalización de la labor que realizan trabajadores de los medios de comunicación.
El espectro digital, que cubrió parte del vacío que dejó el cierre de medios tradicionales, no ha estado exento de ataques. A las limitaciones en el acceso a Internet en la mayoría de los hogares y la inestabilidad de la conexión, se suma que, en 2021, según registros de la organización VE Sin Filtro, fueron bloqueados 68 dominios de internet, 45 de los cuales son medios de comunicación.
Además del atentado a la libertad inherente a la labor periodística, los más perjudicados por estos desequilibrios y barreras son los ciudadanos venezolanos, que cada día pierden más espacios para expresarse y obtener información clara, objetiva y oportuna sobre los temas que les afectan.
En este contexto, y en el marco del Día del Periodista, Transparencia Venezuela se une a las voces de la sociedad civil que claman por que se respeten la libertad de expresión y de prensa, así como el derecho de los ciudadanos a informarse y el de los periodistas a ejercer libremente el oficio, en un clima de respeto y tolerancia. Para la organización, estos principios y garantías son fundamentales en la lucha contra la corrupción.
Lea también: Claudia Díaz alega que no cometió delito en Estados Unidos