Los créditos adicionales se han convertido en el principal instrumento de modificación presupuestaria utilizada por el gobierno nacional para conducir los proyectos y programas ejecutados en todos los niveles de la administración pública, esta política se ha reforzado con los años y la discrecionalidad en el uso de los recursos progresivamente ha disminuido la legitimidad con la que se utilizan éstos instrumentos.

El mayor riesgo que se asume al consolidar los créditos adicionales como fuente de financiamiento principal para el funcionamiento de los organismos e instituciones del Estado, es que se pierde todo el marco jurídico establecido en la Constitución Nacional, la ley de Administración pública del Sector Financiero y la Ley de Presupuesto, específicamente con lo relacionado al control fiscal de los recursos públicos.

Una de las principales consecuencias generadas por esta distorsión es la falta de transparencia existente en el origen de los recursos, al no existir vía créditos adicionales con la necesidad de especificar y detallar la fuente de financiamiento, se originan muchas preguntas al determinar que la proveniencia de los recursos se dan vía Ingresos Ordinarios, Ingresos Extraordinarios y especialmente vía Otras Fuentes de Financiamiento sin detallar información sobre el débito de las operaciones, evaluaciones de viabilidad financiera de los proyectos y sin justificaciones que sustenten y den motivo sobre el uso de los recursos

Para el año 2011, el total de recursos asignados vía créditos adicionales fue de Bs. 168.163.020.341, convirtiéndose de facto en un presupuesto paralelo al oficial, importante destacar que las fallas en la planificación financiera de la República hizo necesario que una cantidad importante de estos recursos fuesen destinados a gastos administrativos relacionado al pago de nomina y gastos relacionados al funcionamiento operativo de las instituciones del Estado. A continuación se presenta un cronología.