El tema de la Gran Misión Vivienda Venezuela ha sido uno de los más documentados por Transparencia Venezuela y el informe actual se dedicará a demostrar como siguiendo criterios políticos, electorales y de control de la población de escasos recursos, los desarrollos habitacionales de este programa social no responden a la solución del problema de hábitat que tiene el país.

En  2011, en plena emergencia por los damnificados que dejaron las lluvias, se realizó a finales de ese año el Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadísticas que arrojó resultados técnicos sobre las necesidades de la población venezolana con énfasis en materia del acceso a los servicios públicos en el hogar.

Ese estudio por ejemplo reveló las severas deficiencias en acceso al agua a potable, no hay gas directo sino a través de bombona y el sistema de recolección de basura no es diario, incluso en casos es semanal o de un lapso mayor. En líneas generales en Venezuela el problema más que viviendas es de hábitat, precisamente algo que no toma en cuenta la GMVV, que se ha dedicado a construir viviendas sin tomar en cuenta el impacto que generará ni garantizando el acceso a los servicios públicos prioritarios.

El análisis de Transparencia Venezuela resalta que este programa de construcción fue operada sin criterios urbanos, ambientales, sanitarios, laborales, de convivencia, de normas de mantenimiento, de seguridad y de sustentabilidad , que funcionó con éxito como estrategia de propaganda en el proceso electoral del 2012.

Desde sus inicios fue politizada al dedicar en el registro a consejos comunales y representantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, lo que ha traído irregularidades porque las viviendas se entregan con criterio político o con fines electorales. Las cifras sobre viviendas construidas no corresponden ni con los registros iniciales y son contradictorios al compararlos con el Censo 2011. Es un programa sin rendición de cuentas ni principios de transparencia.

A su vez, la maquinaria de propaganda o las grandes construcciones que se hicieron en principio dejaron por fuera a constructores venezolanos, que se vieron desplazados tanto por los convenios con gobiernos aliados al chavismo o por la importación de los materiales. Con el mismo fin electoral para 2015 se fijó la meta de construcción de 400 mil viviendas al tener en diciembre elecciones parlamentarias.

No obstante desde 2013 cuando asumió el gobierno de Nicolás Maduro, que coincidió con el declive económico en el país, los retrasos en la construcción se han hecho notar en diferentes regiones del país, en donde hay grandes letreros con avisos de la Misión, pero en los que apenas hay movimientos de tierra o maquinarias y materiales a la espera de la ejecución de los proyectos, en los que como se ha visto más que solucionar, ha provocado más problemas de hábitat para quienes conviven en estos grandes complejos, en donde no se cumplen las condiciones de construcción que dictan las leyes sobre la materia. En estos últimos dos años las cifras oficiales del gobierno dicen que solo cumplieron el 52, 91% de la meta de viviendas entregadas y para 2014 alcanzó 31,56%.