Transparencia Venezuela, 28 de junio de 2022.- El gobierno de Nicolás Maduro rechazó ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDHNU) asumir el compromiso de tomar medidas que garanticen la independencia del Poder Judicial, la lucha contra la corrupción, la impunidad y violación de derechos en el sistema de justicia venezolano.
La negativa ante el CDHNU se conoció tras el anuncio de las autoridades venezolanas sobre cuáles de las 280 recomendaciones formuladas por los Estados miembros de la ONU – durante el III Examen Periódico Universal de Derechos Humanos (EPU), celebrado en enero de 2022- aceptaron poner en marcha para mejorar la situación de las garantías fundamentales en el Venezuela; y cuáles descartaron de plano.
Del total de 280 recomendaciones, las autoridades venezolanas rechazaron 59, de las cuales 10 tienen que ver con el sistema de justicia venezolano.
Las 10 recomendaciones – de las 59 rechazadas- que estaban dirigidas a fortalecer la independencia del Poder Judicial venezolano coincidían en pedirle a las autoridades venezolanas que pusieran en marcha reformas necesarias para restablecer “la independencia e imparcialidad del sistema judicial, del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo” como instancias fundamentales para salvaguardar el Estado de Derecho, la defensa de la legalidad y la protección de los Derechos Humanos.
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“Adoptar medidas eficaces para garantizar la independencia, la autonomía y la estabilidad del sistema de justicia y la magistratura, y para luchar contra la corrupción, las injerencias políticas deliberadas en los juicios y la impunidad, y para eliminar los obstáculos que impiden el acceso de todas las personas a la justicia con miras a instaurar el estado de derecho”, fue la recomendación del Estado de Liechtenstein, que fue rechazada junto a otras 9 propuestas referidas a la independencia del Poder Judicial venezolano, que también fueron desechadas, planteadas por España, Brasil, Luxemburgo, Paraguay, Irlanda, Bélgica, Portugal, Bahamas y Austria.
En respuesta a las solicitudes sobre independencia del Poder Judicial venezolano y violación de derechos humanos en Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro dijo ante la ONU:
“Venezuela es un Estado democrático y social, de Derecho y de Justicia, que asume el respeto y garantía de los derechos humanos como un valor superior de su ordenamiento jurídico y de su actuación. Cada uno de los Poderes Públicos ejerce de manera autónoma sus competencias, garantizando la debida colaboración para la consecución de los fines del Estado.”
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